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Álvaro Gómez Hurtado
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Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado a los 76 años de edad.

La historia de Colombia está llena de magnicidios, crímenes políticos que sacudieron al país.

Quizá el más importante sea el de Jorge Eliécer Gaitán (1948), líder de una revolución popular cuya frustración, en parte, originó el conflicto armado.

Otro fue el asesinato de Luis Carlos Galán (1989), también candidato presidencial del liberalismo que prometía cambiar la política y acabar con el narcotráfico.

Ambos levantaron olas de suspicacia que aún hoy dan de qué hablar.

Pero quizá ninguno generó tanta especulación, sobre todo en tiempos recientes, como el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, un líder del Partido Conservador que el 2 de noviembre de 1995, a las 10 y 20 de la mañana, recibió cuatro disparos cuando salía de dar clase en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.

A diferencia de Galán o Gaitán, Gómez Hurtado no era un caudillo que prometía romper con la historia, sino un defensor del establecimiento; un gestor de poder cuyo valor histórico y simbólico, es probable, se transformó en estos 25 años por el revuelo que generaron, hasta hoy, las circunstancias de su muerte.

Gómez fue senador, embajador en Italia, Estados Unidos y Francia, tres veces candidato presidencial, cerebro de la Constitución del 91 y director de El Siglo, un diario conservador dirigido a una élite informada de Bogotá.

Asimismo, era hijo y heredero político de uno de los hombres más relevantes de la historia: el expresidente Laureano Gómez.

Cada vez que surgió un detalle sobre el magnicidio de Gómez Hurtado durante estas dos décadas y media, los colombianos se dividieron: cada quien puso el dato donde fuera que cuadrase en su versión de los hechos. Y la justicia investigó —o no— a medida que los tiempos políticos lo permitieron. Impunidad, al final, fue siempre el resultado.

Una decena de testigos clave del caso han sido asesinados. Hubo 13 imputados, 23 fiscales y un condenado que siempre negó los cargos: Héctor Paúl Flórez, el sicario que, según la justicia, disparó el arma (y que, de acuerdo a la familia Gómez, es inocente).

Los detalles del caso ilustran el pasado —o el presente— traumático de Colombia: cualquier versión que se contemple tiene como protagonistas a los políticos, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares que marcaron el acontecer nacional.

Repasar las tres principales versiones sobre quién mató a Álvaro Gómez Hurtado es, en parte, hacer un recorrido por la historia reciente de este país accidentado.

Escena del crimen de Gómez Hurtado
AFP
Gómez Hurtado lo mataron cuando salía de dar clase, en la mañana, en una universidad en Bogotá.

1. Fueron las FARC

Hasta el pasado 3 de octubre, ningún actor conocido se había adjudicado la autoría del asesinato ni la Fiscalía había investigado la hipótesis de que fueran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero durante los testimonios de los exguerrilleros en la JEP, la justicia transicional que se creó tras el acuerdo de paz con Juan Manuel Santos en 2016, un grupo de excombatientes en nombre de las FARC dijeron haber cometido el crimen.

La confesión sorprendió a los colombianos, pero ni la familia Gómez ni fiscales que llevaron el caso la creyeron.

En un comunicado, las FARC anunciaron que declararían a la justicia "por qué Gómez era considerado un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes FARC-EP y por qué decidimos callar este hecho todos estos años".

Además de los testimonios de exguerrilleros, la evidencia que puede probar esta teoría son unas cartas del cofundador de las FARC, Manuel Marulanda, en las que parece mencionar el atentado y la necesidad de mantenerlo en secreto.

https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1312424619521998849

Sin embargo, la validez de las cartas ha sido cuestionada por fiscales, periodistas y la familia Gómez desde que se dieron a conocer en 2012 por un polémico senador de derecha, José Obdulio Gaviria, en un contexto políticamente sensible: cuando el proceso de paz con Santos estaba por anunciarse.

En caso de que la JEP contemple la versión, son varias las preguntas que tendrá que abordar: ¿por qué el asesinato no se menciona en los 700 computadores de las FARC en poder de las autoridades?, ¿por qué esperaron 25 años en reconocer el hecho, un posible "triunfo revolucionario", cuando en otros crímenes lo hacían casi de inmediato?, ¿por qué en dos décadas de pesquisas nunca se contempló que fueran las FARC, que usualmente eran el primer sospechoso de crímenes a ojos del establecimiento?

