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Manifestante en una protesta contra la moción del gobierno de aumentar los impuestos para llegar a un acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), frente a la casa presidencial en octubre de 2020.
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Cuando el gobierno presentó su propuesta de aumentar impuestos para llegar a un acuerdo de crédito con el FMI en octubre de 2020, hubo manifestaciones en San José.

Costa Rica tendrá un nuevo gobierno el próximo 8 de mayo liderado por el economista Rodrigo Chaves.

Uno de los retos que deberá enfrentar cuando asuma el poder es hacerse cargo de un país que enfrenta una crisis de deuda pública y un déficit fiscal que ha erosionado la situación económica del país y ha provocado un creciente malestar social.

Aunque el modelo de bienestar de Costa Rica se erigió como un ícono en Latinoamérica y el país se convirtió en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) junto a Chile, Colombia y México, el deterioro progresivo de las finanzas públicas ha repercutido en las condiciones de vida de una parte de la población.

Mientras una de cada cuatro personas vive en la pobreza, casi el 15% no tiene empleo, y la desigualdad de ingresos es una de las más altas de la región, la deuda pública (equivalente al 70,3% del PIB) es la mayor de Centroamérica.

Uno de los interrogantes es cómo el nuevo gobierno va a financiar las demandas de la ciudadanía, cuando la administración saliente tuvo que enfrentar una dura resistencia política al implementar un proceso de ajuste en 2019.

Luego llegó la pandemia de covid-19, que golpeó directamente a la principal fuente de ingresos del país, el turismo, profundizando aún más las grietas del sistema de bienestar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el año pasado un préstamo para Costa Rica de US$1.778 millones (de los cuales se han desembolsado cerca de US$569 millones), en el marco de un acuerdo que incluye nuevos recortes del gasto público.

Rodrigo Chaves
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Rodrigo Chaves asumirá la presidencia de Costa Rica el 8 de mayo.

En ese contexto surge otra de las grandes preguntas: cómo gestionará el préstamo del FMI Chaves, quien en febrero se reunió con representantes del organismo para asegurarles que trabajaría junto a ellos para adaptar las medidas del acuerdo con el fin de alcanzar los objetivos de crecimiento y estabilidad económica.

Lourdes Molina Escalante, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), argumenta que el acuerdo con el FMI "no es suficiente" para enfrentar la crisis fiscal por la que atraviesa el país y responder, al mismo tiempo, a las necesidades de la población.

En entrevista con BBC Mundo la experta salvadoreña, que se ha especializado en el estudio de las finanzas públicas de los países centroamericanos, advierte que, sin una reforma tributaria, es poco probable que el gobierno pueda implementar sus promesas electorales.


Frente al problema de la gigantesca deuda pública y el déficit fiscal, Costa Rica inició un ajuste en 2019. Luego la pandemia causó estragos en el país y el FMI aprobó un préstamo de US$1.778 millones en el marco de un acuerdo que requiere nuevas medidas de austeridad. ¿Qué opina de este acuerdo?

Habría que cuestionar si el acuerdo era suficiente para garantizar la sostenibilidad, no sólo de la deuda pública, sino de todas las finanzas públicas de Costa Rica.

Si bien eran medidas que podrían ayudar, en realidad no eran suficientes para garantizar la sostenibilidad de la deuda y mucho menos de las finanzas públicas. Obviamente sí ha habido algunos avances, pero el acuerdo con el FMI no es suficiente.

¿Por qué?

El acuerdo está concentrado en gran medida en aspectos de eficiencia del gasto público. Pero es que eso es necesario en cualquier país del mundo. Por supuesto que se pueden encontrar espacios para disminuir gastos.

Si bien son medidas necesarias y que obviamente ayudan, no son suficientes porque existe un gran problema de ingresos.

Manifestantes contra el FMI, noviembre 2020.
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Manifestantes contra el aumento de impuestos en Costa Rica.

Costa Rica tiene una de las cargas tributarias más bajas de la región. El país necesita más recursos, especialmente cuando hay un Estado de bienestar que debe garantizar la entrega de bienes y servicios públicos, garantizar los derechos de la población.

