Hubo críticas por la forma en la que se convocó al paro cívico que tendrá lugar mañana (6/9/2024) en Santa Cruz, pero ningún sector ciudadano o sindical del departamento avaló ayer los resultados del censo que presentó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde La Paz, el Gobierno defendió el resultado del recuento estadístico oficial y aseguró que pondrá a disposición de todos los reportes que lo sustentan técnicamente.
Santa Cruz tiene, según el censo, 3.115.386 habitantes y es una cifra menor a los 3,4 millones que proyectó el INE para este año, pero con la información del censo de 2012, según explicó ayer el director de la entidad estadística en Santa Cruz, Juan Sabino Quisberth. Esta reducción cifrada en más de 300.000 habitantes tendría que ver, según las explicaciones “técnicas” con la reducción de la tasa de natalidad, la migración y los efectos de la pandemia, aunque el detalle de estas variables aún no se presentó formalmente.
En el caso de Bolivia el número de habitantes reportado por el censo fue de 11.312.620 habitantes, una medida por debajo de los más de 12 millones que se había previsto a partir de las tendencias que se pudieron establecer hace 12 años. No obstante, estas explicaciones no convencen a nadie.
Por eso, la medida de presión ganó apoyó paulatinamente porque las asignaciones presupuestarias de la coparticipación tributaria, por ejemplo, no serán igual a las que se esperaban a con las proyecciones del mismo INE.
Ante este escenario, los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Santa Cruz se organizaron para llevar adelante la medida de protesta, explicó anoche Orlando Peña, dirigente de este sector de la sociedad civil.
“Vamos a estar en diferentes puntos de la ciudad y nosotros creemos que somos más de cuatro millones en el departamento; en la ciudad, tenemos el apoyo de 15 distritos, así como de la Federación de Transporte”, señaló tras una “reunión de emergencia” que se realizó anoche precisamente para coordinar la movilización que se prevé será masiva.
Por su lado, Édgar Álvarez, el dirigente gremial afín a la institucionalidad cruceña, anunció que los centros de abasto de la capital cruceña permanecerán cerrados durante las 24 horas que durará el paro contra los datos del censo.
“Se va a acatar en el sentido de que no va a haber atención dentro de los mercados. De ahí vamos a ver si salimos a manifestarnos y si es que vamos a hacer algo para demostrar que estamos presentes”, manifestó el dirigente.
Desde las instituciones cruceñas, apoyan la medida. Por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se plegó a la protesta de manera inédita. La autoridad no fue parte del paro de los 36 días que protagonizó Santa Cruz para exigir un censo de manera oportuna, según recordaron ayer varios de sus adversarios políticos locales.
Fernández anunció que habrá unidades que trabajen, como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Salud, Seguridad Ciudadana y Emacruz, entre otras, pero el resto de las unidades se plegará a la protesta ciudadana que se desarrollará el viernes. “Respaldamos las acciones que se tomen, se va a acatar el paro cívico de 24 horas. Solo las unidades de emergencia estarán atendiendo, incluyendo Emacruz”, aclaró el alcalde.
Para Fernández, es relevante comenzar la tarea de la comisión que componen junto al Gobierno Departamental, el Comité Cívico y la Universidad Gabriel René Moreno. “Tenemos que activar los mecanismos técnicos, administrativos y legales para que se verifique nuestra población”, remarcó.
Esta propuesta está en el marco de una de las conclusiones a la que llegó la Asamblea de la Cruceñidad que dispuso de ese mecanismo de fiscalización al INE sobre la forma en la que se hizo el conteo.
Además, a través de un pronunciamiento, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra manifestó estar a favor del paro cívico. “Como Concejo Municipal respaldamos la determinación de la Asamblea de la Cruceñidad y manifestamos al pueblo nuestro compromiso de firmeza, unidad y lucha para enfrentar esta coyuntura adversa, hasta lograr justicia y bienestar para todos los hombres y mujeres que, nacidos o no en esta tierra, puedan sembrar y cosechar oportunidades de desarrollo y dignidad”, reza la parte final documento que fue leído por la presidenta del ente deliberante de la ciudad, Silvana Mucarzel.
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Antonio Talamás, cuestionó la postura del Gobierno de asignar los recursos a las regiones sobre la base de los datos de este censo observado. En ese contexto, anunció su respaldo a la medida de presión porque los recortes presupuestarios que sufriría la región serían muy fuertes para los proyectos. El presupuesto regional debería ser enviado hasta el próximo 16 de septiembre para la formulación del presupuesto del Estado previsto para el próximo año.
Desde la arena política, el exministro Carlos Romero, uno de los operadores políticos más cercanos a Evo Morales, cuestionó los resultados del censo y no condenó la protesta como sucedió desde el ala oficialista del MAS.
“Tenemos unos resultados que presentan dudas razonables. El Gobierno ha anunciado que se abre a la revisión técnica, nacional e internacional. Es un buen paso, sin embargo, con relación a la movilización definida por las instituciones en Santa Cruz la entendemos como lógica por las dudas que ha generado el informe en cuanto a los resultados del censo, particularmente con el departamento de Santa Cruz”, dijo.
Los legisladores de Creemos y de Comunidad Ciudadana apoyaron el paro, pero criticaron duramente al presidente cívico, Fernando Larach, porque no se les permitió participar de la Asamblea de la Cruceñidad.
“No sé qué tipo de resultados se puede conseguir con un paro; no sé si con esto el día de mañana tras el paro nos van a devolver al millón de cruceños que nos han robado”, declaró María René Álvarez, quien esperaba una acción más potente de parte del Comité para rechazar los datos del censo.