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La Defensoría del Pueblo informó este miércoles que presentó denuncia formal contra la responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio de Sapahaqui, en La Paz, por presuntamente encubrir dos casos de violencia sexual.

Se trata de una funcionaria identificada como N.G.Z., quién habría incurrido en cinco delitos al no actuar según normativa, en el caso de una mujer con discapacidad auditiva que quedó embarazada tras ser víctima de una violación, y de su hija, una adolescente de 15 años, que habría sufrido abuso sexual por el mismo agresor de la madre.

La denuncia fue presentada ayer ante el Ministerio Público por la probable comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, encubrimiento, omisión de denuncia y desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y se solicitó el inicio de las investigaciones preliminares ante la afectación a la función pública y la vulneración de derechos de las víctimas.

Los datos indican que el 14 de agosto el padre de la víctima de violación presentó ante el SLIM una denuncia contra M.P.M.Q., por la agresión sexual de su hija, que presentaba siete semanas y un día de gestación, según informe médico. La responsable de la oficina municipal no consideró la situación y recién cinco días después presentó la denuncia del hecho de violación ante el Ministerio Público y no informó a la víctima sobre la interrupción legal del embarazo que procede en casos de violación como establece la Sentencia Constitucional 206/2014.

La situación de la adolescente se conoció durante la intervención que desarrolló la delegación defensorial. En presencia de su abuelo indicó que el presunto agresor de su madre le había hecho toques impúdicos y que incluso, le habría ofrecido 200 bolivianos para mantener relaciones sexuales. 

Estos extremos, según se evidenció, no fueron considerados por la responsable del SLIM-DNA, quien no solo no informó sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, sino que tampoco proporcionó asistencia integral a las presuntas víctimas ni denunció el probable abuso sexual contra una adolescente.

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