Escucha esta nota aquí

Las 11 personas sindicadas de incitar a la violencia en el cierre de campaña del MAS, ocho en el Cambódromo y otras tres arrestadas por pedir la liberación y que habrían ocasionado destrozos en la Felcc, estuvieron ayer ante una jueza luego de cinco días, pues fueron aprehendidas entre la noche del martes y la jornada del miércoles de la semana pasada. 

En la audiencia, la jueza segunda de Instrucción en lo Penal, Lorena Áñez, determinó la detención preventiva de Miguel Ángel Villarroel, sindicado de agredir a un agente policial.

 Mientras tanto, los otros 10 aprehendidos fueron liberados bajo las medidas sustitutivas. Todos ellos fueron imputados por la fiscal Delmy Guzmán por cuatro delitos: instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, destrucción de bienes del Estado y lesiones graves y leves. 

Para los otros aprehendidos, Camila Alejandra R.L., Marioly G.R., Juan Martín D.F., Alexi G.J., Pedro Sebastián Q.R., Nils Jafet V.A. y Julio César R.P., además de Rodrigo U.L., Ernesto V.V. y Josué Fernando M.M., recibieron medidas sustitutivas a la detención, consistentes en arresto domiciliario de 18:30 a 8:00, arraigo, prohibición de concurrir a eventos políticos y prohibición de hacer manifestaciones en redes sociales. 

Como elementos probatorios, la fiscal presentó algunos artefactos que se utilizan para enfrentamientos con la Policía, como palos, escudos metálicos y otros, que fueron hallados en posesión de los detenidos por la Policía.

Detenidos en casa de BDN

De los 106 aprehendidos la ma- ñana del domingo en la casa de campaña de la agrupación Bolivia Dice No en la Villa Primero de Mayo, 95 fueron liberados ayer por la mañana, mientras que 11 fueron puestos a disposición de la jueza cautelar cuarta, Marianela Salazar, tras ser imputados por la supuesta comisión del delito de obstrucción de procesos electorales, establecido en el artículo 238 de la Ley de Régimen Electoral. 

La jueza ordenó la libertad irrestricta de los 11 imputados al no hallar elementos contra ellos. Luis Fernando Roca, abogado de los sindicados, manifestó que en defensa de los 11 jóvenes se desvirtuó que incurrieran en tal delito, puesto que en ningún momento intentaron imposibilitar el ejercicio del sufragio, sino que, como cualquier otra agrupación política, estaban organizados para asistir con alimentación a sus delegados.

 “El delito que se les imputó se refiere a hechos como impedir la impresión de papeletas, quema de ánforas, atentar contra el sistema informático de conteo y otros, pero nada de eso sucedió, porque lo único que estaban haciendo, como todos los partidos en sus casas de campaña, era organizar material y comida para los jefes de recintos electorales”, explicó Roca. 

Además, el jurista denunció abusos de la Policía, toda vez que ingresaron a una casa particular sin orden de allanamiento y sin presencia fiscal, aduciendo que en el lugar supuestamente se estaba vulnerando el Auto de Buen Gobierno. Roca también indicó que no se presentó ningún indicio de la supuesta denuncia de vecinos de que en el lugar se estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Por otra parte, cuestionó que la Policía haya presentado a los jóvenes como delincuentes vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.