“Nadie toca las mejoras y el problema se está ahondando”, dijo Lordy Suárez, cacique de San Simón y vocero de la marcha indígena chiquitana que desde el miércoles 23 de octubre permanece en San Ignacio de Velasco.

El comentario lo hizo con relación a los avances y la impunidad en el avasallamiento a la reserva forestal y área protegida municipal Bajo Paraguá, donde ya se desmontaron mil hectáreas, pero además se incendiaron más de 300 mil ha.

Según Suárez, la finalidad de los avasalladores y sus cómplices es habilitar esta zona para fines agrícolas, en beneficio de interculturales, menonitas y agroindustriales, en desmedro de los pueblos indígenas originarios.

Ayer, luego de varios intentos fallidos por la ausencia del alcalde de San Ignacio Ruddy Dorado, que apareció el pasado sábado, por fin debía instalarse la quinta mesa técnica para tratar el problema territorial. 

Sin embargo, a pesar de que los marchistas mandaron cartas a la ABT, al INRA, a la Policía, a la Fiscalía, y además públicamente pidieron la presencia de la ministra de la Presidencia, María Nela, y de representantes de la Gobernación cruceña, solo aparecieron el alcalde y la Policía.

Esta falta de atención derivó en la molestia de los indígenas chiquitanos, y en la toma de instituciones en San Ignacio de Velasco: ABT, Subgobernación, Fiscalía y Alcaldía. “Acá no tenemos oficinas del INRA”, dijo Hortencia Gómez, cacique de Piso Firme, una de las comunidades de la TCO Bajo Paraguá, explicando las razones por las que no incluyeron esa entidad pública en la medida de presión. 

Gómez dijo que, si bien participó Ruddy Dorado, principal responsable del cumplimiento de la normativa en Bajo Paraguá, por ser área protegida municipal, no es suficiente su presencia. “Queremos que estén presentes todos para que no se pasen la pelota”, dejó claro. 

Sin embargo, la ABT también tiene competencias, al tratarse de una reserva forestal. 

Por su parte, la diputada chiquitana por Creemos, María René Álvarez, hizo dos Peticiones de Informe Escrito (PIE) a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y a la nacional, requiriendo el cuadernillo de investigación y los avances y detalles del caso de avsallamiento.

“Atiendan de una vez las demandas del pueblo chiquitano”, dijo la legisladora, luego de las recientes reuniones de las comunidades de San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, el Alto y Bajo Paraguá, que definieron tomar medidas de presión como un paro regional a partir del día miércoles, como continuidad a la Gran Marcha Indígena por la Vida y el Territorio que partió hace dos semanas de la comunidad San José de Campamento y se estableció en la capital ignaciana con una vigilia permanente.

Impunidad desde 2021
En 2021, y tras un recorrido por tierra, un monitoreo por dron y un sobrevuelo, EL DEBER constató y dio a conocer el avasallamiento en la reserva forestal y área protegida nacional Bajo Paraguá, ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco.

Tres años y medio después, con un censo de por medio, y a pesar de las denuncias y las notificaciones por los desmontes e incendios, en vez de revertirse el daño, el avasallamiento ha crecido y apunta a consolidarse, ante la inacción de las autoridades a cargo, la Alcaldía de San Ignacio de Velasco y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), ya que el INRA en su momento aclaró públicamente que no existían dotaciones en esa área protegida de un millón de hectáreas.

Solo en 2021 se evidenció que existían 53 solicitudes ante el INRA, para habitar el Bajo Paraguá, incluida la Cidob, mientras que en 2023, una decena de comunidades de la Subcentral San Martín, dependiente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (CSUTCB), mediante carta solicitaron al Comité de Gestión de Bajo Paraguá, constituirse en guardianes de al menos 25 mil ha del casi millón que componen esta área protegida y reserva forestal.

En 2021, ante la presión, la ABT notificó a los avasalladores con procesos administrativos, pero no se informó públicamente en qué situación quedaron. Asimismo, se aprehendió a tres personas por el daño ambiental este 2024, y se les dio detención preventiva, pero no se han tocado las mejoras.

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