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Un informe del Poder Judicial de Brasil, firmado en diciembre de 2018 por el juez Diego Paes Moreira refiere que el caso “Operación Castillo de Arena” fue declarado ilegal por la forma cómo fueron obtenidos los datos para esa investigación. El abogado Ramiro Vega, que patrocina al exministro de Obras Públicas Carlos Morales Landívar hizo conocer ese documento.

“Se pudo acudir al Tribunal Federal y preguntar si ellos han proporcionado ese informe, si las autoridades brasileñas están autorizadas para usarlo y nos respondieron que no, porque ese informe de la investigación fue declarada ilegal; luego preguntamos si las autoridades bolivianas, de alguna entidad del Estado, solicitaron una copia de ese informe sobre ‘Castillo de Arena’, y nos dicen que nadie lo puede usar porque esa documentación fue declarada ilícita”, dijo el abogado y afirmó que por esa razón presentaron un recurso directo de nulidad contra la Asamblea Legislativa Plurinacional por promover una investigación que no tiene base jurídica legal.

El recurso es contra los seis parlamentarios que integraron la comisión especial que investigó el caso y del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, porque el documento fue presentado en octubre del año pasado y hasta ahora ni siquiera pasó la etapa de admisión del Tribunal Constitucional, declaró el abogado.

La diputada Susana Rivero (MAS), que presidió la comisión informó que conocían de que las autoridades judiciales declararon ilegal la investigación de “Castillo de Arena”, por tanto, ellos tomaron ese caso como “referencial” y no como fuente principal de sus investigaciones. Recordó que el caso principal es Odebrecht, realizado en Estados Unidos.

Dijo que ellos respaldan sus investigaciones en todos los instrumentos legales que tiene el país, empezando por la Constitución Política del Estado, y sobre la investigación a personas privadas, dijo que se indaga cuando los actos de corrupción afectan al Estado, como es este caso.

El abogado Vega dijo que Perú, como Estado, sí recurrió a la Fiscalía brasileña que recibió en audiencia a una representante de esa entidad que entregó oficialmente y legalmente una copia de operación ‘Castillo de Arena”, donde están las anotaciones que involucran a exautoridades bolivianas en el pago de sobornos a cargo de las empresas Obedrecht y Camargo Correa, a través de empresas offshore.

Pero cuando Brasil declaró la ilegalidad de esa investigación, las mismas autoridades brasileñas pidieron la devolución de toda esa documentación y se cumplió de ese modo. “Por eso el caso Lava jato se paralizó en Perú, allá no hay ninguna investigación porque no hay una base legal” dijo el abogado de Carlos Morales.

Conociendo esos hechos, dijo que ellos pidieron, en octubre del pasado año una copia de toda la documentación que tenían y la comisión nunca envió nada y repitieron el pedido en tres oportunidades, todas sin éxito.

Dijo que su cliente no está prófugo y se encuentra viviendo en Argentina desde octubre del año pasado, un mes antes de que la Asamblea Legislativa derive sus conclusiones a la Fiscalía.

Los bancos

Asimismo, surgieron observaciones al caso de los dos detenidos del caso Obedrecht, Luis Humberto Landívar y Roberto Saavedra Rengifo, quienes guardan detención en el penal de Palmasola, las mismas surgieron durante la audiencia cautelar que se realizó el 21 de febrero.

De acuerdo con el acta de la sesión, la Fiscalía pidió la detención de Roberto Saavedra Rengifo pese a que este nunca fue servidor público ni su nombre figura en el informe conclusivo de la Asamblea. A través de su defensa, el acusado dijo que recibió el pago de una deuda con dos cheques de gerencia de un banco nacional y que él nunca pidió la certificación de dónde procedía ese dinero porque aceptó el pago.

Su defensa dijo entonces que se debería investigar a los bancos que emitieron los cheques de gerencia porque fueron estos entes los que aceptaron la transferencia de un dinero que provenía de un banco offshore.

Asimismo, se puso en evidencia la doble nacionalidad del acusado Roberto Saavedra, quien es nacido en El Salvador y por eso los fiscales creen que puede fugar, pero el acusado demostró que tiene arraigo natural porque es un empresario dedicado a la crianza y mejora de ganado vacuno en sus propiedades. Los defensores argumentaron que por esos días, precisamente, se debatía en el país la doble nacionalidad de las autoridades (el caso de la senadora Adriana Salvatierra) y que no se podía poner como un agravante ese aspecto cuando se condenaba ese en otros ámbitos.

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