Son aproximadamente 80 hectáreas en juego, propiedad de los cruceños, ubicadas en la final avenida Tres Pasos al Frente, detrás del Jardín Botánico, en la UV 285 de la capital cruceña.

Ya en 2022, la entonces secretaria de Planificación, Andrea Daza, dijo que Marco Antonio Muñoz Vaca, quien se atribuye el derecho sobre esas tierras, presentó documentación falsa ante los supuestos compradores.

En esa época, las personas asentadas lo identificaron como quien les “vendió” esos terrenos.

“Hemos desarrollado una georreferenciación y hemos comprobado que el documento que presentó este señor está en Cuatro Cañadas y quiso inscribirlo en el municipio de Santa Cruz de la Sierra”, afirmó Daza en diciembre de 2022.

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En octubre de 2023, un juez cautelar ordenó la detención preventiva en Palmasola, por 90 días, de Muñoz Vaca, imputado por el delito de avasallamiento.

Aquella vez fue sindicado de liderar un grupo de personas que avasalló predios municipales, destinados a una laguna regulación.

Luego de dos años de investigar, la concejala Lola Terrazas denunció el origen de las irregularidades. “Estos son los papeles con los que Marco Antonio Muñoz Vaca se pasea por todos lados, diciendo que es el dueño, y que la Alcaldía más bien falsificó sus documentos”, dijo, mostrando el alodial.

Según ella, aparece un primer asiento de la notaría 75, con el que Carmelo Vaca Cano, supuesto primer dueño, transfiere a Muñoz.

“Y para protocolizar esa venta, se van a la notaría 3 de Cotoca. Pero ahí la notaria les pide toda la documentación de respaldo. Revisa los papeles e identifica que son falsos. Es así que llama a la notaría 75 para verificar si realmente había protocolizado, si había registrado inicialmente esta escritura pública. Y la notaria 75 le responde que no”, argumentó.

Terrazas informó que. con una carta de la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, logró que la notaria le responda el 8 de agosto que esa escritura, con esa matrícula computarizada, no existe, y que no cursa en los archivos de la notaría de fe pública. “Se denunció ante las autoridades correspondientes”, indicó.

También dijo que el alodial de Muñoz es de 80 hectáreas, es decir 800.000 m2 de superficie vendidos por Bs 300.000.

Apuntó a Derechos Reales, que abrió folio con documentación falsificada. “Derechos Reales está incurriendo en irregularidades, es una institución que garantiza tu derecho propietario. En resumen, se ha ido generando documentación para llegar a esto”, dijo, y remarcó que el delito es de origen, ya que finalmente Muñoz se fue hasta Mineros, donde logró el trámite que no pudo conseguir con las notarías 75 y 3 de Cotoca.

“Actualmente, esa notaría de Mineros está intervenida por varios casos, no por este”, denunció.

La legisladora también aludió a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), ya que la notaria número 3 denunció que, en la documentación del Municipio, además de no tener el sello seco del certificado catastral, figuraban pagos de impuestos, vinculados a un QR del SAT, pero a un bien inmueble sin datos.

Además lamentó que, aunque la Secretaría de Planificación observó los papeles presentados por Muñoz, se hubiera despedido a la subalcaldesa de esa zona, luego de que iniciara un proceso penal a esta persona.

Para ella, cuando hay sobreposición es porque existen documentos reales, legales, y la persona afectada va a la vía ordinaria y inicia el proceso de mejor derecho con sus papeles. “Por eso Marco Muñoz denunció a la Alcaldía, de una acción negatoria de mejor derecho”, afirmó.

Para la concejala, lo más lamentable es que a Marco Muñoz le acepten la documentación en la vía civil, y que con eso inicie un proceso, tanto a la Alcaldía, al Ejecutivo, por acción negatoria, como a los concejales, con acción de libertad, y amparo constitucional. “Además, figura en el sistema es que me denuncian por difamación y calumnias”, observó.

“Encima, la Fiscalía rechazó las denuncias de las dos notarías. Entonces, aquí están, por ineficiencia, vinculados, el Ministerio Público, por rechazar la demanda de las notarias. La Alcaldía, por esa tibieza en la defensa y en las respuestas que se le da cuando hay este tipo de irregularidades. Derechos Reales, y también la notaría de Mineros”, dijo.

