Según el Municipio, Angélica Sosa solo busca obstaculizar la justicia con una supuesta enfermedad. Bernardo Montenegro, asesor de la dirección de Asuntos Jurídicos, presentó un informe forense de la evaluación de salud de Sosa, en el que dice que está en tratamiento de Covid y con la hipertensión controlada.
Montenegro señaló que Sosa había dicho -por intermedio de sus abogados- al ingreso al hospital en el que está internada que sufría de: “un síncope de neumonía por covid, hipertensión arterial sistémica y una supuesta arritmia cardiaca”.
Después de leer el informe forense manifestó que la exalcaldesa tiene covid, “como lo ha tenido cualquier persona, y eso con dos o tres días de reposo, se le pasa. Eso demuestra que esta señora, lo único que quiere es obstaculizar la justicia”.
Por otro lado, hizo referencia al nuevo proceso que ha sido admitido, en el cual se sindica a Sosa, algunos secretarios y concejales, de haber promulgado -supuestamente de manera ilegal- una ley que permite el cambio de uso de suelo de un área de 12 mil metros de abastecimiento a uso privado. Montenegro indicó que la afectación al Municipio sería de Bs 8,5 millones.
Contrario a lo que había declarado el abogado de Sosa sobre el tema, el asesor municipal sostuvo que Jhonny Fernández, actual alcalde y concejal en la anterior gestión, se abstuvo de votar por esa ley y que había advertido de la ilegalidad de su aprobación. Dicho esto, tildó de mentiroso al abogado defensor de la exalcaldesa y expresidente del Concejo.
“La señora Sosa debe volver (a) donde tiene estar, (que es) en el penal de Palmasola. Y el juez que conocerá esta nueva causa, (…), estamos seguros, (de) que también le va a ampliar a otros 180 días (de detención preventiva). La señora Sosa (…) debe responder a la justicia”, manifestó el asesor de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía.
Montenegro calculó que en todos los procesos en los que está involucrada Sosa se sobrepasarán los Bs 100 millones de daño económico al Municipio.
“Se van a recuperar estos (recursos económicos), sea de la forma que sea; con los bienes que tiene ella (Sosa) y con los bienes de los otros implicados, porque estos recursos deben volver al Municipio”, afirmó.
Por su parte, el abogado Jorge Rivero, defensor de Sosa, manifestó a los medios de comunicación: “Jhonny Fernández y su equipo jurídico, obviamente con la anuencia del gobierno del MAS, no solo han perseguido a la arquitecta Sosa, sino a todo su entorno familiar; han ocasionado hasta la muerte del esposo (de Sosa) por la presión mediática y política que ejercieron en unos procesos impulsados desde otros lugares, que no son el Palacio de Justicia”.
También indicó que Camila, la hija de Sosa que reside en Canadá, fue 'mal' notificada para declarar como testigo, en uno de los procesos que le siguen a la exalcaldesa. Rivero señaló que presentarán un memorial en el que darán a conocer la dirección exacta de Camila, para que se cumpla con el procedimiento y se la cite mediante cooperación internacional.