El jefe de terapia intensiva del hospital Oscar Urenda de Montero, Erick del Río, denuncia el trato intimidatorio que ha recibido el personal sanitario por parte del director del centro Roberto Soliz y de la jefa de Recursos Humanos, Gabriela Arauco. “Nos dejan amputados”, señala del Río. Revela que son ocho médicos, de doce que rotan los servicios, quienes han sido retirados.
A ellos se suma un grupo de personal de enfermería y servicios. “Este es el agradecimiento que se le da al personal de primera línea”, lamenta el responsable de la terapia intensiva.
El profesional recuerda que han trabajado sin sueldo, han ampliado sus horas laborales y han sostenido un número mayor de pacientes. Pero, aun así, las instancias directivas del hospital optaron por no renovar los contratos finalizados.
Como responsable del área, considera que era un equipo compacto con más de un año de trabajo coordinado y califica como "excelentes profesionales" a los médicos reemplazados. Se ha optado por la contratación de nuevos profesionales que continúen con la labor de atención en las unidades de terapia intensiva.
El doctor del Río señaló que desde la jefatura de Recursos Humanos se le argumentó que “habían atentado en contra del hospital” como el motivo principal para finalizar la relación laboral. En su descargo, el portavoz de los médicos del hospital señala que se han limitado a pedir el pago de sus salarios atrasados. "Ejercemos nuestro derecho" sin dejar de lado la atención en las UTIs.
EL DEBER trató de conversar tanto con la jefa de Recursos Humanos como con el director del centro, pero ninguno de los dos accedió a una entrevista sobre el tema. Pese a los mensajes y llamadas optaron por no atender los requerimientos.
En el hospital Oscar Urenda permanecen 12 pacientes en terapia intensiva. Del Río asegura que están recibiendo la atención médica necesaria, aunque, por el momento, no sabe quiénes se incorporarán para suplir las más de 24 bajas. Sospecha que él podría ser también retirado y por ello no le permiten acceder a la información requerida para organizar los turnos médicos.
La denuncia del responsable de la terapia intensiva apunta a un cúmulo de “intimidaciones” que han creado un “mal ambiente laboral” al interior del centro. Del Río señala actitudes que cuestionan los procedimientos utilizados o interpelan por las órdenes de internación que propone.
También, el problema se extiende a otras áreas, puesto que se ha acusado al personal sanitario de robarse medicamentos o vender remedios. “Son acusaciones infundadas”, retruca, a pesar de que, cada día, “nos revisan las mochilas al entrar y al salir”.
Respaldo
La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva compartió un pronunciamiento en el que expresa su sorpresa e impotencia “al conocer que la entidad estatal no solucione la situación de los colegas que cumplen con atender al paciente crítico de Covid-19”. El reclamo abarca la falta de seguridad laboral y la demora en los pagos por los servicios prestados.
El comunicado refleja su preocupación por que “se está desmantelando” las unidades de atención crítica como ocurre en Montero, “sin pensar en los que están sufriendo y luchando por su vida”.
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