Dirigida por el consultor Guido Ibargüen, este sábado, en el Hotel Boutique Alfonsina, se llevó a cabo una de las sesiones entre representantes de la Misión Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), periodistas afectados por agresiones, dirigentes sindicales y representantes de las asociaciones de periodistas de Santa Cruz.

El encuentro fue parte de un ciclo de talleres y consultas en
las principales capitales departamentales, que inició en La Paz y El Alto el 2 de septiembre, con la finalidad de preparar un Modelo de Prevención, Protección y Procuración de Justicia para periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

El taller comprende una revisión de las normas internacionales de protección al trabajo periodístico y la Constitución Política del Estado (CPE), en los capítulos referidos a la libertad de expresión, y los derechos que protegen la labor informativa. La propuesta evalúa el trabajo de difusión de denuncias de agresiones, y la formación/capacitación de periodistas y de funcionarios que habitualmente son señalados como responsables de agresiones (policías).

El análisis considera el apoyo legal a los periodistas y la capacitación de los operadores de justicia que tienen conocimiento de demandas presentadas contra comunicadores y medios de comunicación.

Durante los talleres se consulta sobre la pertinencia de crear un mecanismo nacional independiente del Gobierno, que asuma la defensa legal y protección de los periodistas que sufren agresiones, presiones y otras interferencias en su labor informativa.

En la sesión en Santa Cruz, que también contó con la presencia de Yulia Babuzhina, responsable de la Misión Técnica en Bolivia, salieron a flote las inquietudes del sector. Una de las reflexiones más recurrentes fue sobre la Ley de Imprenta, que los representantes no se atreven a tocar por las señales de incertidumbre que genera el Gobierno actual, sin embargo, todos coincidieron en la urgencia de conformar los tribunales de imprenta con ciudadanos notables.

Roberto Méndez, de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, cuestionó que el nivel central hable de monopolios privados en los medios de comunicación, pero omita los públicos, como las 36 radios comunitarias, periódicos, cadenas de TV que se convierten en aparatos de propaganda estatal.

El consultor, en su exposición, además mostró la realidad de la prensa boliviana según la mirada de informes internacionales. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), informó sobre dos periodistas asesinados entre 1992 y 2021. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó, en su Clasificación de Libertad de Prensa 2021, sobre 110 agresiones en Bolivia. Voces del Sur registró 65 alertas en 2018; 162 en 2019; y 117 en 2020. "Si bien no es de los peores países, está cerca", fue la conclusión.

Foto: Representantes de la Misión Técnica con algunos de los participantes

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