Este 8 de diciembre feneció el plazo para conseguir 1,7 millones de firmas de ciudadanos que pidieran la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, sin embargo, no se cumplió con ese objetivo y su promotor Milton Mamani Canaza dijo que el caso quedó archivado y responsabilizó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Nos notifican el día 8, yo firmo el acta de recibido conforme y hoy (8 de diciembre) se terminan los 90 días de plazo y corresponde archivar esta iniciativa, ¿por qué?, porque no se ha logrado el objetivo de la adhesión de firmas de los ciudadanos interesados en revocar al presidente Luis Arce y David Choquehuanca”, dijo a modo de protesta Mamani Canaza.
El 29 de noviembre, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó en un seminario realizado en Beni que existían dos pedidos nacionales de revocatoria de mandato, uno de ellos era del ciudadano Milton Mamani Canaza. Ese pedido había sido admitido en agosto de este año, pero fue hecho público tres meses después.
“Yo también he sido irresponsable, no queda otra que asumir la culpa para no ser cobarde y esconderse; esconder información como hizo el Tribunal Supremo Electoral que ha sido su chaleco de fuerza de Luis Arce Catacora y nos ha engañado, yo también he caído en esto”, se quejó.
El 1 de diciembre, el Jefe de Estado desafió la consulta ciudadana en su contra y dijo que con el apoyo que tiene ningún revocatorio iba a aguantar. Lo hizo cuando faltaba una semana para que el promotor de la iniciativa logre las firmas necesarias de adhesión y llevarlo a un referéndum.
“Cuando Luis Arce dice ‘no nos corremos’, dice ‘no nos aguanta ningún revocatorio’, cuando en una semana quería que juntemos firmas, imagínese”, criticó Mamani. Explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) solo pide el 15 % del padrón para revocar un mandato nacional, pero que la ley de Régimen Electoral y los reglamentos del TSE elevaron ese porcentaje a 25%.
Decepcionado, dijo que esta iniciativa ciudadana demostró claramente que la democracia directa es un simple enunciado, pues solo un empresario o un grupo empresarial puede costear el dinero que se requiere para revocar a un político. Recordó que solo después que se hizo pública la noticia recibió respaldo e incluso le ofrecieron libros, pero ya era tarde.
Adelantó que no recurrirá a la Justicia ordinaria, aunque podría hacerlo. En su criterio un amparo constitucional solo beneficiará al poder político y usarán ese recurso para evitar los revocatorios locales, tal como ocurrió con las elecciones judiciales.