La Chiquitania no termina de sanar las heridas de sus bosques y se empiezan a abrir nuevas franjas por la misma afección: los avasallamientos que amenazan a las comunidades indígenas nativas y a áreas naturales como la reserva natural del Bajo Paraguá. Una denuncia realizada por el Comité pro Santa Cruz saca a relucir que al menos 300 hectáreas de bosque fueron tumbadas por colonos llegados de otras regiones.
Los problemas se centran en la zona de San Miguel de Velasco, aunque el presidente cívico de las provincias Ernesto Serrate señala que la deforestación y los avasallamientos afectan a las seis provincias de la Chiquitania: Velasco, Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Germán Busch y Guarayos
Serrate manifestó que los habitantes nativos de la zona salieron en defensa de sus tierras y, junto con la fuerza pública, pidieron a los avasalladores que se retiren del lugar; sin embargo, éstos ya habían realizado desmontes y destrucción de flora y fauna.
Entretanto, el presidente cívico de San Ignacio de Velasco, Dino Franco, señaló que esta región se ha declarado en emergencia contra los avasallamientos, los cuales han deforestado más de 300 hectáreas con orugas y maquinaria pesada, con deslindes para distribuir terrenos. Incluso, se han abierto brechas para conectar caminos de hasta ocho kilómetros.
Bajo Paraguá es una reserva forestal que ha sido declarada territorio de los pueblos indígenas nativos. Dentro de esta área protegida hay diferentes comunidades que viven en el lugar, a quienes les corresponde la tierra, y temen las amenazas que han surgido respecto al avance de los avasalladores y el equipo pesado que está tumbando los bosques.
Entre las 300 hectáreas también se contemplan avasallamientos en otros lugares, donde se incluyen asentamientos dentro del predio del aeropuerto de San Ignacio de Velasco.
Y otro problema que se suma es el de la actividade minera, que afecta a la cuenca del Guapomó, lo cual podría afectar a la provisión de agua para los vecinos de San Ignacio de Velasco.
Los denunciantes esperan la repuesta de las autoridades para que den garantías en la defensa del bosque y reservas de la región. Sostienen que hasta la fecha no hay respuesta de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria y esperan que otras entidades estatales también se pronuncien al respecto.