Percy Fernández Añez es el único de los 10 imputados por la ejecución del sistema de buses de tránsito rápido (BRT), por el que la Fiscalía solicita al juez que se beneficie con medidas sustitutivas para precautelar su estado de salud. Mientras que, para los otros sindicados, se está exigiendo que sean enviados a Palmasola.

La comisión de fiscales compuesta por Alexander Mendoza y Rose María Barrientos acusó al exalcalde por presuntamente haber firmado los contratos del proyecto BRT y ahora está pidiendo en la imputación formal que se dicte su detención domiciliaria, que pague una fianza de Bs 100.000, que se presente ante un juez cada 30 días y que se prohíba su salida del país.

“Respetando el derecho a la vida, y actuando de manera objetiva, el Ministerio Público simplemente está solicitando medidas subtitulas a la detención preventiva para el señor Percy Fernández, sin embargo, los antecedentes son los mismos para los otros imputados”, comentó el fiscal departamental Roger Mariaca.

Los otros acusados son Angélica Sosa (expresidenta del Concejo Municipal y exalcaldesa interina), Lucy Mariel López Quiroga (exdirectora de Transporte y Vialidad), Rubén Darío Rivero Gallardo (exjefe Dpto. de Transporte Público Gestión de Trámites y Autorizaciones), Emilse Sengler Fernández (exjefe Dpto. Administrativo SEMURB), Jorge Humberto Ortiz Bruno (exjefe Dpto. Estadísticas y Planificación del Transporte Público Urbano), Rolando Pedro Rivera Correa (exsecretario Municipal de Movilidad Urbana), Nancy Roca Martínez (Profesional "A' Abogado), Jorge Luis Égüez Rivero (Profesional "A" Abogado) y Percy Rojas Limón, presidente de la empresa Chuturubí de la línea 17 y 18, que se adjudicó el contrato de concesión del BRT.

Estas nueve personas están acusadas por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y contratos lesivos al Estado.

En la imputación presentada al Juzgado Segundo de Anticorrupción el Ministerio pide la detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 180 días para todos los implicados en este proceso, menos Fernández Áñez.

La denuncia por este caso fue presentada por el diputado del Movimiento al Socialismo, Anyelo Céspedes, el 5 de mayo del año pasado, luego de que Sosa se presentó ante la Cámara de Diputados a brindar un informe oral sobre el presupuesto y la ejecución del BRT.

Según el cuadernillo de investigación de la Fiscalía, al que accedió EL DEBER, en la demanda Céspedes detalla que el presupuesto destinado para la primera fase del sistema de transporte rápido fue de Bs 156.185.365 de los cuales se destinó para obras y equipamiento Bs 151.302.959 y para los servicios de supervisión externa Bs 4.882.406. Sin embargo, observa “que hasta la fecha no se pudo concluir dejando la obra a medias y en total incertidumbre y perjuicio a la población cruceña”.

A esta denuncia se adhirió el actual alcalde Jhonny Fernández el 18 de mayo del año pasado. En el documento acusa a Angélica Sosa por el delito de incumplimiento de deberes. Sin embargo, el 1 de junio de ese año, Céspedes amplió la demanda contra otras ocho personas, entre ellas exfuncionarios municipales.

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