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El Procurador General del Estado, Héctor Arce Zaconeta, informó este miércoles que se dejó en claro ante la Organización de Estados Americanos (OEA), seis puntos fundamentales que son la base para que Bolivia demande la recuperación de su soberanía sobre las aguas del Silala.

"Celebramos que Chile acepte las normas del Derecho Internacional, la jurisdicción de los tribunales internacionales y acepte solucionar las controversias en este ámbito", dijo a Patria Nueva desde la República Dominicana, sede de la celebración de la 46º Asamblea de la OEA.

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Arce explicó que siempre fueron aguas bolivianas: La Concesión de 1908. El 20 de julio de 1908 se presentó a la Prefectura del Departamento de Potosí una solicitud de concesión de aguas para la alimentación de locomotoras. De esta forma, el Prefecto del departamento de Potosí entregó esta concesión mediante Escritura Pública No. 48 del 28 de octubre de 1908.

Los estudios especializados, indicó, determinaron que se trata de aguas subterráneas inmovilizadas en el territorio boliviano. Además no existe un flujo natural de las aguas hacia Chile, el único flujo existente es el producido por canales construidos gracias a un trabajo de ingeniería.

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El Procurador señaló que el uso y explotación de estas aguas es exclusivamente de Bolivia, porque no forman parte de un sistema hidrológico compartido, sino son reservas de agua no renovables que se encuentran ubicadas exclusivamente en territorio nacional.

Instó a Chile a reconocer el uso gratuito de nuestras aguas durante más de 100 años. Chile tiene una deuda económica de millones de dólares con Bolivia. Precisó que por el principio de la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, Bolivia tiene derecho exclusivo sobre sus recursos hídricos nacionales, pudiendo usar, gozar y explotarlos libremente.

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Finalmente, detalló que Bolivia siempre trabaja con la máxima responsabilidad para afrontar los temas de carácter jurídico y que este esquema se mantendrá en adelante: “Nosotros no vamos a aventurarnos a presentar acciones sin razonarlas, sin estudiarlas, sin trabajarlas, sin contar con expertos internacionales tanto en materia jurídica como en materia científica”, concluyó Héctor Arce.