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Achacollo ya pagó la fianza y apura trámites para salir
Personal de la Fiscalía está haciendo las verificaciones de la solvencia económica que presentó la exministra de Desarrollo Rural. Ya verificaron su casa en Montero
La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo apura los trámites legales para salir del penal de Miraflores por el caso de Fondo Indígena y retornar a su casa, en el municipio de Montero, en el departamento de Santa Cruz para cumplir el arresto domiciliario.
Según el defensor de la exministra de Tierras, Diego García, ya se hizo el depósito de la fianza de Bs 50.000 que ordenó la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, y la presentación de los tres garantes ya fue oficializada el viernes, por lo que desde el sábado personal del Ministerio Público está haciendo las verificaciones de los domicilios y la solvencia económica de las tres personas que figuran como garantes de la ex autoridad.
García prevé que Achacollo deje el penal en el transcurso de la semana y retorne a su domicilio, en Montero, y explicó que una vez que la ex autoridad estatal salga del penal deberá firmar el libro de asistencia ante el Ministerio Público de Santa Cruz las dos veces a la semana que exige la autoridad.
En Montero
La verificación del domicilio que declaró Achacollo ante la Fiscalía se hizo el sábado por representantes del Ministerio Público. Así lo confirmó la mujer que está al cuidado de la casa de la exministra que está ubicada en la calle Los Maticos, del barrio 27 de Agosto, de la comuna montereña. “El sábado vinieron a verificar la casa de doña Nemesia. Seguramente es para conocer la casa porque ella tendrá arresto domiciliario”, dijo la mujer, que evitó dar su identidad.
En el interior de la vivienda se observan dos autos, uno de color plomo y el otro rojo bajo un garaje con techo y en una esquina de la barda de la casa está colgada una bandera azul, color que identifica al partido gubernamental, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El caso del desfalco al Fondo Indígena se conoció el 14 de febrero de 2015, una vez que la Contraloría del Estado detectara al menos 153 obras que no fueron ejecutadas y eso causó un daño económico al Estado boliviano por al menos Bs 71 millones.
Por ese caso del desaparecido Fondo Indígena, el Ministerio Público también envió a la cárcel a la exdirigente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) Melva Hurtado, a la exministra de Justicia Julia Ramos y dirigentes campesinos y disidentes del MAS como Damián Condori, entre otros.
