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El director del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Antonio Pardo, fue aprehendido el jueves luego de prestar una declaración ampliatoria. Ayer se realizó su audiencia cautelar y la jueza Melina Lima falló por la detención domiciliaria sin salida laboral y con asistencia semanal a la Fiscalía, informó el fiscal Marco Antonio Rodríguez. La misma autoridad explicó que se inició el proceso para activar el sello azul contra el responsable de la empresa Neotec, Marcel Guzmán de Rojas.

“Antonio Pardo ha prestado su declaración ayer (jueves), él ya tenía orden de aprehensión y se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión, obviamente se está tomando una determinación con relación a su participación en los hechos”, dijo el fiscal sobre la situación del director del Sereci, que fue el primero en presentarse a declarar.

Los delitos por los que fue aprehendido son: falsificación de documentos, uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, que son las mismas acusaciones que pesan contra todos los detenidos hasta el momento.

El alto funcionario se suma a los vocales electorales Antonio Costas, María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Lucy Cruz y Édgar Gonzales, así como al exdirector de Sistemas del TSE Windsor Saire, que guardan detención en distintos penales del país.

De igual modo, el fiscal explicó que luego de las declaraciones y del informe final de la OEA, la situación legal de la empresa Neotec y su responsable, Marcel Guzmán de Rojas, cambió porque ya no es testigo sino sindicado.

“Él declaró solo en la vía informativa, él tiene que presentarse a prestar su declaración en calidad de sindicado, con abogado y con las formalidades que la ley establece. Ha cambiado su situación”, refirió el fiscal.

El fraude electoral

Según el fiscal, las declaraciones complementarias que prestaron el exjefe de la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación (Dntic) Windsor Saire y Antonio Pardo fueron reveladoras porque de ese modo se pudo confirmar la tesis original del Ministerio Público, de que hubo fraude electoral.

“Ambos refieren fundamentalmente la existencia del hecho mismo, que hubo fraude; segundo, refieren la participación de otros sujetos, fundamentalmente el administrador de Neotec, quien ha tenido una participación activa en relación al cómputo de los votos”, indicó cuando se le consultó el aporte de ambas declaraciones.

Windsor Saire había pedido a la Fiscalía protección para revelar datos que supuestamente son reservados. Su abogado, Erick Rollano, afirmó que su cliente firmó un documento de confidencialidad de datos, pero que, debido al problema y la disposición de su cliente, estaba dispuesto a revelar esos datos a cambio de protección.

Las claves

Tanto Saire como el director del Sereci se convierten en testigos claves de todos los hechos porque fueron partícipes de la parte operativa de las elecciones. En el caso de Antonio Pardo, él estaba a cargo de dos equipos, uno de 7.000 funcionarios que fueron a las mesas de votación y mandaron fotos de las actas a través de una aplicación desarrollada por Neotec.

Asimismo comandaba el equipo de 350 personas en instalaciones del Sereci en su edificio, en pleno Prado paceño. Ellos recibían las fotos, realizaban los cuadros y los enviaban a otro servidor para su publicación en el TREP. El Sereci operó el TREP y fueron los que paralizaron su publicación, pero porque la vocal Lucy Cruz ordenó esa suspensión.

Incluso, Antonio Pardo se negó a suspender y por eso anularon, primero, el servicio de internet; pero ellos habían tomado esa previsión y tenían una empresa alterna que siguió prestando el servicio; por esa razón Cruz ordenó a Wilson Rodríguez quitar la energía eléctrica, que terminó de derrumbar al TREP.

Saire, por su parte, dirigió el Dntic, que era la unidad encargada de los pasos que daba Neotec en la infraestructura del TSE en la zona de San Jorge, conexiones, equipos, bases de datos, suministro de internet y energía eléctrica. Recibió la orden de paralizar el TREP; Saire era hombre de confianza de la expresidenta María Eugenia Choque, pero trabajó desde 2006 en esa entidad.