Decisiones y plazos. El paro indefinido está sobre la mesa y se materializará en los próximos 21 días si el Gobierno decide no atender el pedido de acortar los plazos para que el próximo censo se realice en 2023. Esa fue la decisión del cabildo del viernes que, además, exigió que los resultados de la encuesta estén disponibles en seis meses para que un nuevo pacto fiscal permita una justa redistribución de los recursos generados por los impuestos.

La magna asamblea, que por primera vez contó con observadores del Tribunal Electoral Departamental (TED), duró algo más de cuatro horas y reunió a 1,5 millones de ciudadanos, según el conteo de la Uagrm y el comité cívico. El presidente de esta entidad, Rómulo Calvo, fue quien cerró la deliberación que se basó en las propuestas que expusieron unos 20 oradores, representantes de entidades gremiales, de colegios profesionales, colectivos y activistas ciudadanos.

En su discurso final, rechazó la instalación de nuevas mesas técnicas con el Gobierno porque, en su criterio, éstas no serán útiles. Declaró que la región, precisamente, fue engañada por estos mecanismos. “No olvidemos que fue el presidente Luis Arce que, mediante un decreto, declaró como prioridad la realización del Censo en 2022. Hemos sido engañados con la fecha del censo, debió hacerlo antes, no lo quiere hacer ahora y no lo quiere hacer en el futuro”, dijo Calvo poco antes de dejar en manos del cabildo las próximas medidas de presión y acciones para que el censo se haga efectivo de manera oportuna. “No nos cansaremos hasta que llame al censo en 2023, no valen las mesas técnicas”, añadió.

Las preguntas

Ante la multitud que llego con la bandera cruceña hasta los pies del monumento Cristo Redentor, el líder cívico pidió el apoyo ciudadano para “exigir al Órgano Ejecutivo la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en junio del año 2023 para que los resultados estén en un tiempo no mayor a los 180 días calendario y sus resultados se ejecuten para que se levante un nuevo padrón de cara a las elecciones de 2025”.

Dicho esto, Calvo pidió el respaldo de la población para “ir a un paro indefinido a partir del 22 de octubre en caso de que el Gobierno, en un plazo de 21 días calendario, no cumpla con la convocatoria al censo en 2023” que, además, “deberá estar publicada con todas las formalidades en la Gaceta Oficial de Bolivia”, según la pregunta.

La tercera de las preguntas leídas por Calvo tenía un destinatario diferente. Mirando a un costado del atril, se dirigió a los delegados cívicos llegados de los demás departamentos y les conminó a sumarse a las medidas aprobadas en el cabildo cruceño y, de no cumplirse “a tomar acciones en todo Bolivia porque el censo es para toda Bolivia y no solo para Santa Cruz”.

La respuesta de los asistentes fue por aclamación y los cuatro funcionarios del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), una entidad especializada del Tribunal Electoral, se encargaron de registrar y acompañar todo el proceso, de acuerdo con los protocolos establecidos sobre la base del Artículo 11 de la Constitución Política del Estado.

Pero, además de la Constitución, el cabildo tiene el aval del Estatuto Autonómico de Santa Cruz y el Artículo 35 de la Ley 026 de Régimen Electoral. Este apartado legal señala que “la asamblea y el cabildo tienen carácter deliberativo y sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda”. En este caso, —de acuerdo con la declaración final del cabildo— es el presidente Luis Arce porque es quien tiene la tuición privativa para la organización de los censos.

Deliberación

Poco antes de que Calvo ponga a consideración las medidas, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, valoró la unidad de Santa Cruz y destacó la importancia de la región para el país.

“¿Quién iba a pensar que el censo iba a unir a todo el pueblo? Están aquí porque creen en este pueblo que siempre ha crecido en las adversidades. Que nuestra voz se escuche en el altiplano, en el Chaco y en toda Bolivia”, puntualizó Cuéllar, la autoridad académica que buscó diálogo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde febrero pasado, pero sin respuesta alguna. Ya en el cabildo, el rector aseguró que la región está comenzando a recuperar “el poder de la palabra y la esperanza”.

