Por: Christian Peña y Lillo Herrera

La madrugada del 19 de mayo de 2015, hace nueve años, una casa a la altura del kilómetro 12 de la doble vía a La Guardia fue el escenario de un hecho que golpeó la sensibilidad de todos los cruceños. Se pensó que se trataba de un intento de feminicidio, se satanizó a sus posibles autores, los investigadores indicaron que los hechos serían esclarecidos de forma ágil y se aseguró que ese ataque a la mujer merecería una dura sanción.

Aquella vez en un cuarto tres personas consumían bebidas alcohólicas y jugaban con gasolina y un encendedor. En medio de esa fiesta Sandra Llanos Arauz terminó con quemaduras de primer, segundo y tercer grado en su cuerpo. Sus hijos, sus familiares, vecinos y autoridades llegaron hasta el lugar del hecho para auxiliar a la mujer, que en aquel momento no dijo nada, no acusó a nadie y fue llevada hasta el hospital San Juan de Dios, para que fueran curadas sus lesiones.

Sin embargo, 16 días después de permanecer en las salas para quemados del hospital, un paro cardiaco acabó con la vida de Sandra, que dejó sin mamá a un niño y a un adolescente. Cuando se confirmó su muerte, el caso cobró mayor relevancia y se empezó a señalar a los posibles autores como feminicidas, provocando que uno de ellos escape de la ciudad y el otro fuera enviado con detención preventiva al penal de Palmasola, sindicado por el delito de feminicidio.

Juan Carlos Llanos Arauz, hermano de la víctima, se mantuvo prófugo por casi dos años y su amigo Carlos Juan Nogales Burgos, con quien compartía aquella madrugada Sandra, fue el primero en ser aprehendido y llevado ante un juzgador que ordenó su encarcelamiento. Además de él, también terminaron presos los otros dos hermanos de la mujer que no soportó las quemaduras en su cuerpo y que luego de algunos meses recluidos, aceptaron ser declarados culpables por el delito de encubrimiento en feminicidio, figura penal que en este tipo de casos no debe ser aplicada, por la gravedad del hecho principal, el asesinato de una mujer.

Con la sentencia de estos dos encubridores de feminicidio, la Justicia prácticamente cerró el caso, olvidándose la suerte que correrían dentro del penal Juan Carlos Llanos y Carlos Juan Nogales, que les tocó vivir en Palmasola durante los tiempos en los que mandaba en el reclusorio ‘Oti’, interno que manejó con violencia y muerte los destinos de los más de 7.000 reos que fueron testigos del intento de fuga y retoma policial del penal, que acabó con la vida de varios internos.

Nogales estuvo la mayor parte de su reclusión en el área de máxima seguridad de Palmasola, donde supuestamente solo están los reos condenados, y cuando contó su verdad sobre lo ocurrido dijo que solo una vez fue ante un juez, que nunca más tuvo una audiencia para saber sobre su situación jurídica y que su encierro lo dejó sin familia, ni amigos. Llanos está preso hace más de siete años, en el área de régimen abierto y ahora padece cáncer de próstata terminal.

Este caso fue olvidado y convirtió a estos reos en presos de un sistema judicial que perdió su expediente y que si no hubiera sido por la búsqueda de respuestas del equipo de la Clínica Jurídica NUR, aún seguiría siendo un expediente empolvado en algún rincón judicial.

Nadie creía en las palabras de los procesados, que ya se habían resignado a vivir en el penal más grande del país hasta el día de su muerte. Ellos siempre aseguraron que nunca cometieron ningún delito y luego que el expediente fue recuperado por la Clínica Jurídica NUR, se conoció un detalle no menor del caso. Sandra, la víctima del hecho de feminicidio que provocó la detención de los acusados y la sentencia de sus dos hermanos por encubrimiento, nunca había dado su testimonio ante los investigadores, pese a que estuvo internada con todas las capacidades plenas para hablar por 16 días en el hospital San Juan de Dios.

A Sandra nunca se le acercó un policía o un fiscal a preguntarle quién o quiénes la atacaron, las razones del ataque y con qué le provocaron las quemaduras en su cuerpo, que luego terminaron con su vida debido a complicaciones posteriores en su corazón.

Solo fue hasta el 8 de agosto pasado, que en un tribunal se escucharon testimonios que cambiaron la realidad de lo sucedido aquella madrugada de 2015, ya que la hermana de Sandra y uno de sus hijos, les dijeron a los jueces que Sandra nunca acusó a nadie de sus quemaduras, que reiteró en varias oportunidades a sus hijos y a sus familiares que todo se trató de un accidente, dejando de lado la hipótesis que los investigadores convirtieron en certeza, de que Juan Carlos y Carlos Juan había decidido asesinarla.

La hermana de Sandra, Magdalena Llanos, testificó que su familiar no acusó nunca a los detenidos en Palmasola por lo ocurrido, relató que todo fue un accidente en medio de un juego entre gasolina y un encendedor, pero que calló durante todos estos años porque nunca la buscaron para decir su verdad y porque solo se quedaron con una primera declaración que se presentó al momento de denunciar el hecho.

Lo mismo pasó con uno de los hijos de Sandra, ya que él ante los miembros del Tribunal Décimo de Sentencia, a cargo de los jueces Guido Castellón Carrillo y Pabla Paola Sandoval Pizarro, señaló que su mamá le confesó que todo fue un accidente, que nunca hubo ningún hecho de agresión hacia ella y que en medio del consumo de bebidas alcohólicas por varios días, la desgracia sucedió.

Pero ambos testimonios nunca fueron buscados y mucho menos escuchados por las autoridades, que cuando ocurrió el hecho prometieron esclarecer el caso y dar con la verdad de los hechos, más aún cuando una mujer había muerto.

Los abogados Ariel Rocha y Carmelo Torrico, apoyados por los estudiantes y miembros de la Clínica Jurídica NUR en Palmasola lograron armar este rompecabezas que tenía a dos personas presas. Una con cáncer de próstata terminal y el otro sufriendo por el abandono de su familia, que creyó en el monstruo que fue formado por los investigadores en torno al posible autor de un hecho, sin que siquiera hubieran escuchado el relato de la víctima.

Pese a todo y aunque se había tomado la decisión de avanzar en un juicio para demostrar las fallas del sistema judicial y penitenciario del país, los involucrados en este proceso decidieron declararse culpables por el delito de homicidio, aceptar una condena de 10 años y esperar dentro de algunos meses salir de un encierro, al que llegaron como feminicidas y dentro de poco saldrán como homicidas. No por haber cometido el delito que los marcó de por vida, sino por la necesidad de encontrar una salida a su encarcelamiento, uno que los mantuvo en silencio por más de nueve años, en medio de un penal que se transforma y cambia con violencia y olvido.

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