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La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia emitió ayer un comunicado en el que expresa su preocupación por “el excesivo tiempo” que el abogado León estuvo detenido sin que se definiera su situación jurídica por parte de un juez cautelar, tal como la ley dispone.
El comunicado recuerda cómo los jueces de La Paz, El Alto y Oruro se excusaron o solicitaron licencia, situación que demoró el trámite de las audiencias previstas. “En este sentido, la oficina recomienda al Consejo de la Magistratura estudiar este caso en el contexto de la normativa vigente y proponer correctivos para que estas situaciones no se repitan en el futuro”.

Asimismo, la oficina también expresó su preocupación por que la orden judicial, emitida el 26 de mayo que dispuso el arresto domiciliario para el abogado León, no fue acatada, como tampoco se cumplió la orden judicial para procurar la custodia policial con el fin de vigilar dicha medida cautelar, alargando arbitrariamente la permanencia del abogado en celdas judiciales.

El alto comisionado de la ONU considera que la aprehensión de un abogado en los casos relacionados con la representación de sus clientes, es una medida gravosa que debe estar sustentada en una investigación que arroje elementos objetivos y serios de convicción sobre la existencia de los delitos y la participación del abogado en los mismos.

Estado de salud
La salud del abogado Eduardo León empeoró. El exdefensor de Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, fue diagnosticado con insuficiencia renal aguda en el Instituto de Gastroenterología, donde se encuentra internado desde el miércoles, aunque las autoridades judiciales desestimaron el examen médico y llevaron adelante una audiencia que definió su reclusión en San Pedro.
Graciela Mendoza, esposa de León, anunció una querella penal en contra del Instituto de Investigaciones Forenses por señalar que su cónyuge gozaba de buena salud para justificar una audiencia y su posterior reclusión