El juicio por el caso “Golpe de Estado 1” contra Jeanine Áñez iniciará el 14 de octubre con denuncias de vulneración a los derechos humanos y también con críticas de las víctimas de Senkata. La defensa de la exmandataria pedirá que el exministro Iván Lima acuda a declarar en esta demanda, ya que la exautoridad dijo que el “caso Senkata” contra Áñez fue un “capricho” de Evo Morales.
Áñez, los exministros Fernando López y Arturo Murillo; los excívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho, y exjefes policiales y militares son parte del juicio oral por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa y otros en el denominado caso “Golpe de Estado I”. Este proceso iniciará el 14 de octubre.
En este caso se investigan los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. En las acciones de ese año hubo protestas de los excívicos Camacho y Pumari, a lo que se sumó un motín policial y la sugerencia militar de dimisión.
Además del prófugo exministros López y de Murillo, que está detenido en Estados Unidos, están procesados los excomandantes militares William Kaliman y Sergio Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón; y el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández Toranzo. Todos ellos están prófugos y se desconoce su paradero.
Como parte de la defensa de Áñez, sus abogados dicen que todos los procesos que enfrenta la exmandataria serán “nulos” tras la declaración del exministro Lima, quien aseguró que los procesos por la vía ordinaria contra Áñez se realizan por “capricho” del exmandatario Morales.
“Lo que ha manifestado (el exministro) Lima es que este juicio y todos los juicios que lleva mi madre (…) van a ser nulos. Esta es la prueba de la persecución política que sufre mi madre, es la prueba de que mi madre es una presa política del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, sostuvo Carolina Ribera, hija de Áñez.
El pasado domingo, en entrevista con radio Erbol, Lima consideró que el juicio por el caso Senkata contra Áñez terminará en la Comisión de Derechos Humanos (CIDH). “El juicio de Sacaba (y Senkata) sigue bloqueado por estos problemas procesales, debido al capricho de (Evo) Morales de que debe ser un juicio ordinario”, reveló la exautoridad.
Debido a las últimas declaraciones del exministro Iván Lima, el expresidente Carlos Mesa pidió anular los juicios contra Jeanine Áñez y, al contrario, procesar a Evo Morales y otros.
“La confesión de Iván Lima evidencia que los procesos que le siguen a la expresidenta Jeanine Añez son producto de un complot, carecen de fundamento y son simple persecución política”, escribió en su cuenta de X.
El líder de Comunidad Ciudadana (CC) añadió que corresponde anular los procesos penales que le siguen a la exjefa de Estado, aprehendida en el penal de Miraflores desde marzo de 2021, e iniciar una “investigación profunda” al expresidente Evo Morales, al exministro de Justicia Iván Lima, y jueces “obsecuentes”.
“Corresponde anular todos los juicios contra la señora Áñez tal como están planteados e iniciar una investigación profunda a Morales, Lima y los jueces obsecuentes que se prestaron a esta infamia”, posteó Carlos Mesa.
“Ud. (Lima) no se salva porque contrariamente a lo que ahora dice, hizo exactamente al revés para negar los derechos de una ex Presidente y de todos los presos políticos, civiles, policiales y militares, que cumplieron su deber de pacificar Bolivia y proteger al pueblo que el MAS atacó, persiguió y bloqueó sin consideración” (sic), escribió Áñez desde sus redes sociales.
Mientras, las víctimas de Senkata, a través de su asesor, David Inca, denuncian que fueron utilizados “políticamente” por Evo Morales y el exministro Lima. Además, reclaman que el Gobierno no haya cumplido.
“Lo de Lima es un acto cobarde porque desde un inicio debía haber corregido lo que ahora dice que está mal. También consideramos que hubo actitud de desprecio hacia la dignidad de las víctimas, porque las autoridades han definido cómo y cuándo se va a hacer justicia prescindiendo de las víctimas, hemos sido solo objetos y no sujetos de derecho”, reclamó Inca.
Los gobiernos municipales ya no tienen recursos y aguardan que el apoyo llegue del nivel central. En Concepción hay comunidades amenazadas por el fuego. El Gobierno asegura que se han atendido las emergencias desde hace cuatro meses