Alcaldías rechazan asumir el bono a discapacitados

El presidente Evo Morales remitió ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría oficialista, un proyecto de ley para crear un bono de Bs 250 mensual para las personas con discapacidad grave y muy grave; además, garantiza espacios laborales en instituciones públicas y privadas. El proyecto sorprendió a los alcaldes, que protestaron por la imposición del Gobierno.

    Uno de los primeros en reclamar fue el burgomaestre de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, del opositor Sol.Bo. "Nosotros, los municipios y gobernaciones, administramos el 15% de los recursos del país y el Gobierno el 85% y ellos dicen no tener plata. Lamento que el Gobierno intente resolver estas demandas dirigidas a ellos con plata de los municipios. Es fácil hacer política con plata ajena", cuestionó Revilla.

El burgomaestre de la capital paceña señaló que esta disposición no fue negociada con las alcaldías, y lamentó que no haya un censo de personas con discapacidad para proyectar gastos. Anunció que este aspecto se debatirá en el Legislativo y se intentará cambiar la modalidad de financiamiento. 

    Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y alcalde de Potosí, William Cervantes (MAS), exigió al Legislativo un espacio para debatir otra forma de financiar el bono, a fin de evitar el gasto a los municipios. 
El Gobierno tomó la decisión ocho meses después del conflicto con las personas con discapacidad que se extendió por más de 100 días para exigir el pago de una renta mensual de Bs 500. El presidente Evo Morales se resistió a atenderlos en La Paz y el ministro de Economía, Luis Arce, afirmó que el pago del bono demandaría unos Bs 600 millones al año.

El reclamo
El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, planteó que si el Gobierno quiere que los municipios asuman esta responsabilidad "debe compensar" con fondos económicos para aquellos proyectos que serán afectados. Paz estima que en su municipio hay 6.000 personas con discapacidad que se beneficiarían del bono y eso demandará un presupuesto de Bs 8 millones.

Por su lado, el titular de la Asociación de Municipios Santa Cruz y alcalde masista de Cabezas, Rodolfo Vallejos, también expresó su preocupación porque deberán pagar el bono a pesar de que las arcas de los municipios se han visto mermadas por la baja de los ingresos del IDH y de las patentes petroleras.

 
En respuesta, el ministro Luis Arce, aseguró que los municipios cuentan con capacidad económica para pagar el bono a las personas con discapacidad, como planteó el Gobierno mediante su proyecto de ley.

El sector 
Tras el anuncio presidencial, Alberto Salazar, dirigente de las personas con discapacidad, pidió al Gobierno que los recursos del bono salgan del Tesoro General de la Nación y no de las alcaldías, como establece el anteproyecto de ley que remitió el presidente Morales a la Asamblea. Además recordó que en 2016 se movilizaron por una renta mensual de Bs 500. 
Desde Tarija, Marianela Garrido, también de las personas con discapacidad, se mostró complacida con el proyecto