Ambientalistas, colegios de profesionales y miembros del Consejo Departamental de la Juventud han expresado su preocupación por la sentencia constitucional 0076/2023, que declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental de Santa Cruz N.° 98, que merma atribuciones al gobierno departamental en temas medioambientales. En tal sentido, emitieron un pronunciamiento en el que exigen a la Gobernación de Santa Cruz que declare pausa ambiental en la zona Güendá-Urubó, para preservar los acuíferos."Exigimos a la Gobernación la emisión de una pausa ambiental para el área de recarga preferencial de los acuíferos en la zona Güendá - Urubó, además de desplegar todas las herramientas jurídicas que aseguren la defensa de la Ley 208, haciendo uso del principio precautorio", dice parte del comunicado.

En conferencia de prensa, representantes de los colegios de Ingenieros Forestales, Ambientales y Biólogos, del Consejo Departamental de la Juventud, de estudiantes de la UAGRM y de movimientos ambientales, leyeron el comunicado, en el que además exigen que la Gobernación de Santa Cruz, la Asamblea Departamental, diputados y senadores del departamento utilicen "todos los recursos jurídicos y técnicos para la defensa del patrimonio natural y con ello, el resguardo de nuestro derecho al agua y un ambiente de calidad".

​Las presidentes de los colegios de profesionales de bioquímicos, Pamela Rebolledo; forestales, Viviana Molina y ambientales, Marisol Yabeta, emitieron un pronunciamiento en defensa de las áreas protegidas de Santa Cruz.

El martes se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había emitido, el 8 de agosto de este año, la sentencia 0076/2023 que declara la nulidad de varios de artículos de la Ley Departamental 98, sobre todo los referidos a la potestad de las gobernaciones de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonios naturales dentro de su territorio autónomo. Esto incluye la zona de Güendá - Urubó, lo que da luz verde a la construcción del tramo carretero Las Cruces - Buena Vista por dicha zona.

Para los firmantes del pronunciamiento, la Asamblea Legislativa Departamental debe adecuar y reglamentar la Ley 98, con carácter de urgencia, "mejorando la terminología legal que asegure y se constituya en una herramienta contundente que resguarde el patrimonio natural de todos los cruceños y con ello la vida de calidad a la cual todos tenemos derecho". Para ello, los colegios de profesionales "ponemos a disposición nuestros aportes para presentar justificaciones técnicas y jurídicas para seguir mejorando los instrumentos de gestión del patrimonio natural departamental".

También proponen acompañar e impulsar las acciones con otros entes colegiados, la sociedad civil y la Gobernación. "Esto con el objetivo de defender el patrimonio natural del departamento, pero también llevaremos adelante acciones técnicas propias, con expertos en relaciones exteriores para que organizaciones como CIDH definan si este tipo de decisiones legales con la sentencia ponen en riesgo los derechos fundamentales de los bolivianos, basados en la resolución 76/300 de 28 de julio de 2022, en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce por primera vez el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible", manifiesta el documento.

Asimismo, llama a los colegios de profesionales aunar esfuerzos en la defensa de estas áreas de protección, que brindan funciones ambientales, especialmente de gestión hídrica, debido a que no solo está en riesgo el área de Güendá Urubó, sino también las demás 10 unidades de conservación. 

"Los ciudadanos estamos llamados no solo por la Constitución en su artículo 108 a proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futura generaciones, sino también debe ser un compromiso personal adoptado por cada uno de nosotros frente a la crisis climática, que hoy por hoy afecta la economía y la salud de todos los bolivianos", reza el documento. 

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