Arce pugna ‘voto a voto’ aprobación del presupuesto; alcaldes presionan

El gobierno del presidente Luis Arce y su bancada pugnan “voto a voto” la validación del presupuesto reformulado del Estado que fue observado en la Cámara de Senadores. Será debatido este lunes en la Asamblea Legislativa, donde, además, se pondrá a prueba la gobernabilidad del Ejecutivo, ahora condicionada a la ruptura del MAS y el apoyo que pueda lograr entre los opositores.

Ante este escenario, alcaldes afines a la facción ‘arcista’ del MAS se movilizarán para demandar la validación de esta norma administrativa de la que dependen para pagar obras contratadas, sueldos y aguinaldos de este año. De hecho, el vicepresidente, David Choquehuanca, se reunió con autoridades ediles de Santa Cruz y Chuquisaca. Los ediles también se reunieron con el presidente Arce el 9 de noviembre, quien les explicó el alcance de las observaciones de la Cámara Alta. 

Un día después, Choquehuanca convocó al pleno de la Asamblea, pese a no tener el control del Senado, donde fue reelegido el ‘evista’ Andrónico Rodríguez. Allí se aceptó debatir un plan de trabajo planteado por la oposición antes de viabilizar la reelección de Rodríguez, uno de los más cercanos a Evo Morales, el expresidente que quiere volver al poder.

El presupuesto reformulado llegó al Legislativo el 17 de agosto. La norma fue aprobada en principio por Diputados, el 5 de octubre. Luego fue modificado y devuelto con observaciones por el Senado, el 25 de ese mes. Pero, en un tercer round, fue rechazado por la Cámara Baja cinco días después, al filo de la anterior legislatura y hoy la Asamblea deberá dirimir si es que se aplica o no el plan de gastos planteado por el gobierno de Arce para poder cerrar el año fiscal. El presupuesto 2024 aún no ha sido analizado.

Fuentes gubernamentales confirmaron a este medio que la coordinación del Ejecutivo con la Asamblea está dedicada a buscar “voto a voto” los apoyos para aprobar la esperada norma. Uno de los argumentos que se usa, según esta versión, es que dentro de este presupuesto, está contemplado el pago de sueldos y salarios a los empleados públicos, y en este caso específicamente, sobre diputados, senadores y el personal técnico que los acompaña. Otras voces de la oposición aseveraron, además, que asambleístas ‘arcistas’ los visitaron o llamaron en busca de apoyo y de “negociaciones personales”.

Hay 130 diputados y 36 senadores. Si van todos a la sesión, en total se requieren 84 votos para obtener la mayoría absoluta y lograr la aprobación del Presupuesto. Tras la reconfiguración de las directivas de las cámaras en el Legislativo, la facción del MAS que promueve el retorno de Evo Morales al poder, se hizo de la presidencia del Senado. En Diputados, Arce promovió una directiva próxima a su despacho para viabilizar las leyes favorables al cumplimiento de su plan de gobierno. Por eso, el potosino Israel Huaytari llegó a ese despacho.

En su discurso informe por tres años de Gobierno, el Presidente reconoció que la “parte más importante e imprescindible” de su plan “está en la estabilidad económica, social y política (con) la gobernabilidad tanto en las calles como en esta Asamblea Legislativa Plurinacional”, donde, sin embargo, ya no tiene el control.

Desglose

El presupuesto reformulado es de más de Bs 5.000 millones, de los cuales algo más del 70% serán destinados al Gobierno central. “Pero, además, estamos hablando de más de Bs 2.100 millones que están destinados al gasto corriente, específicamente a las partidas 100 para sueldos y salarios para el personal permanente, y la 200, sueldos y salarios a personal eventual, que son quienes hacen consultoría. Además, la 300 es para servicios, celulares, gasolina, es decir, gasto corriente”, explicó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, quien formó parte de la comisión de Planificación que revisó la propuesta enviada por el Ministerio de Economía para su tratamiento.

Hedilberto Cuéllar, alcalde del municipio de El Torno y presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), señaló que Santa Cruz debe recibir unos Bs 218 millones por concepto de montos adicionales y recordó que en la región hay “un estado de emergencia” hasta que se aprueben estas asignaciones.