En Costa Rica los ingresos siguen recayendo en la recaudación a través del cobro de impuestos indirectos. Los impuestos indirectos usualmente tienen un carácter regresivo porque afectan de manera desigual a la población y terminan siendo pagados por los que tienen menos. Se necesitan impuestos que sean progresivos.

También está el tema de la corrupción, que es un tema que está en toda la región centroamericana, y que se relaciona con los impuestos.

La corrupción le resta legitimidad al gasto público y al quehacer del Estado. La gente dice "para qué voy a pagar impuestos si todo se lo roban".

¿Cuáles son esos impuestos indirectos que afectan a los que tienen menos?

Antes de la reforma de 2018 era el impuesto sobre las ventas. Ahora es el impuesto al valor agregado. Básicamente de cada 100 colones costarricenses que se recaudan, alrededor de 60 provienen de impuestos indirectos y sólo 40 provienen de impuestos directos como el impuesto sobre la renta.

Lourdes Molina
Icefi
"Cuando la gente no ve que su vida mejora, dejan de valorar lo que es vivir en un país democrático", dice la economista salvadoreña Lourdes Molina.

Entonces la famosa regla fiscal que se implementó a partir de 2019 es un esquema incompleto porque no contempla mayores esfuerzos adicionales del Estado costarricense por recaudar más impuestos, o al menos fortalecer la recaudación de los impuestos que ya están vigentes porque hay mucha evasión.

Entonces usted cree que sin aumentar la recaudación fiscal a través de una reforma tributaria, Costa Rica no podrá resolver sus problemas económicos…

Hay que hacer esfuerzos por el lado de los ingresos para que Costa Rica pueda garantizar el bienestar de la población, la estabilidad macroeconómica y fiscal.

Cuando estaba la discusión de la reforma fiscal en 2018, calculamos que se necesitaba un ajuste para conseguir cinco puntos del PIB. Y lo que se aprobó iba a recaudar la mitad.

Se suponía que en 2020 veríamos si esa reforma había logrado las metas, pero llegó la pandemia.

Ha habido protestas en las calles de Costa Rica contra el ajuste fiscal. Muchas personas sienten que las medidas de austeridad las terminan pagando los más pobres y que las élites continúan en una situación privilegiada, un fenómeno que se repite en otros países de América Latina…

Hay un tema de transparencia, de rendición de cuentas. Con los casos de corrupción que ha habido en la historia de Costa Rica, el Estado ha ido perdiendo legitimidad.

La corrupción afecta la moral tributaria, que es la disposición voluntaria de los y las ciudadanas a pagar sus impuestos y cumplir con sus obligaciones tributarias.

Costa Rica en cifras 🇨🇷.   [ US$12.069 de PIB per cápita, frente a US$5.921 de promedio en Centroamérica (solo superado por Panamá). ],[ 3,4% de población en situación de pobreza extrema, frente a 11,55% en Centroamérica*.  ],[ 99,4% de población alfabetizada (15-24 años), frente a 96,5%  en Centroamérica*. ],[ 1er país más feliz de América Latina (16º del mundo) con datos de los últimos tres años. ],[ 2º país de América Latina (44º del mundo) donde la gente tiene más posibilidades de prosperar, por detrás de Uruguay. ], Source: Fuentes: La región en cifras, SICA (2021), Índice de Movilidad Social Global del Foro Económico Mundial (2020), Informe Mundial de la Felicidad (2021). *No incluye datos de Belice., Image: Bandera de Costa Rica

Por eso muchas personas no quieren pagar impuestos. Eso es un sentimiento que creo que es común en muchos de los países de la región centroamericana y latinoamericana, porque al final las personas no ven los beneficios, no ven que el Estado les facilita bienes o servicios públicos de calidad.

Y eso que Costa Rica tiene buenos niveles de cobertura, tanto educativos como de salud, comparado con otros países. Aún así hay cuestionamientos.

