Por resolución suprema firmada por Evo Morales, una parte de la Reserva de Biósfera y Estación Biológica del Beni fue reducida a 50 hectáreas; el territorio restante pasó a ser tierra fiscal disponible. Una sentencia del Tribunal Agroambiental revirtió esa orden

18 de julio de 2022, 4:00 AM
18 de julio de 2022, 4:00 AM


El país casi pierde una importante porción de una de sus áreas protegidas (AP) nacionales, luego de que, en 2017, el proceso de saneamiento del INRA concluyera que el Centro de Operaciones El Porvenir, de 2.200 ha, y parte de la Reserva de Biósfera y Estación Biológica del Beni (EBB), ‘incumplía’ con la Función Económica y Social (FES) de la tierra, y de que la decisión fuera sellada con la Resolución Suprema 22142, de octubre de 2017, firmada por el entonces presidente Evo Morales.

Según este documento, el Centro de Operaciones de la EBB quedaba reducido a 50 ha, específicamente la parte donde estaba el campamento de los guardaparques, y que fue clasificada por el INRA como “pequeña propiedad con actividad agrícola”.

Un año antes de esa determinación, el director del AP en ese momento, Félix Gonzales Bernal, a través de memorial, planteó la argumentación sobre el beneficio ambiental de toda la reserva, haciendo un listado de riqueza de la biodiversidad en el lugar, además su importancia hídrica, anexada a un sitio Ramsar.
A pesar de eso, el INRA procedió a la conversión a tierra fiscal disponible, oleada y sacramentada con la resolución suprema.

Gestiones del Sernap

De acuerdo a Mauricio Chiri, abogado experto en temas ambientales, y funcionario del área legal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en esa fecha, en medio de la desesperación, ya que el Sernap no había perfeccionado su derecho propietario, la estrategia asumida por el director del AP fue mover vacas de un punto a otro, para salvar esta parte de la EBB.

“Se entiende la desesperación para no perder el área. Hay que tomar en cuenta cuánto duró el proceso de saneamiento y la interpretación constitucional que querían hacer, no había forma. Según el criterio, solo había que cumplir la FES, pero esa no era la vía”, reseñó.

Cuando empezó el saneamiento, de acuerdo a la versión de Chiri, lo que hizo el Sernap fue tratar de cumplir la FES, siguiendo la línea que el INRA trazaba, por eso se movió ganado, “para decir que se cumplía la FES con la crianza de ganado y la investigación que se hacía ahí”, explicó.

Fue Chiri el encargado de impugnar la decisión del INRA y de Morales, a través de un recurso contencioso administrativo, planteado en 2017 al Tribunal Agroambiental, y que recién obtuvo respuesta. Una muy celebrada por los defensores ambientales.
Lo que hizo fue demostrar que en el Centro de Operaciones El Porvenir, de la EBB, se llevaban a cabo acciones de investigación, pero como esa documentación no había sido presentada en el momento oportuno, es decir en el proceso de saneamiento, no era considerada prueba de reciente obtención; “el proceso de descargo ya había terminado”, recordó Chiri. 

Fue así que el Sernap, a través de Chiri y el equipo jurídico, planteó que a las AP no se les puede exigir que cumplan una FES como cualquier otro terreno.
“El tema de fondo es que las AP tienen una función constitucional distinta, un rol ambiental. Este criterio debe usarse para cualquier emprendimiento que quiera afectar a las AP. Y fue entonces cuando la sentencia agroambiental salió favorable a la EBB y al Sernap.

De los tres votos de la instancia agroambiental, hubo uno disidente, de una magistrada cuyo nombre no figura en la sentencia. Los dos votos a favor de la EBB fueron de la entonces magistrada de la Sala Primera, Ángela Sánchez Panozo, y Rufo N. Vásquez Mercado, magistrado de la Sala Segunda.

En la sentencia se aborda específicamente la mala valoración en el cumplimiento de la FES y la no consideración del cumplimiento de la función de conservación, investigación científica y turismo.
“Se advierte una ausencia de valoración integral respecto a la valoración de la FES, además de haber omitido referirse a la vocación ecológica del predio, extrañando que la autoridad administrativa no hubiera advertido esta situación”, dice la sentencia.

De acuerdo a Chiri, en resumen, todo esto surgió porque, según el INRA, el Sernap no tenía inscrito su derecho propietario y el área tampoco cumplía con la FES, por ello debía ser sujeto a un proceso de saneamiento, y por ende ser declarada tierra fiscal disponible para dotación a personas interesadas.

