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El ministro de Justicia, Héctor Arce, admitió que, de los alcaldes procesados por corrupción, la mayoría pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS). Aseguró que ese ministerio inició la investigación de esos casos sin importar que dichas autoridades sean del partido de Gobierno.

“Si nosotros como Gobierno nacional nos ha tocado intervenir y procesar, y en muchos casos encarcelar a alcaldes, por hecho de corrupción, la gran mayoría del Movimiento Al Socialismo, es una prueba concreta e irrefutable que nosotros actuamos -bajo el mandato del presidente Evo (Morales)- sin mirar quién está al frente”, aseguró la autoridad en conferencia de prensa.

De hecho, el martes, el alcalde de Ravelo, Germán Espada Saavedra, fue enviado al penal San Roque con detención preventiva tras hallarse indicios de la probabilidad de autoría en el delito de concusión, tras denuncia planteada por un empresario constructor. La autoridad potosina alegó ser un perseguido político por grupos de poder de su municipio.

Pero, el ministro Arce hizo la declaración a raíz de este caso, e informó que se detectó que Espada incurrió en varios actos de corrupción en la adjudicación de obras, por las cuales solicitaba el 10% del monto total. “Si daba la construcción de una obra de 500 mil bolivianos solicitaba 50 mil bolivianos”, remarcó Arce.

Sin embargo, no es el único caso, el 9 de mayo, la justicia determinó detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz para el burgomaestre de Achacachi, Edgar Ramos, acusado de malversación de fondos y otros delitos. El daño económico ocasionado por el munícipe ascendería a Bs 500.000 y se hallaron irregularidades en los proyectos de construcción de un hospital de segundo nivel, un centro de salud en la comunidad de Tahari y la rotonda de ese centro de salud.

Caso Patana

Un caso emblemático es el del exalcalde de El Alto, Edgar Patana, sentenciado a cuatro años de cárcel en San Pedro por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la adquisición de 33 vehículos para la comuna alteña.

Es arquitecto, y esos estudios le sirvieron para extender su poder en el penal. Según varios reclusos consultados por EL DEBER, midió, diseñó, proyectó y luego dirigió la construcción de un área que tiene al menos una decena de celdas que le rendían mucho dinero. Luego, las alquilaba y vendía amparado en su cargo como uno de los delegados del sector La Posta, que alberga a los reos más pudientes.

Esta situación se hizo evidente luego de que el exalcalde hizo gala de su poder cuando denunció por extorsión y montó una trampa contra el diputado opositor Amilcar Barral, enviándole desde el interior del penal un sobre con dinero que un mensajero llevó hasta la oficina del legislador. Cuando el funcionario entregó la encomienda fue sorprendido por la Policía que lo detuvo. Como consecuencia, Barral tiene detención domiciliaria. Patana, el 8 de junio fue trasladado a la cárcel de Patacamaya, población ubicada en el kilómetro 101 de la carretera que une La Paz y Oruro.

Héctor Arce y el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, informaron sobre los avances en otros casos de corrupción. En el caso de la intervención al municipio de Riberalta, Arce dijo que se destapó una red de corrupción que involucraba al exconcejal Wilmer Endara, quien fue detenido preventivamente.

También dijo que hay “serios indicios de responsabilidad penal en contra del alcalde Omar Núñez Vela que será puesto a disposición del juez cautelar en los próximos días”.

Finalmente, en el caso de Quillacollo, Arce explicó que el diputado Lucio Gómez está aprehendido por el delito de tráfico de influencias. “Dado que este diputado habría negociado con el exalcalde Mérida su retorno a funciones como alcalde municipal a través de una supuesta manipulación de jueces y otras autoridades”.

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