Los incendios se agravan y ya consumieron más de 10 millones de hectáreas, según la Fundación Tierra. Hay comunidades cercadas por las llamas, casas quemadas y una densa humareda cubre el ambiente, unas10.125.400 hectáreas (ha) se han quemado hasta el 30 de septiembre de la presente gestión en país.Esta cifra supera el récord histórico registrado en el año 2019, cuando se quemaron alrededor de 5,3 millones de hectáreas en los incendios que azotaron el país. La diferencia es de 4,8 millones de hectáreas, lo que equivale a un aumento del 90%. Y mientras bomberos y comunarios unen fuerzas para enfrentar las llamas, hay gente que usa el fuego para consolidar asentamientos, donde también se infiltra el tráfico ilegal de tierras.
Así lo advierte la diputada María René Álvarez, quien, junto a una comitiva, fue emboscada por avasalladores mientras inspeccionaban el área protegida de Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco. La visita respondía a denuncias por ocupaciones ilegales y desmontes en esa zona, actualmente en proceso judicial.
“Los asentamientos ilegales están directamente relacionados con los incendios”, asegura Álvarez, Procesos penales quien destaca que la Fundación Tierra ha demostrado que donde se originan los incendios hay asentamientos humanos, una práctica que, según ella, se inició durante el gobierno de Evo Morales.
Un informe de la Fundación Tierra señala que los incendios tienen estrecha relación con el aumento exponencial de las autorizaciones de desmontes. Entre 2021 y 2023 suman 625.000 hectáreas autorizadas.
En promedio, el desmonte legal se multiplicó por seis, desde que entró en vigencia la Agenda Agropecuaria 2025 y los acuerdos de ampliación de la frontera agrícola de 2014, con la Ley 741.
Esta norma autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente sin la presentación de planes de ordenamiento predial, de planes de gestión integral de bosques y tierras en propiedades pequeñas, comunitarias o colectivas, o asentamientos humanos con resolución de autorización.
“En caso de propiedad comunitaria o colectiva la autorización del desmonte hasta 20 hectáreas se realizará por unidad familiar”, dice la norma.
De acuerdo con el informe de Fundación Tierra, en 2010, antes de la vigencia de esta ley, se autorizaron 34.900 hectáreas, pero cuatro años después las cifras fueron en aumento. En 2018 se tuvo un pico de 274.400 hectáreas autorizadas para desmonte, justo un año antes del catastrófico 2019 cuando ardieron en Santa Cruz 4,2 millones de hectáreas.
Álvarez describe el modus operandi de los avasalladores: utilizan los incendios forestales para quemar áreas estratégicas, preparando el terreno para asentarse. “Es evidente que donde están las casas, que son de madera, todo sigue verde, mientras que alrededor todo está arrasado por el fuego”, puntualizó.
Se estima que unas 3.000 hectáreas han sido desmontadas dentro de las 900.000 que conforman el área protegida de Bajo Paraguá.
Pastor Soliz, presidente del Comité de Gestión en esta reserva, corrobora esta situación. En un recorrido por la zona, se constató la existencia de campamentos ilegales, con maquinaria pesada y árboles talados listos para ser quemados, mientras que otros ya habían sido consumidos por el fuego.
La diputada señala que el origen de este problema está en la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas por unidad familiar. “Ellos van desmontando de 20 en 20 hasta abarcar grandes extensiones, como 2.000 hectáreas y comenzar el tráfico de tierra. Ni siquiera utilizan la tierra para producción o cultivo, como planteaba la ley, que buscaba asegurar la seguridad alimentaria del país”, enfatiza.
Según la Fundación Tierra, la Ley 741 también autoriza actividades en “tierras de producción forestal permanente”, es decir, áreas boscosas sin potencial agrícola. Desde su aprobación, los desmontes y las quemas han aumentado significativamente en zonas de bosques tropicales, particularmente en la Amazonia, intensificando los incendios en tierras fiscales y bosques primarios.
Álvarez también denuncia la complicidad o permisividad de algunas instituciones estatales, como ocurrió en la exconcesión Romano, en el municipio de San Rafael, donde se permitieron desmontes masivos a extranjeros.
Por su parte, Arturo Revollo, coordinador del Programa Chiquitania de Apoyo al Campesinado Indígena del Oriente Boliviano (Apcob), explica que las comunidades originarias gestionan de manera sostenible los recursos naturales. Sin embargo, el fuego llega desde otras zonas, como ocurrió en la TCO Monte Verde, en Concepción, donde dos incendios provenientes de Guarayos y Bajo Paraguá se unieron y arrasaron con grandes áreas de bosque.
“El problema surge cuando se otorgan permisos de cambio de uso de suelo para comunidades con resoluciones de asentamiento provisional. Por eso exigimos la derogación de la Ley 741, que permite desmontes para luego habilitarlas con fines ganaderos y agrícolas”, explica Revollo. Además, añade que controlar una quema de una sola hectárea ya es difícil, y con mayores extensiones el problema se agrava, dejando el fuego fuera de control.
Por su lado, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que expertos de España aseguraron que el comportamiento del fuego y su magnitud fueron premeditados y planificados.
“Hay gente irresponsable que sigue prendiendo fuego, cuando se iban los expertos españoles nos decían que estos complejos de fuego que, se han generado en el sector de la Chiquitania, no tienen una evolución natural, es como si se hubieran fabricado. Estos complejos de fuego son (producto) de la actividad humana premeditada y planificada”, dijo la autoridad.
El subgobernador de la provincia Ángel Sandoval, Luis Miguel Carracedo, señala que este año los daños han sido mayores, pero las situaciones climatológicas también son distintas, porque hay bastante material acumulado. La extrema sequía, la poca humedad, la deforestación y los vientos favorecen a los incendios.
“Hay lugares donde se puede evidenciar que es intencional, porque ha ocurrido que el fuego ha sido controlado, pero de un día para otro se reactiva, y eso no es por el clima, sino por una mano dañina”, sostiene.
Procesos penales
La ABT y la Fiscalía han iniciado 106 procesos penales por incendios forestales, 82 corresponden a Santa Cruz y 25 a Beni.
Se emitieron 344 notificaciones de sanciones administrativas por quemas ilegales, 189 fueron dirigidas a propiedades privadas y 155 a comunidades.
Dos procesos ya concluyeron con la sentencia condenatoria de tres años de prisión a cuatro personas en Santa Cruz y se les ordenó reforestar la zona que quemaron, con 100 plantines cada uno.