Tradición e indígenas

Las reseñas muestran que la EBB, que en total tiene más de 135 mil ha, inicialmente eran predios privados, que fueron transferidos en favor de The Nature Conservancy Bolivia TNV.

Luego, esta organización ambiental transfirió el territorio a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, en convenio de coadministración con el Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

Una vez creado el Sernap, en 1998, pasó a su tuición la EBB (creada en 1982), igual que todo lo referente a las áreas protegidas nacionales, “pero el Sernap nunca terminó el trámite formal, y por eso querían quitarle esos terrenos”, explicó Chiri.

También recomendó que, si bien la sentencia del Tribunal Agroambiental es de carácter vinculante, el Sernap debería continuar con los trámites que ordenen y legitimen, perfeccionen su derecho propietario. “Debería proceder a la inscripción”, aconsejó.

Según un funcionario del Sernap que pidió reservar su identidad, la sentencia es para que el INRA vuelva a hacer las pericias de campo, desde el comienzo, y valore que la FES en el predio El Porvenir “no eran vacas, sino investigación científica, ecoturismo, etc.”.
Asimismo, observó que en el Sernap, en vez de aprovechar y demandar al INRA por semejante error, “se hagan los opas”.

El funcionario lamentó que, a pesar de que el documento menciona a los indígenas movimas de Santa Ana, que debieron ayudar en este proceso, “más bien hubieran demandado el territorio para ellos. Todo mundo quería esa tierra, las 2.200 ha del Centro de Operaciones El Porvenir, de la EBB”, cuestionó a los originarios.

Desde la EBB informaron que la nación indígena T’simane (chimán) es la que tiene la mayor cantidad de población y comunidades dentro de toda la reserva, y que también hay una sobreposición del territorio indígena movima, además de la presencia de una comunidad campesina.

“Hay diferentes grupos que quieren entrar al Centro de Operaciones El Porvenir (EBB), entre ellos un grupo de ‘politiqueros’ denominado La Pesada, que por ser del partido oficialista pedían cambio de personal para meter a su gente y ser autorizados de ingresar a la EBB”, denunció otro funcionario, esta vez de la Reserva de Biósfera del Beni. 

Lamentó que incluso los T’simanes y comunarios de Totaizal tengan interés en el predio El Porvenir para criar ganado. “Se les explicó que una vez definida la situación legal, quizá bajo un tipo de convenio, se pueda establecer el manejo del predio con la comunidad, pero con la premisa de que son parte de la EBB”, dijo.

Rol ambiental

La EBB fue creada mediante Decreto Supremo 19191, el 5 de octubre de 1982, con el objetivo de protección de la flora, fauna y recursos hídricos, a través de investigaciones, identificación y catalogación de especies, es una de las áreas protegidas con mayor conocimiento sobre su diversidad. 

Hasta 2003 tenía registradas más de 100 especies de mamíferos, casi 500 tipos de aves, más de 40 especies de anfibios, casi 80 de reptiles, 240 de peces, y dos mil de plantas.
Los sistemas hídricos de protección de la Estación Biológica del Beni pertenecen a la subcuenca del Mamoré, que pertenece a la macrocuenca amazónica.

Los Sistemas Ecológicos Acuáticos (SEA) de Bolivia están conformados por unidades más pequeñas denominadas microcuencas, y la EBB cuenta con 12 de estas.

El río que alimenta la laguna Normandía (donde se ubica el fundo El Porvenir, o EBB) es el Mattos, que pasa por la zona de amortiguamiento externo del área protegida, declarada sitio Ramsar por la Unesco, por lo que toda la zona de amortiguamiento garantiza la conservación del río Mattos y los lagos y lagunas que forman parte de su cuenca.

La EBB, con su laguna Normandía, es determinante para asegurar un corredor de conservación de las especies.

Centro de Operaciones El Porvenir

El territorio mal saneado fue el Centro de Operaciones El Porvenir, de 2.200 ha, que es parte de la EBB, pero como una especie de apéndice de esta. Es parte del patrimonio del Estado, administrado por el Sernap.

Toda la EBB tiene más de 135 mil ha, y el predio que casi se dota, El Porvenir, es donde funcionaba el centro de operaciones, y también donde inició la Estación Biológica. Desde ahí se manejaba todo el tema logístico del área protegida.