Los observadores también se preguntan qué ganan los exguerrilleros con adjudicarse el homicidio ahora.

Y la respuesta, que también se usa para desacreditar la versión que sigue, puede ser ésta, escrita por el periodista Jorge Gómez Pinilla en su libro "Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez": "Muchos delincuentes vieron en el asesinato de Gómez Hurtado una oportunidad para sacar provecho procesal a cambio de historias ficticias. Primero en busca de rebaja de penas, y eventualmente para tocar a las puertas de la JEP".

"Las FARC sembraron más confusión", le dijo Gómez Pinilla a BBC Mundo. Y Mauricio Gómez, hijo del político asesinado, añadió: "Poco a poco se les va a caer la mentira".

Manuel Marulanda
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El principal líder de las FARC, Manuel Marulanda, murió sin que siquiera se pensase el rol de las FARC en el homicidio. Hoy le atribuyen haberlo ordenado.

2. Fue el presidente Samper

En 1995, la presidencia de Ernesto Samper, un político liberal que, entre otras cosas, apoyaba la legalización de la marihuana, pendía de un hilo, después de que se comprobó que a su campaña electoral entró dinero del Cartel de Cali, entonces el grupo narcotraficante más importante del país.

A través de sus editoriales de El Siglo y su influencia en el Partido Conservador, Gómez Hurtado se convirtió en el principal vocero de la demanda por la renuncia de Samper, gobernante al que consideraba líder de un "régimen".

Según decenas de testimonios que incluyen la declaración de Fernando Botero Zea, ministro de Samper condenado por enriquecimiento ilícito, y de Luis Gómez, un exnarcotraficante del Cartel del Norte del Valle conocido como "Rasguño", el autor intelectual del magnicidio fue el entonces jefe de Estado.

La hipótesis es que el presidente Samper y su ministro de Interior, Horacio Serpa, supuestamente se aliaron con este y otros grupos narcotraficantes y paramilitares para matar a Gómez Hurtado con tres propósitos: desviar la atención del llamado Proceso 8.000, acabar con un férreo opositor y evitar la extradición de delincuentes, una prioridad del conservador en su eventual gobierno.

Ernesto Samper
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El proceso 8.000, sobre la financiación del narco a la campaña, se tomó la agenda de Samper y acabó con un gobierno que prometía reformas de fondo.

Las pruebas que sostienen esta versión —detalladas en el libro "¿Por qué lo mataron?" de Enrique Gómez Hurtado, hermano de Álvaro— incluyen los testimonios de narcotraficantes, paramilitares y abogados que pudieron haber hecho parte de la conspiración presuntamente liderada por el presidente.

Samper ha dicho que esta teoría es inverosímil, porque además de que no hay pruebas fuera de testimonios emitidos una década después por personas condenadas, su gabinete tenía representación ministerial de "alvaristas" y su relación con el dirigente conservador era "amistosa".

El expresidente liberal suele también añadir que su gobierno fue el que, en 1997, restableció la extradición que tanto temían los narcotraficantes.

Otro de los contrargumentos a esta teoría es que la familia Gómez está supuestamente detrás de una indemnización del erario que solo podría concretarse si se concluye que fue un crimen de Estado.

Enrique Gómez Martínez, sobrino del líder asesinado y abogado de la familia, le explicó a BBC Mundo por qué considera los testimonios de delincuentes pruebas fehacientes.

"Yo no estoy usando testigos falsos. Yo le hablo del poder mafioso de Colombia de los 90. Yo no monté ni compré un cartel de testigos. Yo lo que hice fue un trabajo de práctica de pruebas; cotejé e investigué testimonios de importantes miembros del Cartel de Cali, el Cartel de Medellín, el Cartel del Norte del Valle y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que confirmaron de manera independiente, referenciada y verificada que Orlando Henao (líder del Cartel del Norte del Valle) ordenó el asesinato para cumplir un acuerdo con Samper".

En el acuerdo, aseveró, los narcotraficantes mataban a Gómez Hurtado y se entregaban a la justicia a cambio de rebajas de penas, control de sus cárceles e incautaciones insustanciales.

Samper, citando una ausencia de pruebas, niega tal acuerdo.

