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31 personas perdieron la vida en conflictos sociales, por linchamientos y en recintos de detención policial, según detalla el informe sobre el Ejercicio de los Derechos Humanos presentado por la Defensoría del Pueblo.

Según el desglose de datos, 14 personas murieron en protestas, 10 por ajusticiamientos y siete al interior de recintos policiales. La falta de confianza en la justicia sería una agravante en todos los casos.  

"Los fallecimientos en conflictos sociales aumentaron en relación a la gestión pasada, sumando 14, tres sucedieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, el resto fue el resultado de conflictos entre particulares por avasallamientos y explotación minera", precisa el documento.

El organismo nacional registró hasta octubre de esta gestión 592 conflictos sociales: 140 se debieron a temas laborales y salariales; 120 a demandas por servicios y obras públicas; 64, a gobernabilidad, 46 a temas de medio ambiente y 35 fueron por límites.

Se produjeron 35 casos de linchamientos, en los que fallecieron 10 personas, identificadas en una revisión realizada por la institución defensorial a las publicaciones en medios de comunicación del país.

También se identificaron otros siete fallecimientos en los que estuvieron involucrados efectivos militares y policiales. En agosto se conoció de la violación y muerte de una estudiante premilitar por parte de sus instructores del Regimiento Ayacucho de Artillería acantonado en la población rural de Achacachi en La Paz.

De acuerdo al Informe, se produjeron un número mayor de muertes que involucran a uniformados, aunque estos corresponden a crímenes cometidos por miembros de las entidades en tanto individuos, y no pueden incluirse en el ámbito de estas instituciones.