“Es triste realizar un análisis serio del problema, porque encontraremos complicidad de algunas autoridades y dirigencias cruceñas que, por omisión de responsabilidades o inacción y hasta argumentando extorsión, han permitido avanzar en este plan despiadado de destruir el supuesto poder de la ‘oligarquía cruceña’ a cualquier precio, incluso la destrucción y el ecocidio en el Oriente Boliviano”, reflexionó Luis Alberto Castro, experto en ordenamiento territorial.

Recordó que el departamento cruceño se ha caracterizado por planificar la ocupación territorial, partiendo del potencial del suelo, y que así se inició el trabajo titánico de elaborar un Plan de Uso del Suelo (PLUS), según Decreto Supremo (DS) de 1995 y ley de 2003. 

“Con esto se reglamentó su uso a través de una matriz que explica la manera de intervenir, las actividades que se pueden realizar y las entidades que tienen la responsabilidad de su control, es decir, si se puede desmontar debe ser con permiso y supervisión de la ABT; si se tiene que ampliar o construir caminos, del SEDCAM, etc.”, dijo. 

Además de las directrices del PLUS, Castro rescató el Estatuto Autonómico, que en su artículo 114 – III manda que los asentamientos humanos, al igual que toda actividad que involucre la utilización del suelo en la jurisdicción departamental, “deberá realizarse de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial y al Plan de Uso de Suelo, en protección del desarrollo sostenible del departamento”.

Citó también el artículo 115 del mismo Estatuto, sobre la seguridad jurídica de la tierra y los territorios: “Se respeta el derecho colectivo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de Santa Cruz sobre sus territorios. Asimismo, se respeta el derecho del sector productivo a la propiedad privada y la seguridad jurídica sobre sus tierras, tanto de manera colectiva y/o individual”.

Y a pesar de la existencia de señales positivas para Santa Cruz en materia jurídica, Castro lamentó que hubieran pasado 12 años sin intervención regional en la administración de tierras, llegando a la grave situación actual. 

Cuestionó que se repita lo sucedido en 2019, y que de nada hubieran servido los esfuerzos por realizar un foro sobre los incendios, con personajes de la talla de Alcides Parejas, Susana Seleme, Paula Peña, Roberto Vides, Humberto Vacaflor, Fernando Prado, Carlos Valverde, y Hugo Salmón. 

“Hace cinco años se llegó a la conclusión de la necesidad de aprobar una ley de ordenamiento territorial para asumir las competencias constitucionales en el control del territorio, pero recién a finales del año pasado (noviembre de 2023) promulgaron las leyes departamentales 315, sobre el Ordenamiento Territorial, y 316, de modificación del PLUS”, apuntó.

Ricardo Valverde, director de Ordenamiento Territorial de la Gobernación cruceña, en un foro reciente sobre el tema admitió que la Ley PLUS 1553 indica que para otorgar tierra o asentamiento, es indispensable el requisito Certificado de Asignación de Uso de Suelo (CAUS), otorgado por el Gobierno Departamental. 

“En su gestión, ninguno de los títulos que ha dado tiene el CAUS. Ya es una violación a una ley y una violación a la economía de Santa Cruz”, le dijo en el evento a Eulogio Núñez, ejecutivo nacional del INRA. 

Agregó que otro de los problemas con el INRA tiene que ver con los límites en disputa en el Tribunal Supremo de Justicia de Cochabamba, ya que el INRA insiste en sanear sin especificar la jurisdicción de Santa Cruz, por el tema social. “Me han llegado títulos del INRA de San Julián, pero que están dentro de El Puente (Guarayos), que contradicen los DS 26570 y 5050”, indicó.

También abordó el punto de la Comisión Agraria Departamental (CAD), recordando a Núñez que el director departamental de INRA es el secretario nato fijo, que se ha rehusado a estar presente en las distintas convocatorias. 

“La CAD es legal, ya que está en la ley, y si bien la distribución de tierra es competencia privativa del nivel central del Estado, la CAD ve los dictámenes de cómo este nivel central va a distribuir la tierra”, remarcó.
Sobre el caso Choré, Valverde apuntó que el INRA ha sido parte de la vulneración de la reserva. 

