“No se tiene registrada la emisión de licencia ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Sistema de Alcantarillado de la Cooperativa de Agua Potable La Guardia”.

Esa es la primera conclusión del informe de la Gobernación de Santa Cruz, luego de hacer una inspección en esas instalaciones, a pedido de los vecinos del condominio Laguna Azul, ubicado en la doble vía a La Guardia.

Además de ese punto hay otras observaciones, como la existencia de 1.645 conexiones, con las que nació la planta, para casi 10.000 habitantes.

El Gobierno Departamental de Santa Cruz también advirtió que la planta tiene deficiencias en su sistema de tratamiento de aguas residuales, incumpliendo el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica, por lo que recomendó la presentación de análisis del agua descargada, hacia el cuerpo de agua receptor, en este caso el río Piraí.

A pedido
El informe fue realizado a insistencia de los habitantes de Laguna Azul, que cansados de los malos olores, primero peregrinaron a la Alcaldía de La Guardia, donde dicen que no les respondieron y, después, a la Gobernación.

“El informe presentado por el Gobierno Departamental también dice que esa laguna está colapsada, que se encuentra en el 95% de su capacidad y que una sola lluvia provocaría su rebalse. Desde ya, las descargas están haciendo daño ambiental al río Piraí”, lamentó Roddy Durán, representante legal de Laguna Azul.

Cuestionó a la Alcaldía de La Guardia, a la que acudió en primera instancia, y que no les dio respuesta. “Siempre hizo oídos sordos, por eso fuimos a la autoridad mayor, la Gobernación, que ahora debe emitir las sanciones y medidas correspondientes con plazos”, exigió.

Para Durán, a la Alcaldía de La Guardia no le interesa el tema del impacto ambiental. Aludió que solo le importa la recaudación legal y también ilegal, Mencionó como ejemplo a los dragueros, que resultan en un “negocio lucrativo” para ese municipio, igual que la aprobación de proyectos. 

“La anterior gestión aprobó 20 urbanizaciones sin cumplir con toda la documentación básica, aquí el que tiene más plata es a quien le aprueban su urbanización”, apuntó a ese gobierno subnacional.

Sobre la cooperativa y la planta de tratamiento de aguas residuales, Jhonny Rojas, secretario departamental de Medioambiente, dijo que si no tiene licencia ambiental es grave y están trabajando ilegalmente, “como han hecho varios”, dijo.

La autoridad apuntó al alcalde de La Guardia, y recordó que se trata de una responsabilidad municipal porque está dentro de esa jurisdicción. “Corresponde iniciar procesos administrativos al alcalde”, insistió.

Puso de ejemplo el caso de la familia Kim, en las Lomas de Arena, ya que la Alcaldía dio permiso a nuevos asentamientos y urbanizaciones sin haber terminado la aprobación final de esas urbanizaciones, es decir sin tener licencia.

En sintonía con los anteriores, Nelson Fuentes, del Colegio de Ingenieros Ambientales, afirmó que la Alcaldía es la primera instancia a la que debe acudir un vecino que se siente afectado por alguna actividad, como la de este caso puntual.
EL DEBER buscó al alcalde de La Guardia, Rufino Correa, pero no respondió.

Dragueros
En un segundo informe, la Gobernación también observó la presencia de personas que explotan los áridos, y que en determinados casos no respetan el tercio central del río, pero que además deforestan dentro de lo que se conoce como Bosque de Protección (BP1), en pleno cordón ecológico. 

El diagnóstico, además, indica que se está afectando a la flora acuática del Piraí que de forma natural frena el caudal del agua, que se están dañando los meandros. Con esto último también se está afectando el cauce y se está produciendo compactación del suelo, debido a la presencia de maquinaria pesada.

Lea también

​