Comunarios ingresan hoy a su tercer día de bloqueo en los municipios de La Guardia y Buena Vista, exigiendo a la Gobernación cruceña el inicio de obras para concretar los tres tramos de una misma vía que conectaría el Km 13 de la doble vía a La Guardia con Porongo y Buena Vista.

Sin embargo, surgen observaciones a los tramos 2 y 3 del proyecto de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ya que el 2 partiría a la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Urubó-Güenda, que es zona de recarga acuífera, mientras que el tramo 3 rozaría el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) del Parque Nacional Amboró.

Según expertos, legisladores y la Gobernación, daños medioambientales y pérdidas económicas serían las consecuencias de concretarse los tramos 2 y 3 del proyecto de ABC. Desde la Gobernación de Santa Cruz indicaron que tienen como cuatro alternativas a este trazado, todas evitando el daño ambiental.

El proyecto rechazado tiene tres tramos que abarcan, en el tramo 1, desde el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia hasta el puente de Porongo; el segundo tramo iría desde el municipio porongueño hasta Santa Fe del Amboró; y el tercer tramo llegaría a Buena Vista.

La carretera tiene un monto presupuestado para toda la obra de $us 212 millones, financiados por la CAF, el 70% correspondiente al Gobierno nacional, y el 30% restante a la Gobernación cruceña.

Juan Carlos Sauma, experto en recursos hídricos, señaló que el gran problema, de concretarse estos dos últimos tramos, se llama “futuro inducido”, porque junto con la carretera viene la deforestación, que provoca la pérdida de capacidad de regulación y recarga del acuífero.

“Si hay deforestación se va a perder la capacidad de amortiguamiento y regulación que tiene el bosque, con eso se pierde la capacidad de recarga del acuífero. Nosotros no vamos a vivir las posibles consecuencias, sino las siguientes generaciones”, advirtió Sauma.

Asimismo, agregó que la UCPN Urubó-Güendá puede seguir el mismo camino que las reservas de Guarayos y El Choré, que quedaron afectadas por la deforestación y los asentamientos.

Sauma dijo que el problema con el tramo 3 es que colinda con el Parque Amboró y que, al construirse la carretera, van a llegar loteadores para adueñarse de esas tierras fiscales, tal como ahora sucede en la Chiquitania.

María José Salazar, diputada de Comunidad Ciudadana (CC), coincidió con Sauma en que si la carretera pasa por la zona de acuíferos, podría darse un “futuro inducido” porque habrá asentamientos y desmontes, que siempre se dan cuando se abre un camino.

La parlamentaria recordó que la Gobernación cruceña elaboró varias alternativas para preservar esas áreas ecológicas, de las cuales una tiene un costo de $us 150 millones, en comparación con la de ABC, que es de $us 212 millones; es decir, $us 62 millones menos.

“Entonces, la alternativa más barata es la que además tiene menor impacto ambiental, y beneficia a 15 comunidades. Por eso hemos pedido que se consideren estos tres factores: menor impacto ambiental, menor costo económico y beneficio a las comunidades”.

Señaló que con el proyecto de $us 212 millones de la ABC, la Gobernación cruceña tendría que poner $us 70 millones, pero si se opta por la de $us 150 millones, el costo sería menor.

Andrei Abruzzese, experto ambiental, afirmó que, al tratarse de una carretera fundamental, se deben tomar mayores previsiones medioambientales, como la no modificación de los drenajes naturales, y contar con un sistema de control para evitar los avasallamientos.

Notas a la CAF

María René Álvarez, diputada de Creemos, el pasado 7 de junio envió una nota a la CAF con la solicitud de la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales sobre el mencionado proyecto carretero.

“Con pesar informamos a la población que no tenemos respuesta de esa instancia de financiamiento internacional, que nos dilata una solución como si se tratara de un despacho burocrático del Estado Plurinacional. Nos dicen que falta una firma, una autorización y no nos dan respuesta, cuando el conflicto está creciendo con el bloqueo en esta vía que conecta a Santa Cruz con Cochabamba”.

Álvarez añadió que insistir en un tramo carretero que incluya la intervención a los acuíferos de agua dulce del departamento, que abastecen a la ciudad capital, sin tener estos informes o salvaguardas, “es un atentado no solo al medioambiente, sino a la vida de más de dos millones de personas”.

La diputada María José Salazar y la senadora Cecilia Requena, además de instituciones como la Fundación Noel Kempff Mercado, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y el Cedure, también enviaron sus respectivas cartas.

Asamblea no aprobará

Óscar Feeney, vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), señaló que ya había una propuesta en consideración, pero lamentablemente, los representantes de la ABC carecían de la autoridad para tomar decisiones definitivas.

“No podemos caer en la irresponsabilidad de aprobar esta carretera”, dijo el legislador.

Por su parte, Marco Ortiz, gerente nacional técnico de la ABC, afirmó que el proyecto cuenta con las licencias ambientales y los estudios hidrogeológicos correspondientes, como consta en los estudios ambientales respectivos entregados a la Gobernación.

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