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Cali
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Los disturbios y los actos más graves de vandalismo se registraron en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, dejando víctimas e importantes destrozos materiales.

La tercera jornada de disturbios por la reforma tributaria en Colombia dejó al menos dos muertos en Cali este viernes, según confirmó el alcalde de la ciudad colombiana, Jorge Iván Ospina, en una comparecencia grabada en vídeo.

Ospina informó este sábado que las víctimas son un hombre de 60 años, "herido por arma de fuego", y otra persona, "más joven", que fue golpeada por un "elemento contundente".

El alcalde lamentó las muertes y denunció lo "intolerable" de la situación, expresando su "solidaridad" con los familiares y amigos de los fallecidos.

La cifra total de muertes no está clara aún, sin embargo. La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes sostiene que podrían ser al menos 14 las personas fallecidas.

La tensión en las calles ha ido en aumento desde que los sindicatos convocaran el pasado miércoles protestas en las principales ciudades del país para exigir al Gobierno del presidente, Iván Duque, el retiro del proyecto de reforma tributaria que presentó al Congreso para subir los impuestos.

Los disturbios y los actos más graves de vandalismo se registraron en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, en donde encapuchados atacaron sucursales bancarias, oficinas gubernamentales, saquearon establecimientos comerciales e incendiaron estaciones de transporte público y autobuses, informa la agencia de noticias Reuters.

Policía Cali
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Hay desplegados 2.500 uniformados del Ejército y la Policía Nacional, según el Ministerio de Defensa.

Especialmente afectado está siendo el sistema de transporte público de la ciudad, llamado MIO, cuya red ha sido destruida "en un 60%", informa Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia.

Ospina cifró en 80.000 millones de pesos (US$ 21,5 millones) el coste de las pérdidas para la ciudad debido a los saqueos y los destrozos.

"Hemos identificado que los hechos violentos en Cali han sido premeditados, planeados y patrocinados por organizaciones criminales. Llegamos con más hombres y mujeres de la policía y del ejército para garantizar la defensa y la seguridad de los ciudadanos", declaró en una comparecencia Diego Molano, ministro de Defensa Nacional de Colombia.

El Ministerio anunció la incorporación de más de 800 integrantes de la fuerza pública en las últimas horas para controlar la situación, sumando ya más de 2.500 uniformados del Ejército y la Policía Nacional.

¿Por qué esta virulencia en Cali?

Son varios los factores que hacen de Cali una ciudad vulnerable ante la violencia, explica Daniel Pardo.

"Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, pero es la primera en términos de homicidios y una de las más peligrosas de América Latina, según rankings independientes, debido a una larga tradición de narcotráfico y presencia de bandas armadas".

"Aunque estos disturbios no provienen de la criminalidad, sí hay una tendencia a la violencia en la ciudad, que también tiene una gran tradición de rebeldía y protestas", señala.

Manifestantes
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Los manifestantes atacaron sucursales bancarias, oficinas gubernamentales y provocaron importantes destrozos en el sistema de transporte.

"Lo que hace diferente a Cali es que está en una región compleja. Es receptora de inmigrantes del Pacífico y del interior andino, tiene áreas de importante pobreza y está localizada en las proximidades de territorios afectados por conflicto armado, producción de coca o arraigadas protestas indígenas que le hacen propensa a la violencia", añade Pardo.

El contexto sociopolítico también influye en el rechazo en la calle a la reforma tributaria. "Cali es una ciudad muy golpeada por la pandemia y la crisis social derivada de esta", apunta el corresponsal.

"Hay una clase media-baja que trabaja en parte en la economía informal" y cae con facilidad en la pobreza. Además, "a diferencia de Medellín o Barranquilla, es más favorable a gobiernos de izquierda", explica Pardo.

Las protestas continúan pese a una orden judicial y a los llamados de las autoridades para suspenderlas en un momento en que el país enfrenta la tercera ola de la pandemia de la covid-19, que tiene muy afectado al sistema hospitalario.


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