Juan Ramón Quezada, abogado de Valeria Rodríguez Paz, lamenta la determinación asumida por la justicia de incluir a su defendida en el programa de protección a testigos y víctimas, pues considera que esta determinación le prohíbe emitir opiniones sobre el caso. "Prácticamente le han tapado la boca", expresó.
Quezada, entrevistado en la red Unitel, apuntó al fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, como un obstáculo importantes para que prosiga con la investigación e indicó que "hay una complicidad" que se debe aclarar para que el proceso pueda avanzar.
El abogado cuestionó duramente la labor de Mariaca respecto a las denuncias de corrupción que sindican a la anterior gestión municipal y se pregunta los motivos que lo llevaron a rechazar la primera denuncia realizada por el alcalde Jhonny Fernández sobre los casos de ítems y contratos irregulares en la comuna cruceña.
Ahora, a partir de un problema de ámbito familiar se dio paso a una investigación sobre corrupción por ítems fantasmas en la Alcaldía cruceña. Valeria Rodríguez demandó a su exmarido Antonio Parada Vaca, exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía, por violencia económica dentro de un proceso de separación. Entre las pruebas presentadas por la demandante se encontrarían documentos sobre el cobro irregular de ítems pertenecientes a la Alcaldía Municipal.
Según el abogado Quezada, Valeria no es la única persona que ha recibido amenazas por este caso. Dijo que las amenazas se han extendido tanto al equipo jurídico que la asiste como a otros integrantes de la familia. "Es un problema a nivel social. Hay muchas personas involucradas que recibían dinero sin ir a trabajar y ahora buscan que todo quede en silencio", indica.
Quezada aseguró que cuentan con documentación real que demuestra la corrupción en la Alcaldía, pero no fue entregada al Ministerio Público (solo le entregaron copias) porque temen que desaparezcan. "Ya no confiamos en el Ministerio Público".
"¿Qué está esperando el Fiscal General Juan Lanchipa para procesar al fiscal Mariaca?", interpela el abogado. Argumenta que el fiscal departamental "conocía el caso meses atrás", pero evitó que avanzara con normalidad. "Ninguno de nuestros testigos fue citado y ya están fuera del país", critica.
En actitud desafiante, el abogado que representa la defensa de Rodríguez reta a Mariaca para que muestre su casa y sus vehículos, y explique cómo logró financiarlas mediante un salario público como el que posee.
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