De manera sorpresiva la jueza cautelar del Plan Tres Mil, Vania Romero, que otorgó libertad irrestricta para los 13 jóvenes detenidos, de manera ilegal estuvo a punto de ser detenida en su mismo despacho tras la audiencia que celebró a instancias de la Fiscalía que presentó la imputación.

Mientras los abogados salían del juzgado del Plan Tres Mil y los familiares y vecinos festejaban la liberación de los detenidos, se hizo presente el representante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, David Valda, con sus asesores. Tenían en sus manos una denuncia escrita por delito de prevaricato contra la jueza y obligaban a representantes del Ministerio Público y Policías a que la firmen, pero no lo hicieron por considerarlo un abuso y atropello, así como una falta de respeto e independencia al fallo de la jueza que fue apelado por la Fiscalía. 

Otros jueces que pidieron reserva de sus nombres esperan la inmediata intervención de la Asociación de Magistrados y Jueces, para hacer respetar los derechos y decisiones de los magistrados.

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