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El que el ciudadano Carlos Peralta estuviera preso preventivamente durante 15 años y que se la pase en Palmasola injustificadamente durante casi toda una vida es señal de que las cosas en las cárceles del país están muy mal. Andan tan mal que el hacinamiento en los recintos penitenciarios del país supera el 200%, son escenarios de precariedad y, según testimonios, de vulneración de derechos humanos.

Varios de los frentes políticos que disputan la Presidencia de Bolivia han incluido en sus programas de Gobierno soluciones a dramas que sufren y que, como Carlos Peralta, han venido soportando en silencio hasta que una nota periodística que se publicó en EL DEBER denunció su realidad y las autoridades se movieron para que consiga la libertad y se inicie la búsqueda de los responsables pro este caso.

El candidato por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, anunció que en su plan de Gobierno, en caso de ganar las elecciones presidenciales, las cárceles serán concesionadas y el Estado bloqueará la señal de celular de estas áreas para detener el mando delincuencial desde los presidios, que promoverá la armonía entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, se aplicará el sistema judicial restaurativo, no punitivo y que las víctimas de delitos y crímenes serán resarcidas y el Estado las acompañará psicológica y socialmente.

El MAS, que repostula al presidente Evo Morales, admite que la principal dificultad que atraviesan los centros penitenciarios del país tiene que ver con los elevados índices de hacinamiento, generados en su mayoría por las altas tasas de detenidos preventivos (aquellos que no cuentan con sentencia ejecutoriada), y que hasta noviembre de 2017 existían 17.946 personas recluidas en las cárceles del país, que de este total, solamente el 30% tenían sentencia condenatoria y el restante 70% se encontraban con detención preventiva.

Ante esta realidad, el programa de gobierno del MAS enfatiza en las cosas que “el gobierno nacional implementó”, hasta la fecha, como, por ejemplo: Emisión de decretos presidenciales de indulto y amnistía para reducir la cantidad de personas privadas de libertad en los centros penitenciarios. Entre 2006 y 2018 fueron indultadas 6.452 personas y la otorgación de asistencia técnica y jurídica a los ciudadanos privados de libertad, para promover la obtención de sentencias, entre otros temas.

Comunidad Ciudadana, que postula al expresidente Carlos Mesa, pone énfasis en que llevará a cabo una reforma de la justicia, que promoverá una profunda reforma institucional y ética en todos sus niveles, que garantizará el acceso a una justicia transparente, eficiente y oportuna a todos los ciudadanos.

“Cambiaremos la forma de designación y destitución de todas las autoridades de los órganos de garantía, rompiendo el monopolio absoluto que detenta la clase política en perjuicio de los ciudadanos, verdaderos usuarios y destinatarios de estos servicios públicos. 

Conforme el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, impulsaremos la aprobación de una propuesta de reestructuración del sistema de administración y procuración de justicia, que modifique la composición y forma de selección y designación de las autoridades de los órganos de justicia, incluyendo la eliminación del sistema de elección por voto y un régimen de transición y remoción de autoridades”, detalla el plan de gobierno de Comunidad Ciudadana”.

El MNR, que postula a Virginio Lema como candidato a presidente de Bolivia, para resolver el problema de la retardación de justicia propone la simplificación y la aceleración de los procesos judiciales sirviéndose de las tecnologías de la información.

“Cuando las libertades individuales y la democracia se encuentran en peligro a causa de los intereses de algunos grupos familiares, no solo es necesaria una reforma judicial, sino una revolución en el sistema judicial, que tenga como principio inalienable su independencia del Poder Ejecutivo, y dotar al nuevo sistema de los mejores hombres y mujeres en la administración de justicia”, sostiene el plan del MNR que también propone “la eliminación de las elecciones judiciales, siendo estas un total fracaso, pues simplemente generó una mayor manipulación de la justicia, más corrupción y más retardación”.

El plan de gobierno del MNR, considerando el actual estado de cosas en la administración de justicia, contempla que la administración de justicia debe estar en manos de hombres notables y virtuosos apegados a la ley.

El Movimiento Tercer Sistema, que tiene a Félix Patzi como presidenciable, considera que el problema central de la justicia ordinaria, por lo menos en la práctica boliviana, es la corrupción económica y la retardación.

“Como se dice: nada se mueve sin dinero y amistad, para todos los operadores de la justicia. En ese sentido, se deja libres a los delincuentes, se castiga a los que no se deben, se dictan medidas cautelares sin fundamento y generalmente una decisión judicial depende del dinero, la amistad o la influencia política. Para superar este problema siempre se ha planteado aumentar años de pena o cárcel a la par de ejercer mayor control y castigo punitivo para los operadores de justicia, que solo llevó a politizar aún más la justicia. En ese sentido, la seguridad y la justicia solo están sometidas exclusivamente a la voluntad de fiscales y jueces.

 Solo el sistema jurídico comunal puede plantear este tipo de justicia. La reducción de la delincuencia no pasa simplemente por mayor equipamiento ni aumentando la cantidad de policías”, está escrito en el programa de gobierno de este partido político.

Bolivia dice No, que tiene como candidato a presidente a Óscar Ortiz, está decidido a actuar sin demora en restablecer la seguridad ciudadana en todo el país. Considera que las fuentes principales de inseguridad son conocidas: el narcotráfico, las organizaciones criminales, la captura delincuencial de la policía y la justicia, la incompetencia gubernamental.

El plan del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que tiene a Chi Hyun Chung como candidato a la presidencia, señala que la realidad penitenciaria es que existe un hacinamiento peligroso, donde a todo el que ingresa en calidad de detenido sufre cobros excesivos e indebidos por parte de los policías e internos del recinto penitenciario. 

También lamenta que no se estarían cumpliendo los fines para los cuales se creó el sistema penitenciario, es decir la readaptación social de los privados de libertad.