El escenario laboral en Bolivia se perfila hacia una transformación para el año 2025. Diversos factores como nuevas regulaciones, el avance tecnológico y un entorno económico complejo, convergen para definir las reglas del juego tanto para empleadores como para trabajadores durante la próxima gestión.

Uno de los cambios más significativos podría encontrarse orientado a la implementación de ajustes normativos destinados a promover fiscalizaciones laborales más rigurosas, a fin de garantizar un mayor cumplimiento de las obligaciones patronales, abarcando aspectos como la formalización del empleo, el respeto a los derechos laborales, la capacitación del personal, la seguridad y salud ocupacional, y el archivo correcto de los documentos pertenecientes a los trabajadores.

De igual forma, la inclusión y la diversidad podrían consolidarse como pilares fundamentales en el futuro laboral de Bolivia. Se espera que la promoción de políticas públicas y privadas impulsen la igualdad de género, buscando reducir la brecha salarial durante el próximo año. La integración laboral de personas con discapacidad también podría adquirir mayor relevancia, a través de controles rigurosos que aseguren el cumplimiento de lo establecido por la Ley No. 977 de 26 de septiembre de 2017.

Por su parte, la creciente popularidad del teletrabajo, impulsada de manera significativa por la pandemia, plantea la necesidad urgente de una regulación clara y específica por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Aunque esta modalidad laboral ha demostrado ser una alternativa viable para mantener la continuidad de las operaciones durante emergencias sanitarias, hasta la fecha no cuenta con un marco normativo que establezca derechos, obligaciones y condiciones específicas para empleadores y trabajadores en Bolivia. Esto genera incertidumbre, ya que surgen dudas sobre aspectos como la jornada laboral, los mecanismos de supervisión y las garantías de seguridad y salud en este entorno.

En este contexto, el reconocimiento y la regulación de esta modalidad por parte del ente administrativo, podrían representar un avance legal trascendental para Bolivia en 2025, promoviendo la descentralización del empleo y alineándose con las tendencias laborales globales más innovadoras.

Ahora bien, considerando los recientes cambios normativos relacionados con el ajuste de los aportes solidarios, que incrementan las contribuciones para quienes perciben ingresos superiores a Bs 13.000, Bs 25.000 y Bs 35.000, es posible que se emitan nuevas disposiciones conexas, orientadas a beneficiar a los trabajadores jubilados. Asimismo, dicho ajuste recae sobre el Aporte Patronal Solidario; por lo que, de cara al 2025, estas modificaciones podrían generar un impacto acumulativo que requerirá un monitoreo constante y ajustes regulatorios adicionales. 

Finalmente, desde una perspectiva económica y considerando la situación actual del país, es probable que los empleadores enfrenten mayores desafíos para mantener estructuras salariales competitivas en un entorno de costos laborales más elevados. No obstante, existen alternativas para enfrentar estos retos, como el diseño de estructuras salariales y beneficios, priorizando esquemas que equilibren los intereses de empleadores y trabajadores. 

En definitiva, el panorama laboral en Bolivia se encuentra en una etapa de transformación y oportunidad. Los cambios normativos recientes, así como las exigencias de un entorno económico desafiante y la necesidad de adaptación a nuevas tendencias globales, exigen un enfoque proactivo tanto de empleadores como de trabajadores.

Si bien los retos son significativos, el horizonte también ofrece posibilidades de evolución en 2025. Las empresas que opten por estrategias de adaptación estructural, capacitación del talento humano y diseño de esquemas competitivos, seguramente podrían encontrarse mejor posicionadas para afrontar los cambios venideros.

Noelia Sanjinés

Lilian Rodríguez

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