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Un nuevo proceso se cierne sobre el alcalde paceño Luis Revilla. El concejal Jorge Silva (MAS) denunció que en la compra de un terreno aledaño al relleno sanitario de Alpacoma para construir otro depósito de basura, el burgomaestre habría cometido al menos tres delitos porque presuntamente utilizó documentos fraguados y adquirió un terreno en litigio.

El gobierno municipal respondió que la denuncia del opositor es falsa porque el único dueño tiene un respaldo contundente: el folio emitido por Derechos Reales.

El contrato se suscribió el 12 de junio de 2019. El terreno tiene una superficie de 18,75 hectáreas por un costo de Bs 5.875.500. Silva explicó que la propiedad fue declarada latifundio en 1952. Por eso fue revertida al Estado y dotada a 17 Comunarios.

Ellos activaron sus títulos civiles. Documentos a los que accedió EL DEBER refieren que Mariano Paco, el 10 de septiembre de 1883, recibió 1.262 hectáreas de terreno en la zona de Alpacoma, por adjudicación del Estado. Este título, según el denunciante y al ser anterior a la Reforma Agraria de 1952, debió ser presentado al proceso de afectación agraria para que se consoliden sus títulos, pero no lo hizo, ni él ni sus herederos.

En 2004, su nieto, Manuel Paco Huacani, inscribió su declaratoria de herederos y se habilitó como propietario.

El MAS lo considera un propietario ‘irregular’. Con este caso estamos en la antesala de la comisión de una falsedad material e ideológica, como uso de instrumento falsificado”, dijo. Los 17 propietarios han presentado documentos.

“¿Por qué la Dirección Jurídica no hizo las observaciones? Creo que hubo premeditación al enviar este documento al Concejo para acreditar el derecho propietario de la compra de los terrenos, cuando se conocía este problema”, dijo Silva.

La Alcaldía, en una respuesta escrita descarta la denuncia. “Como se sabe Derechos Reales es el registro público que da fe pública de las inscripciones de propiedad, si se admite un registro se presume la legalidad y legitimidad de este, lo que demuestra la fe pública ante todo el mundo”. Recalca que antes que la Alcaldía adquiriera el terreno, Achocalla, “emitió actos administrativos de carácter definitivo sobre ellos.

La transferencia se realizó en el marco de la legalidad” y que “cualquier cuestionamiento a esta matrícula debe ser resuelto en la vía judicial. Los transfirientes deben salir en saneamiento y evicción, según la Cláusula Décima Quinta de la Minuta de Contrato de Transferencia”, advierte.

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