Desde 2021 tienen tomada la reserva forestal y área protegida municipal Bajo Paraguá y este 2024 el desmonte ya llegó a las mil hectáreas, mientras que la superficie incendiada superó las 100 mil ha.
A pesar de las denuncias, los avasalladores del lugar han avanzado, este año más que nunca, con instalación de casas e intenciones de ser incluidos en el censo.
Este sábado 21 de septiembre, habitantes y dirigentes de la TCO Bajo Paraguá se comunicaron con EL DEBER para denunciar que un grupo de 40 personas armadas improvisó un retén a la altura de la comunidad Nueva Esperanza, colindante con la reserva, para impedir el paso de los que transitan esa ruta, incluso de los bomberos.
Dirigentes y organizaciones del lugar apuntaron a los Interculturales, específicamente de San Julián, como responsables del bloqueo en la ruta. En mayo de este año, en una inspección, se fotografió una cisterna que aprovisionaba con combustible a los autores del avasallamiento, y que tenía el logo de la Alcaldía de ese municipio.
Asimismo, en el lugar, en otra fecha, se fotografió e identificó a un dirigente intercultural de San Julián en el lugar, Edson Levi Jurárez, que en comunicación con EL DEBER aseguró que solo pasaba por ahí, pero que estaba de ida a pescar.
EL DEBER se comunicó con la dirigencia de la CSUTCB para que responda a las alusiones de avasallamiento, y dijeron que ellos no operan con violencia "como los Interculturales de San Julián, y que es de conocimiento público cómo trabajan estos últimos", poniendo como ejemplo el caso Las Londras.
"Son del evismo, dijo uno de los líderes de Bajo Paraguá, sienten que están regresando al poder, nos dijeron que ya tenían todo arreglado para legalizar el avasallamiento", apuntó, y por su seguridad pidió resguardar su identidad.
Agregó que los hombres armados tomaron de rehén a la subalcaldesa de Bajo Paraguá por unas horas, pidiendo que les devuelvan los 1.700 litros de combustible y otros equipos que les confiscaron hace poco.
EL DEBER también pidió respuesta a la organización Interculturales que este sábado estaba en ampliado en Concepción.
Aseguraron que nada tienen que ver con la gente armada, y que no era cierto lo del secuestro de la subalcaldesa, que solo se trató de un reclamo para que les devuelvan lo decomisado, el combustible, motocicleta, aceite y otras partes de una oruga que desmontaba la reserva.
"Nosotros no tenemos ninguna comunidad asentada ahí, y las que tenemos son legales, esos son los campesinos (CSUTCB). No nos metemos en tierras privadas o fiscales, y si son fiscales se hace un trámite para ingresar. Y si dicen Interculturales, que pasen el nombre del secretario general y con qué subcentral están coordinando", se descargaron.
Dirigentes de la TCO Bajo Paraguá informaron que estaban haciendo sonar las campanas en Piso Firme para movilizar a la gente de este territorio. "Si hay matanza será culpa de nuestras autoridades por no poner un alto a esto. Queremos paz y tranquilidad, da ganas de llorar al ver lo que pasa", dijo uno de los movilizados.
Relativamente cerca del lugar se encuentra un puesto de control del Ministerio de Gobierno y la Policía (FELCN), específicamente en la zona de La Mecha.
Ante los anuncios de gente armada y toma de rehén, EL DEBER consultó sobre el tema al viceministro de Sustancias Controladas Jaime Mamani, quien respondió que en el puesto no había novedades.
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