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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió el pedido de medidas cautelares presentado a favor de los nueve bolivianos detenidos en Chile, mientras que el ministro de Justicia boliviano, Héctor Arce, hizo llegar descargos a la Fiscalía en Iquique y aseguró que los tres delitos por los que se acusa a los siete aduaneros y dos militares no se cometieron.

El ministro Arce explicó que admitida la petición en la instancia de la OEA, Chile tiene 10 días de plazo para presentar descargos ante esa instancia internacional. El artículo 25 del reglamento de la CIDH establece que "antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora".

La autoridad explicó que se esperará el descargo de Chile ante la CIDH y confía en que "la comisión actúe en justicia".

El defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, complementó desde La Paz que la CIDH remitirá un fallo en 20 días, aproximadamente, sobre la situación de los nueve ciudadanos bolivianos. La respuesta “debe ser reparadora al derecho a la libertad que tienen los detenidos”.

Además, mencionó que Bolivia ha acreditado de manera sólida que los nueve ciudadanos cumplían funciones oficiales en el trabajo de lucha contra el contrabando en la frontera e indicó que no hay una línea trazada materialmente, sino una zona fronteriza. “Primero responde el Estado (de Chile) demandado y después existe el pronunciamiento de la CIDH, pero los tiempos son bastante relativos, podemos tener una expectativa de fallo de acá a unos 20 días aproximadamente o más”, señaló Tezanos Pinto.

Arce, en conferencia de prensa ante medios chilenos, señaló en Iquique que presentó al fiscal que investiga el caso de los nueve bolivianos detenidos en la frontera entre Chile y Bolivia, Hardi Torres, “abundante prueba que sustenta el hecho de que cada una de las operaciones, momento a momento, realizadas el 18 y 19 de marzo fueron constantemente reportadas vía telefónica a las autoridades y por otras vías a las autoridades de los manos militares y de los controles de la Aduana Nacional”, aseveró.  
 Señaló que los tres delitos (robo por intimidación, internación y porte ilegal de armas y contrabando) por los que se acusa a los bolivianos detenidos son “delitos fusibles”.

 Al referirse al robo, señaló que “esta figura está totalmente destinada a la protección de la propiedad. No hablamos de eso, es una mercancía ilegal que pretendía ser ingresada y que ingresó al territorio boliviano en la figura antijurídica de contrabando”. Subrayó que lógicamente, si su objetivo era robar, no se hubieran reportado a sus jefes a cada instante, “es simple lógica. Por la naturaleza de la mercancía y por este otro argumento, se comprueba que no hubo robo”.

Apuntó que se entiende contrabando como la internación ilegal de mercadería con fines económicos. “Se acusa a los bolivianos por supuestamente internar vehículos oficiales al territorio chileno. Esto es absurdo, se habla de vehículos del Estado y que en ningún caso venían a ser comercializados en Chile. Además, es un absurdo sostener que haya contrabando de Bolivia a Chile. En este país hay zonas francas hace muchos años, no existe esta figura, tan absurdo como sostener que hubiera narcotráfico de Europa hacia nuestro continente”, dijo.

En el caso de porte ilegal de armas, señaló que hay dos militares entre los detenidos y “ellos combatían un delito transnacional que mueve mafias, centenares de personas, hostiles y peligrosas que manejan armas. Tenían, pues, que estar armados, no se puede calificar eso como delito, por lo tanto está demostrado que no cometieron delito alguno”, insistió.

Arce admitió que se intentó tener una reunión con los fiscales del caso “Esperemos que en las próximas horas, el Gobierno boliviano pueda reunirse con los fiscales del caso. “Ese era un tema que debió resolverse en las instancias diplomáticas por responsabilidad y humanidad; no se debió llegar a instancias jurisdiccional. Quisiéramos saber de verdad, dónde está ese camión azul que generó todo este problema. ¿Qué hacía en un paso no autorizado con mercadería, ropa nueva?, ¿alguien se preguntó si este internaba a Bolivia mercancía de contrabando? Yo creo que a nadie le queda duda, queremos saber qué hace el Gobierno, si se imputó a alguien, si se hace alguna indagación, ¿no merece el Estado boliviano ayuda en esto?, ¿serán premiados por el Estado chileno? ¿Es tan fácil lanzar una acusación tan gruesa como hizo la presidenta?, esperamos que nos respondan”, desafió. 

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