“Juntos vamos a escribir nuevas páginas gloriosas. La ausencia de una o dos personas no podrá detener la fuerza de un pueblo que lucha por lo justo. Aquí está el presente y el futuro de todos los bolivianos”, aseguró poco antes de mostrar que la proyección de los datos demográficos, precisamente, en favor de la juventud.

“En este departamento, el 59% de sus habitantes tiene menos de 25 años de edad, lo que significa que muy pronto comenzará a germinar la juventud y ellos serán los que construyan la Bolivia democrática. En los próximos 10 años, Santa Cruz acogerá a la mitad de la población del país”, detalló la autoridad académica.

De acuerdo con las proyecciones del INE, Santa Cruz terminará este año con un tercio de la población boliviana que ya se aproxima a los 12 millones de habitantes, la mayoría de ellos jóvenes.

“Pero, de cada 100 bachilleres, solo 40 tienen acceso a la educación superior. ¿Qué pasa con los otros 60 que no pueden profesionalizarse? Por eso, pedimos censo, porque no queremos que esos jóvenes se frustren”, anotó el rector al presentar la necesidad del censo, desde la perspectiva educativa.

Cuéllar, quien entregó un discurso con un fuerte tono institucional, aceptó las determinaciones del cabildo, aunque no había propuesta ninguna medida de presión.

El cabildo se instaló con una agenda de ocho puntos que incluyó la reforma judicial y la demanda de un nuevo padrón electoral, también contempló la recepción de propuestas para presionar al gobierno respecto al censo.

José Ernesto Serrate, el dirigente cívico de las provincias, cumplió con su palabra y llevó hasta la testera del cabildo la propuesta de un paro indefinido con bloqueo de caminos. Esa medida extrema fue respaldada por Jorge Santistevan, un militar retirado y abogado, quien además planteó “incorporar más demandas cada 48 horas de paro cívico, hasta que el Gobierno atienda todos los reclamos.

El paro también fue propuesto por el presidente del Colegio Médico, Wilfredo Anzoátegui, quien puso de relieve la necesidad de contar recursos para la salud, que es una de las competencias de alcaldías y municipios establecidos en la Ley de Autonomías.

El sistema público de salud en Santa Cruz cuenta con un médico para 1.000 personas, según los datos del INE. Pero, además existen otras falencias por la falta de datos que permitan planificar, de manera más adecuada, las tareas orientadas al desarrollo.

El constitucionalista, José Luis Santistevan, afirmó, por ejemplo, que por la ausencia de datos actuales en Santa Cruz hay 700.000 personas que no tienen representación en la Asamblea Legislativa. Esto porque el censo también debe motivar una nueva ley para reasignar escaños en el Legislativa, sobre la base de la población que tiene cada una de las regiones del país.

Según las tendencias demográficas actuales, señaló el especialista, existen regiones como Chuquisaca y Potosí, cuya población se ha reducido, precisamente, por la ausencia de políticas públicas y una planificación estratégica sobre la base de los datos reales y oficiales que debe otorgar el censo.

Roxana Grass, la líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), también tomó la palabra y enfocó su discurso en la necesidad de reformar la justicia para que “el Gobierno deje de lado la persecución política”. Recordó que el Gobierno movilizó a 2.000 efectivos para arrestar a dos representantes de su organización. Eso sí, respaldó a Santa Cruz tras considerar que es la región de mayor crecimiento poblacional.

Poco después la activista Andrea Vaca demandó al Gobierno promover un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales por las “ejecuciones extrajudiciales” que se produjeron durante su mandato, en el hotel Las Américas. En ese tono, la representante de la plataforma ciudadana Ana Barba, María Anelín Suárez, valoró la legitimidad de los cabildos y la manera en la que han generado cambios en favor del país. “Esta también puede ser la vía al federalismo”, apuntó la activista ante la multitud

El gobernador, Luis Fernando Camacho, cumplió. No estuvo en la testera ni en la tarima del cabildo. Participó como un ciudadano más, para que no se califique política a la movilización.

La Federación de Asociaciones Municipales (FAM), una entidad controlada por el MAS, calificó de “político” al cabildo, mientras desde el partido de Gobierno ven “afán desestabilizador”.

Lea también