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"Si las autoridades de Chile tienen valores deberían preguntar a La Haya a quién pertenece los manantiales del Silala", escribió en su cuenta en Twitter el presidente Evo Morales. Ahora se reúne con parte del equipo nacional encargado de la defensa de esas aguas.

La respuesta inicial de la autoridad surge ante el anuncio del Gobierno de Michelle Bachelet, que esta jornada oficializó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para establecer técnicamente si el caudal es un río internacional o un manantial natural.

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El Ministerio de Defensa explicó después que "las aguas del Silala son bofedales que se encuentran exclusivamente en territorio boliviano", acompañando el mensaje de una infografía que gráfica la ubicación de de la vertiente. 

Imagen compartida por el Gobierno:,

Gráfica del Ministerio de Defensa sobre el Silala.
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El Canciller David Choquehuanca, en entrevista con EL DEBER, reveló la existencia de un acuerdo, en el cual se disponía "ir al lugar con el acompañamiento de expertos internacionales y organismos internacionales, y el acuerdo dice ‘en qué medida ha influenciado el caudal del agua las obras civiles realizadas’, este es un acuerdo firmado entre Chile y Bolivia".

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Ambos países negociaron entre 2009 y 2010 un acuerdo para que las empresas del norte del vecino país pagaran por el uso de las aguas del Silala, en tanto se aclaraba si son manantiales o un río. La dirigencia cívica de Potosí exigió una parte de los beneficios y se truncó la firma.

El 23 de marzo pasado, el presidente instruyó a Diremar "estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales competentes". El argumento es su uso "ilícito y abusivo" por más de 100 años.

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Bolivia también encara una demanda, misma que se estimó estaría lista en dos años. Sus pilares son: Chile pidió permiso y concesión para usar las aguas; el segundo, que las aguas nacen y mueren en Potosí; el tercer argumento es el desvío del recurso. Un cuarto eje es el derecho del uso de las aguas, un quinto argumento es la deuda histórica que Santiago se negó a pagar y, por último, las normas.

Los registros históricos del país indican que en la década de 1960, este cauce fue orientado artificialmente mediante canalizaciones realizadas por chilenos con el objetivo de abastecer a las locomotoras del ferrocarril Arica-Oruro.