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El departamento de Beni, el segundo con mayor número de casos positivos de coronavirus en el país con 1.576 positivos, se prepara para ingresar este lunes en un encapsulamiento que se prolongará hasta el viernes. 

Para ello, el Gobierno nacional ha desplegado toda una logística en medio de la molestia de los pobladores, que el jueves marcharon contra la medida por la falta de alimentos y los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo por la demora de las acciones.

Este sábado el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, señaló que serán 65 brigadas (integradas por 600 personas) las que recorrerán Trinidad para ir casa por casa a brindar atención médica y también llevar alimentos. "El objetivo es detectar a las personas clínicamente sospechosas de estar contagiadas con el virus y proceder de inmediato al aislamiento", explicó la autoridad.

Además, 600 militares y 200 policías también estarán controlando en las calles de Trinidad, al igual que los bomberos voluntarios y las 10 ambulancias que llegaron desde La Paz.

Luego de anunciarse la medida, el jueves en Trinidad hubo una marcha de protesta argumentando la falta de alimentos, situación que afecta principalmente las familias en los barrios alejados de la capital beniana. La gente se está muriendo en los barrios, por eso se ha decretado zona de desastre aquí, pero no han venido todavía a hacer mesas de diálogo”, dijo una mujer que participó de la movilización.

Por su parte, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, criticó al Gobierno y consideró que hubo demora en sus acciones. “Lamentablemente no se han asumido medidas adecuadas y oportunas para contrarrestar y prevenir la enfermedad, pues no cuenta con mínimas condiciones de salud para la atención de pacientes y menos un laboratorio con capacidad para la verificación de los casos sospechosos”, aseveró.

Núñez a su vez dijo este sábado que Beni cuentan con 11 nuevos respiradores instalados y que se entregaron más de 300 ítems y contratos para profesionales en salud, entre ellos intensivistas.

Entre las voces críticas también estuvo la del administrador de la Caja Nacional de Salud de Beni, Miguel Ángel Álvarez, quien señaló que recibía presiones del Gobierno para la habilitación de los domos y equipos instalados. “El Gobierno no puso ni un peso para esta infraestructura y equipos, es plata de los asegurados”, señaló, según la publicación del diario digital Gran Beni.