“Tengo que demandar la nulidad de todos los títulos que no tienen CAUS. Como buenos bolivianos, debemos coordinar los tres niveles del Estado para que los ciudadanos estén tranquilos con sus predios”, dijo.

El director de Ordenamiento Territorial de la Gobernación admitió que ha recibido denuncias de productores, que si no cumplen la Función Económica Social (FES), el INRA los puede dejar sin su predio. 

“¿Pero por qué? Si el INRA no tiene esa tuición. El departamento no ha luchado por hacer respetar su competencia, y el momento es ahora, cuando está por finalizar el saneamiento”, afirmó. 

Un último problema citado por Valverde, hablando del catastro del INRA, es que el predio rural, además del ordenamiento territorial, ha sido perforado por las urbanizaciones. 

“No pueden urbanizar en tierras de uso rural porque la propiedad es indivisible si es menor, pero tenemos urbanizaciones regadas por el área metropolitana de Santa Cruz. Eso compete no solo al INRA, también a la ABT, a la Gobernación, a los municipios y a Derechos Reales, este último anota el derecho y es donde he visto una perforación fuerte, incluso del suelo. Y justamente en el tema del límites, por no poner la jurisdicción, tenemos personas inescrupulosas que anotan bienes en diferentes jurisdicciones”, apuntó.

Valverde resumió la problemática en que tanto el INRA como la ABT han usurpado funciones de la Gobernación cruceña; públicamente dijo que el INRA no le recibe las notas que intenta dejar en esas oficinas.

El INRA
En el mismo foro por la tierra, Eulogio Núñez respondió a las observaciones de Valverde. Admitió que es necesario sentarse, y observó que lamentablemente no pudo entablarse una relación con el nivel departamental desde 2021. 

“Ese año, cuando yo ingresé, fue un bombardeo más bien de querer tomar el INRA departamental, o de decir ‘yo tengo la competencia o no’. Ahí ha sido el mismo gobernador quien nos ha planteado una acción de cumplimiento y la perdió. Y se indicó claramente ahí que la Comisión Agraria Departamental provenía de cuando el prefecto era puesto a dedo. El grado competencial está en la Constitución”, defendió. 

Núñez remarcó que saneamiento, distribución y catastro son competencias exclusivas del nivel central del Estado, pero reconoció que para la Gobernación, según la autonomía departamental, quedó el PLUS. 

Aseguró que está abierto al diálogo, “compartamos la información. El INRA, por ejemplo, cuando está saneando, pide a la ABT el uso de suelo, y esta se basa en el PLUS de Santa Cruz; no es el INRA el que cambia”, aseveró.

En las áreas urbanas, la competencia es de los gobiernos municipales, dijo Núñez. “El INRA no tiene nada que ver ahí. Cuando amplían las manchas urbanas, el INRA pierde competencia. Y el que no saneó, lamentablemente está quedando en una inseguridad. Y bueno, eso deberían asumir los gobiernos subnacionales”, delegó.

Retroceso
Para Luis Alberto Castro, la nueva CPE, “elaborada por asesores extranjeros”, si bien incorpora la autonomía, controla sus competencias, sobre todo en materia de tierra, territorio y medio ambiente. 

Observó que esta CPE exige la elaboración de los estatutos autonómicos a las gobernaciones, y las cartas orgánicas a los municipios, y que en el ámbito municipal reduce las competencias a las áreas urbanas, eliminando lo logrado por la ley 1551 de Participación Popular, que extendía jurisdicción y competencia municipal a toda la sección de provincia, y que establecía que, una vez realizado el saneamiento, los datos de la propiedad rural pasarían a los municipios para su administración, a través de su catastro municipal.

“Todo lo concerniente a la administración territorial fue eliminado en el régimen competencial de la nueva CPE del MAS, en 2009.También le otorga al poder central la administración del catastro rural, por medio del INRA, cerrando un círculo que va desde la otorgación de tierras, saneamiento y catastro rural en una sola dependencia, que hoy se ha convertido en una gran inmobiliaria, manejada a gusto por los llamados interculturales”, aludió.

Valverde asumió que recién están ejecutando competencias como Gobernación y admitió que el INRA sigue adjudicando, igual que la AJAM concesiones mineras. “Nos enteramos recién cuando sacan su personería, porque para la personalidad jurídica el CAUS es un requisito”, dijo

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