Dentro de su labor fiscalizadora, cree que es muy “indignante” saber que el alcalde tiene una dirección jurídica que no investiga nada, “y que juega a perder procesos, y que no haya identificado nada, porque los convocamos al Concejo y no mencionaron un solo delito que nosotros identificamos”, apuntó.

Construcciones dentro de predios municipales

Servicios básicos

Igual en otros puntos en conflicto, a pesar de las múltiples denuncias y de los litigios, las obras siguen avanzando en esa UV 285.

El concejal Manuel “Mamén” Saavedra denunció la instalación de servicios básicos, y mostró un video donde el representante de esa cooperativa garantiza el acceso.

“Hagámoslo formal”, dijo en las imágenes que hicieron llegar a Saavedra el gerente de la prestadora de los servicios.

“Terrenos municipales ilegalmente vendidos”, dijo, mientras increpaba a la hermana de Muñoz en el lugar, por denuncia de personas que compraron terrenos en esos predios municipales.

“Estas hectáreas deberían ser para lagunas de regulación y un parque. Hace años que esto se viene dando, y lo curioso es que le pusieron nombre al barrio, San Marcos, el mismo del loteador, que ya estuvo preso. Hay que hacer gestiones para que vuelva a la cárcel y devuelva la plata que sacó a la gente que habita ya el lugar. Les vendió barato en un lugar ajeno”, dijo.

El concejal fue a buscar al gerente de la cooperativa para exigirle explicaciones y remarcar que es predio municipal.

“Yo sé que eso es propiedad municipal, dijo posteriormente al concejal”.

EL DEBER hizo llegar un cuestionario al vocero jurídico, Bernardo Montenegro, para hablar de la problemática de los predios municipales en conflicto, pero hasta el cierre no respondió.

Según Terrazas, son unos cien los terrenos en problemas, y apuntó a la negligencia del Ejecutivo como denominador común, que deja como efecto la pérdida. Ejemplificó su denuncia con el caso del Mutualista, en el que los errores de dos funcionarias ayudaron a la defensa de Miguel Crapuzzi, que apareció demandando el derecho propietario de las casi cinco hectáreas de ese centro de abastecimiento.

El concejal Federico Morón recordó que también hay asignaturas pendientes en el Cordón Ecológico, como aclarar los datos de los predios municipales, de una urbanización en el lecho del río, pero también ejercer las competencias para que se respete la servidumbre ecológica.

Por su parte, también sobre el Cordón, el concejal Pacheco denunció la entrega de registros topográficos de no larga data.

Instalan energía eléctrica en áreas avasalladas en la ciudad de Santa Cruz

Antecedentes

Marco Antonio Muñoz Vaca, sindicado como el principal avasallador de predios municipales en Santa Cruz, tiene 13 procesos en su contra, pero según una investigación del Portal Clave 300, logró cerrar 12 ante el Ministerio Público.

“Los procesos penales contra Muñoz datan desde 2022, por los delitos de uso de instrumento falsificado, estafa agravada, falsedad material, robo agravado, falsedad ideológica, allanamiento de domicilio o sus dependencias, manipulación informática, tráfico de tierras, comercio o tenencias de sustancias explosivas asfixiante, tenencia, porte o portación ilícita, amenazas y uso de instrumentos falsificado”, dice la plataforma sobre noticias judiciales y policiales.

Multa millonaria

Un informe de la oficina municipal de Medio Ambiente sanciona a los que sin permiso alguno desmontaron el lugar en conflicto.

La resolución administrativa DGMA 006/2023, concluye que Marco Muñoz incurrió en una infracción gravísima y la impone una multa por la quema y desmonte ilegal en ese punto, ocasionando efectos ambientales.

Para Terrazas, otra razón para cuestionar al Municipio, además de las omisiones apuntadas, es que no persigue los delitos.

Otro de los casos es el que involucra a Isidro Umaña, quien este año ganó una alameda a la Alcaldía, por la zona de Fusindo, a pesar de que, según documentos, a denuncia del exalcalde Percy Fernández, en 2019 tenía una orden de aprehensión por falsificación de esto s documentos de supuesta propiedad.

Mientras se resuelve el tema en estrados judiciales, las construcciones y la instalación de servicios básicos avanza

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