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El Gobierno transitorio de Bolivia consultará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) si quienes tienen ese estatus pueden hacer declaraciones políticas o participar en actos de esa naturaleza, por el caso de Evo Morales, que tramita refugio en Argentina.

En declaraciones a los medios en La Paz, la canciller interina, Karen Longaric, anunció este jueves que se consultará al ACNUR “si está permitido que los refugiados emitan opiniones de carácter político o realicen actos políticos que pongan en peligro la estabilidad del país que los persigue”.

“Esa es una consulta de carácter jurídico internacional que es el paso que debemos seguir y esperaremos que el Alto Comisionado responda sobre el particular y después de ello hacer la queja formal ante el Gobierno de Argentina”, agregó Longaric.

Evo Morales se encuentra en Argentina desde la semana pasada procedente de México, a donde llegó como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre.

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, tras publicarse esa misma jornada un informe previo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que advertía de “graves irregulares” en las elecciones del 20 de octubre en las que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

El informe final de la OEA estableció una “manipulación dolosa” en las elecciones, ahora anuladas por una ley de urgencia que prevé nuevos comicios a comienzos de 2020, aún sin fecha.

Morales, que ha pedido ser acogido como refugiado en Argentina, ha mantenido en los últimos días una intensa agenda de reuniones con dirigentes políticos de ese país y de Bolivia y concedió entrevistas a algunos medios de comunicación de ese país, además de mantenerse muy activo en las redes sociales.

El Gobierno argentino inicialmente le pidió que no haga declaraciones políticas, pero el domingo el jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, aclaró que esa es solo una condición para quienes piden asilo y no para los que solicitan refugio.

La Fiscalía boliviana emitió el miércoles una orden de aprehensión contra el exmandatario boliviano por los supuestos delitos de “terrorismo” y “sedición” que, para Morales, es “injusta, ilegal e inconstitucional”.