Incluso, el alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández, anunció que se sumaría a una movilización promovida por Amdecruz, que coordinó una movilización en La Paz, precisamente, a partir de este lunes. “Protestaremos especialmente contra aquellos asambleístas que por divisiones y cuestiones políticas, no técnicas dilataron este proceso, se olvidaron que la emergencia y el desastre no tienen color”, señaló el vicepresidente de Amdecruz Pedro Damián Dorado, también alcalde de San Miguel de Velasco.

Esta autoridad edil señaló que ese sistema asociativo cruceño está movilizado y declarado en emergencia. “La aprobación depende de los votos, hay un grupo de diputados y senadores que no permite que se acumulen los votos para lograr la mayoría para que la norma se apruebe con pretextos de toda índole. No entienden que con su acción sufren, no las autoridades sino los pobladores de cada municipio”, dijo el vicepresidente de Amdecruz.

“El año pasado a estas alturas ya estábamos ejecutando obras con ese dinero. Si el lunes (hoy) esto no se aprueba, no podremos usar el dinero hasta el próximo año, cuando empiece la nueva gestión. Quiero decirle que esto nos perjudica mucho”, afirmó.

Detalló que ese dinero servirá para el pago de salarios y del aguinaldos. “Debo reconocer incluso que hay muchos gobiernos municipales que están endeudados ‘hasta el coto’ y ya deben de tres a cuatro meses de sueldos a sus trabajadores por falta de recursos”.

En San Miguel de Velasco, reveló su alcalde y dirigente de Amdecruz, “tenemos un presupuesto que nos asigna cada año el Tesoro General de la Nación (TGN) de Bs 10 millones. Sin embargo, nuestra deuda pasa de los Bs 30 millones”.

A eso se suma el hecho de que “los recursos que vengan los utilizaremos para atender la emergencia de la sequía y los desastres que sufrimos. Ahora requerimos medicinas”, manifestó.

En un retrato similar, el burgomaestre de San Ramón, Germán Sánchez, indicó, en una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER Radio, que esperan recibir Bs 1 millón para fortalecer “la gestión en temas ambientales como la sequía, incendios forestales, pero también hay grandes necesidades en salud y educación”, explicó. “Les pedimos a los asambleístas que aprueben de una vez, no es para el presidente Arce, no es para nosotros, como alcaldes, sino para la población”, señaló el alcalde con respecto al presupuesto nacional.

“Nuestro presupuesto anual incluye también el pago de salarios. Por ejemplo, acabamos de inaugurar nuestro centro de salud y necesitamos más profesionales en salud. De hecho, ya están trabajando, pero no contamos con recursos para pagarles”, afirmó.

Sánchez explicó el viernes que esta ley, por ejemplo, permitirá “liberar los recursos propios”, de manera que estén inscritos formalmente en el plan de gastos. Este procedimiento sucederá con los 337 municipios del país.
El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, Orlando Saucedo, señaló que ellos no fueron convocados por el vicepresidente y lamentó que no exista coordinación para reclamar los recursos al Gobierno central, a pesar de la emergencia que enfrenta el país.

“No nos han comunicado. Son reuniones para hacer show, porque a la hora, de la verdad, el Estado central ya no tiene recursos y está raspando la olla de donde puede y hace recortes, nos quita esos recursos”, señaló la autoridad. Saucedo dijo que es vital “que se mantenga el diálogo entre las instituciones de Santa Cruz para que las voces sean escuchadas por el Gobierno central”.

Escenario

Ante la presión ejercida por ‘arcismo’, Andrónico Rodríguez anticipó que existe “la obligación” de aprobar las leyes, pero éstas no serán validados sin que sean revisadas de mamera “exhaustiva”.

En el Senado, se rechazaron las siete disposiciones adicionales del presupesto porque ‘evistas’ y la oposición consideraron que eran artículos que nada tenían que ver con un presupuesto, y metían “de contrabando”, aspectos de leyes que fueron retiradas por presión social. Tal es el caso de una disposición sobre denuncias de lavado de activos.