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Por qué el mayor caso anticorrupción de América Latina enfrenta un "final funesto" en su país de origen
La operación Lava Jato, que destapó una red regional de sobornos, se debilita en Brasil tras el cierre de su equipo de fiscales y un fallo del Supremo sobre la parcialidad del exjuez Sergio Moro al juzgar a Lula.
El escándalo que surgió casi por azar en una gasolinera de Brasil y se volvió el mayor caso anticorrupción en América Latina enfrenta "final funesto" en su tierra natal.
La investigación Lava Jato, que destapó una trama de corrupción multimillonaria a nivel regional, sufrió esta semana un duro revés con un fallo inapelable contra su principal símbolo en Brasil: el exjuez Sergio Moro.
El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte de justicia brasileña, determinó que Moro fue parcial en el caso que acabó con la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Si bien la decisión del STF se limita al juzgamiento sobre Lula, que fue anulado, algunos advierten que podría extenderse a otros procesos de la Lava Jato en Brasil.
Esto ocurre además pocas semanas después que fuera desmantelado el equipo de fiscales de este caso, que sorprendió al mundo con sus investigaciones y ahora está bajo la lupa por su proceder.
Según expertos anticorrupción, todo esto augura el ocaso de una operación que sacudió el poder, llevó a la cárcel a expresidentes, políticos y empresarios, y hasta inspiró libros, películas o series de TV.
"La Lava Jato está con los días contados", dice Manoel Galdino, director ejecutivo de la organización no gubernamental Transparencia Brasil, a BBC Mundo.
De juez a político
En portugués, Lava Jato significa "lavacoches" y alude al lugar donde comenzó el caso: una gasolinera de Brasilia donde nadie limpiaba autos, pero la policía sospechaba que lavaban dinero.
Al indagar y usar acuerdos de delación con acusados, los fiscales descubrieron un esquema de sobornos por contratos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras con constructoras de Brasil.
El dinero desviado de esos contratos inflados acababa en manos de políticos de distintos partidos, así como de intermediarios y empresarios.
Moro fue el juez que supervisó ese caso desde el inicio, lo que le valió fama de implacable.
Y, como algunas de las constructoras involucradas obtuvieron contratos de obras con otros gobiernos de América Latina mediante sobornos, el escándalo se expandió por la región.
Se estima que sólo la constructora Odebrecht distribuyó sobornos por unos US$800 millones en varios países.
Un total de 174 personas fueron condenadas en Brasil, según el último balance publicado por la fiscalía en enero.
Además fueron devueltos a los cofres públicos el equivalente a US$765 millones y se emitieron 723 pedidos de cooperación internacional.
Las investigaciones derivaron en el arresto de expresidentes de Perú, Panamá y El Salvador.
Y en Brasil las revelaciones desataron protestas callejeras contra la clase política, que en 2016 reaccionó destituyendo a la presidenta Dilma Rousseff en un impeachment por temas presupuestales.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y lidera el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, fue condenado a 12 años de prisión acusado de recibir un apartamento como soborno de la constructora OAS.
La condena, que impidió a Lula ser candidato presidencial en 2018, fue emitida en primera instancia por Moro y mantenida en una corte de apelaciones.
Pero Moro pasó luego a ser ministro de Justicia del vencedor de esa elección, el actual presidente Jair Bolsonaro.
Y, con la filtración de diálogos que sugerían que Moro dirigió indebidamente al fiscal jefe de la Lava Jato, crecieron las sospechas de politización del caso.
"Preocupa mucho"
El fallo del Supremo sobre la parcialidad de Moro al procesar a Lula avaló el martes el argumento del expresidente de que fue perseguido por el juez, y arrojó sombra sobre el futuro de Lava Jato.
"Que Moro sea sospechoso para juzgar a Lula no significa que desaparecieron todos los hechos gravísimos de la más elevada corrupción", advierte Miguel Reale Júnior, un exministro brasileño de Justicia.
Pero añade que la decisión del STF por tres votos a dos fue una decepción para los brasileños, que según encuestas respaldan mayoritariamente la Lava Jato,
"Esto preocupa mucho porque significa una señal verde para la corrupción, o que la población no puede creer más en la justicia", dice Reale Júnior a BBC Mundo.
Y sostiene que "para conspirar contra la Lava Jato se unieron las fuerzas más diversas del país, aquellas involucradas en la corrupción, que no se limitó al PT".
Señala por ejemplo que Arthur Lira, quien pasó a presidir la Cámara de Diputados en febrero con el apoyo de Bolsonaro tras ser investigado en la Lava Jato, elogió el fallo del STF contra Moro.
El exjuez, que el año pasado renunció al gobierno de Bolsonaro por discrepancias con el presidente, sostuvo este miércoles que tiene "absoluta tranquilidad" sobre las decisiones que tomó en la Lava Jato.
En febrero, la fiscalía federal anunció oficialmente que se había desmantelado el equipo de procuradores que durante siete años impulsó Lava Jato y algunos de sus miembros pasarían a una unidad de crimen organizado.
Galdino, de Transparencia Brasil, cree que será difícil revertir otras decisiones del pasado, pero a futuro la operación "va a tener mucha dificultad para condenar y hacer que progresen los procesos que aún no fueron juzgados".
A su juicio, un error clave de la Lava jato "fue querer resolver el problema de la corrupción en Brasil y cambiar los políticos, que no es el papel de la justicia".
"Este es un final funesto para la Lava Jato", reflexiona. "Estamos volviendo a como era diez años atrás, cuando sabíamos que había impunidad y nadie grande iba a ser preso por corrupción".
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