En cuanto a la supuesta intención de buscar una recompensa por la muerte de su tío, Gómez Martínez asegura: "Nos hemos gastado 1.200 millones de pesos (US$330.000) en este proceso y yo le he dedicado, sin recibir un peso, 12 años de mi carrera, ¿de verdad usted cree que lo que buscamos es plata? (…) Esta no es nuestra versión ni una teoría; es lo que muestran las pruebas, y lo único que pedimos es que se tengan en cuenta y haya un juicio justo".

3. Fueron los golpistas

La versión que por más tiempo consideró la Fiscalía —hasta el mandato del polémico Néstor Humberto Martínez (2016-2019)— fue que un grupo de empresarios y políticos de derecha y coroneles y generales del ejército mandaron a matar a Gómez Hurtado cuando se negó a dar un golpe de Estado contra Samper.

Esta es la hipótesis que manejaba Myles Frechette, entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, también supuestamente invitado a fraguar el golpe: "(Lo mataron) porque querían borrar su rastro. Borrar la conexión entre ellos y Álvaro Gómez. Cuando él les dijo que no, ellos pensaron 'caracho, de pronto el tipo suelta la letra y se le sale algo'", le dijo el fallecido diplomático al periodista Gómez Pinilla.

Hay dos elementos probatorios de la escena del crimen que han sugerido un posible involucramiento de militares: que los asesinos escaparon sin persecución y que ahí mismo había un vehículo del ejército vigilando los hechos con cuatro funcionarios adentro.

"Ambas cosas se probó que no ocurrieron", dice Gómez Martínez.

Samper con militares
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Aunque la relación de Samper con los militares fue en general armoniosa, su perfil y plan de gobierno chocaba con las pautas tradicionales de ejército colombiano.

En 1998, la Fiscalía le incautó a Rommel Hurtado, un político conservador que fue asesinado en 2010, un manifiesto titulado "Acto del Poder Constituyente" que detallaba el presunto complot para tumbar al presidente.

Un mes antes del asesinato, el abogado de Samper, Antonio José Cancino, sufrió un atentado que, según la Fiscalía del momento, fue ejecutado bajo las mismas pautas con que mataron a Gómez Hurtado, a la salida de una universidad.

Llamadas anónimas a medios de comunicación y estudiadas por la Fiscalía, asimismo, mantenían que ambos crímenes fueron cometidos por un movimiento llamado "Por la dignidad de Colombia" que pedía la renuncia de Samper y amenazaba con matar al mandatario y sus allegados.

Gómez Martínez, el abogado de la familia, dice que esta versión fue descartada: "Yo mismo pedí que se abriera un expediente por conspiración, no la descarté en un principio, pero se archivó porque de una inspección judicial a los archivos de la Fiscalía logramos obtener informes de situación según los cuales no se mencionan ni golpes de Estado ni conspiraciones militares".

En 1995, el abogado y sobrino era asesor del dirigente, por lo que dice: "Yo lo veía dos o tres veces por semana y le digo: él sí estaba dispuesto a declarar incompetente al presidente a través del Congreso, pero nunca hubo una sola mención sobre esta tal propuesta de tumbarlo".

Partidarios de la candidatura presidencial de Gómez Hurtado en 1990.
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Gómez Hurtado se postuló tres veces a la presidencia. La última en 1990.

Gómez concluye: "Tanto el manifiesto como la Brigada 20 (la unidad militar supuestamente involucrada) fueron exhaustivamente investigados y no se encontró nada (…) El famoso Acto del Poder Constituyente es una fotocopia cuya veracidad no tiene manera de confirmarse".

El comandante de la Brigada 20, coronel Bernardo Ruiz Silva, fue uno de los 12 de 13 imputados exonerados en 1999.

El periodista Gómez Pinilla entrevistó a dos de los fiscales que, a pesar de las amenazas por las que se tuvieron que exiliar, imputaron al general. "Ambos mostraron sorpresa ante la absolución", dice.

Y concluye: "La más nítida impresión que me llevé como resultado de mi investigación es que fue un operativo del ejército (…) que puso todo lo que estuvo a su alcance para sacar libre al coronel Ruiz Silva y sus cómplices, y lo logró".

Todos los actores de la política colombiana, legales e ilegales, han sido protagonistas de esta historia. Así, parece imposible que, tras 25 años de impunidad, la justicia llegue a una versión que no dé, al menos a algunos colombianos, la sensación de impunidad .


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