El alto nivel de abstencionismo en las elecciones de Costa Rica también estaría relacionado con el malestar social, con que la gente no le cree a nadie, independiente del partido político…

Nosotros hemos estado levantando las alertas desde el Icefi, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, desde hace varios años, en el sentido de que usualmente cuando hay problemas de carácter fiscal empieza a haber problemas de legitimidad del Estado.

Se empieza a repetir una narrativa, en discursos y en los comentarios de la gente, de que el Estado no sirve para nada, solo para mantener a una clase política que lo único que le interesa es enriquecerse a costa de lo que pagamos todas y todos.

En Costa Rica ya se venía escuchando esta narrativa porque la situación fiscal al final determina la posibilidad de que el Estado garantice los derechos de la población.

El Estado costarricense ha ido perdiendo progresivamente su capacidad de garantizar ese estado de bienestar que su Constitución establece por las mismas presiones de carácter fiscal.

Además, no han ayudado para nada los diferentes casos de corrupción y la impunidad. También hemos visto un desencanto con la clase política en distintos países de la región. Lo hemos vivido en El Salvador, lo estamos observando en Guatemala, y por supuesto en Nicaragua.

Es que lo que estamos viendo en Costa Rica ya lo hemos visto antes en otros países de la región centroamericana. Y con el desencanto se crean espacios para que los gobiernos implementen prácticas que no son precisamente democráticas.

Manifestante en Costa Rica contra el FMI. Octubre 2020
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"La gente dice ¿para qué voy a pagar impuestos si todo se lo roban?", señala Lourdes Molina.

La gente se pregunta, ¿para qué voy a votar si cualquiera que gane va a robar y no va a hacer nada?

En nuestros países los candidatos ofrecen de todo pero no dicen cuánto va a costar y de dónde va a salir ese dinero, es decir, cómo va a financiar sus promesas.

Eso puede poner en riesgo la democracia…

Hay una encuesta de Latinobarómetro sobre la percepción de las personas en la región centroamericana.

Los resultados arrojan que a las personas no les importaría vivir en un régimen no democrático con tal que le resuelvan sus problemas económicos.

El pescador Emilio Chávez mira al cielo
Marcos González
Buena parte de la población de Puntarenas en Costa Rica depende de la pesca para subsistir.

Cuando la gente no ve que su vida mejora, dejan de valorar lo que es vivir en un país democrático.

Piensan que la democracia no es tan buena porque no hay empleo, no hay buena salud, no hay buena educación.

Las personas se vuelven más tolerantes a las prácticas autoritarias en sus países porque les interesa que les garanticen la sobrevivencia.

¿Cómo ve el resultado de las presidenciales en Costa Rica con el triunfo de Rodrigo Chaves para el futuro económico del país?

El plan de gobierno establece algunas medidas que pueden ayudar a mejorar la situación fiscal y la transparencia presupuestaria, pero hay afirmaciones en el plan de gobierno que nos llevan a cuestionar la viabilidad de las promesas. Por ejemplo, que no menciona el tema de los impuestos para solventar la crisis fiscal.

En un contexto fiscal como el costarricense, no se puede dejar de lado la discusión de los impuestos. Entonces, vemos un obstáculo para el nuevo gobierno en el sentido de trasladar su plan a la realidad.

Vanessa Vadillo en su casa
Marcos González, BBC Mundo.
Vanessa Vadillo vive en Tárcoles, un pueblo en el litoral del Pacífico de Costa Rica. Su familia no ha visto los beneficios de la prosperidad costarricense.

Es poco probable la viabilidad de las promesas, aunque va a depender mucho de quiénes sean los funcionarios del gabinete y de otras condiciones.

Es muy complejo ponerse de acuerdo en temas fiscales en todos los países y en Costa Rica se va a necesitar un pacto fiscal, un acuerdo con los distintos sectores de la sociedad porque los problemas son muy grandes.

Si no se logra un pacto fiscal, ¿está en juego el Estado de bienestar en Costa Rica?, ¿cuál es el mayor riesgo para el país?

Justamente el riesgo es el continuo deterioro del Estado de bienestar costarricense. Y el problema es que progresivamente la gente no solo se desencanta del Estado, sino también de la democracia.


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