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El presidente del Consejo Tsimane de San Borja, Carlos Sarabia, y la representante de juventudes del pueblo Guarayú, Verena Uraza, defienden la validez de la justicia indígena y rechazan el asesinato como parte de las sanciones que puede asumir un consejo indígena. Ambos reiteran la defensa de la vida como principio fundamental.

La violenta muerte de Renato C.T., de 18 años, en la comunidad tsimane de Catumare, situada a orillas del río Maniqui del municipio de San Borja (Beni), ha puesto en debate el alcance de la justicia indígena que rige en las 34 naciones de tierras bajas. El joven acusado falleció a consecuencia de las quemaduras sufridas como parte de un castigo impuesto por la comunidad.

Sarabia, presidente del Consejo Tsimane, reivindica el valor de la justicia indígena que “se rige por normas que no comprenden la sanción de quemar a una persona”. Considera que lo acontecido en Catumare es un exceso que daña a la comunidad.

De acuerdo a los usos y costumbres del pueblo Tsimane, los delitos considerados como graves son remitidos a la justicia ordinaria. La cooperación entre ambos sistemas viabiliza una justicia indígena sin caer en medidas abusivas.

Si hay un problema, se convoca a los corregidores para que se actúe dentro del Estatuto Orgánico de nuestro pueblo”, afirma Sarabia. Será el cabildo, después de escuchar a las partes, quien disponga una sentencia o castigo mediante el voto resolutivo, aclara la autoridad indígena.

¿Cómo se explica lo ocurrido días atrás?

Sarabia explica el procedimiento que se debe seguir ante un caso de asesinato como el ocurrido en Catumare. “Si es un asesino, lo llevamos a la Policía”, afirma. Lamenta situaciones como las vividas en esta comunidad puesto que la propia policía “lo suelta y devuelve el problema a la comunidad”.

En este caso concreto, los comunarios, “que no conocen derechos y no conocen leyes” tomaron una decisión que va en contra de las normas que implica la justicia comunitaria. Sarabia considera que la falta de corregidores que puedan guiar la determinación pudo repercutir en la decisión asumida más por “venganza” que por justicia.

Las autoridades Tsimanes colaboraron con las investigaciones policiales para que determinen a los autores materiales del asesinato de Renato. Los dos aprehendidos fueron trasladados a San Borja donde un juez cautelar definirá su situación jurídica.

Justicia proporcionada

Verena Uraza pertenece a la nación Guarayú dice que también se rigen por la justicia indígena, aunque reconoce que no es muy frecuente que se instalen los cabildos para tratar problemas internos. “Hace más de dos años que no se ha tratado un caso”, indica.

Uraza reconoce que cada pueblo indígena cuenta sus propias normas, de acuerdo a sus usos y costumbres, que orientan la aplicación de la justicia. Un denominador común establece la proporcionalidad entre el delito y el castigo que se aplica. Por ejemplo, dentro de la comunidad guaraya, se prioriza la restitución del daño y el trabajo comunitario.

Las resoluciones son asumidas en el marco de un cabildo y se expresan mediante un voto resolutivo. La sanción más grave que puede dictarse dentro del ordenamiento de la justicia que aplican los pueblos guarayos, señala Verena, consiste en “sacarlo de la comunidad y entregarlo a la justicia ordinaria”.

En un hecho como el asesinato, “colaboramos con la justicia ordinaria y entregamos al culpable para que sea juzgado por esa vía”, matiza. Como pueblo indígena se rigen por principios que “en todo momento respetan la vida”.

La cooperación entre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria contempla el respaldo por parte de un juez a las disposiciones emitidas en un cabildo. Forma parte del respeto mutuo entre ambos sistemas, aclara Uraza.

Al referirse al caso concreto de Catumare, Uraza supone que “se han sobrepasado porque nadie puede decidir sobre la vida de un ser humano”.

Tribunal de justicia indígena

Sobre este tema también fueron consultados los líderes de las naciones Uchupiamona y Chiquitana, Álex Villca y Ronny Ribera, respectivamente. Ambos coinciden en que los indígenas de tierras bajas, agrupados en 34 naciones reconocidas por la Constitución Política del Estado, respetan la vida ante todo y que el máximo castigo que se le da a un miembro es la expulsión.

Sobre lo acontecido en Catumare, para Ribera, es consecuencia del abandono del Estado a los pueblos indígenas, la división entre ellos y la corrupción de algunos dirigentes. Pone como ejemplo lo que han  tenido que hacer los investigadores que se trasladaron hasta allá, desde el área urbana de San Borja navegaron dos días para llegar a la comunidad.

Es como si no existieran estas naciones para el Estado, pero ahora sí porque son presentados como violentos, agrega. Villca coincide con Ribera e insiste en que se debe tener en cuenta que el término de justicia comunitaria no se maneja en las tierra bajas, sino de justicia indígena y que la misma comprende un Tribunal de Justicia y un Consejo de Sabios, que cada nación, de acuerdo a sus usos y costumbres, debería tener. 

Hasta el momento, ninguna de las 34 naciones de tierras bajas ha logrado conformarlo.

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