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El presidente Evo Morales acudió al papa Francisco para solicitar que interceda en la liberación de los nueve funcionarios bolivianos detenidos en el penal de Alto Hospicio. El mandatario solicitó al prelado que envíe un delegado papal para que verifique la situación sobre derechos humanos de los connacionales. A su vez, el Gobierno de Chile negó la visa de ingreso a la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, tal como lo hizo el día anterior con el titular del Senado, José Alberto Gonzales.
Desde Valparaíso, la ministra vocera del Gobierno de Chile, Paula Narváez, dijo que la detención de los funcionarios bolivianos es un hecho de carácter policial, que está siendo visto en la justicia. “En Chile existe un Estado de derecho, por lo tanto existe separación de poderes. Ese es un tema que está llevando adelante la justicia”, recalcó.

Posición boliviana
En la carta enviada al jerarca de la Iglesia católica, el presidente asegura: “(Esta) situación continúa agravándose, debido a que en ocasión de la visita de familiares a los nueve detenidos, estos fueron sujetos a una revisión personal excesiva discriminatoria y abusiva, tanto en el puesto de control fronterizo en el Colchane, como en el ingreso al centro penitenciario de Alto Hospicio. Existiendo denuncias de malos tratos y discriminación por el uso de indumentaria indígena de nuestro país”, dijo Morales al papa, mediante una misiva. 

Líneas atrás, el mandatario solicitó a su santidad que envíe a un delegado papal para que verifique la situación sobre derechos humanos de los bolivianos recluidos en Chile, en resguardo de sus derechos humanos.

 La carta fue enviada ayer al Vaticano y tiene tres páginas. El presidente, en el texto, relata cómo fueron detenidos los funcionarios —dos militares y siete servidores de la Aduana— por carabineros chilenos. Además, remarca que los recluidos hacían una labor pública, que es la lucha contra el contrabando.
El 25 de mayo, en el juzgado de garantías de Pozo Almonte se llevará a cabo una audiencia que tiene la intención de solicitar la revisión de la medida cautelar, que en este caso es la detención preventiva. 
Los funcionarios, que cumplían labores de lucha contra el contrabando en territorio boliviano, fueron acusados por la Fiscalía de la localidad chilena de Pozo Almonte por los delitos  de robo, contrabando y portación ilegal de armas. 
En contrapartida, la ministra vocera del Gobierno de Chile pidió al presidente Evo Morales que sea riguroso “desde el punto de vista de conocer todos los hechos: los hechos provocados por estas personas y sus actuaciones, están reñidas con la ley”. Por su lado, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, se limitó a cuestionar la decisión de Bolivia de enviar a la frontera con Chile tropas militares de élite para controlar el contrabando.     

Más visas denegadas
Mientras, en La Paz, la decisión de recurrir al papa fue aplaudida por el aparato político del país. El presidente del Senado, José Gonzales, señaló que esta acción es parte de la campaña internacional y que tiene el objetivo de liberar a los nueve funcionarios.  

En medio del conflicto, el Gobierno de Chile decidió vetar el ingreso a su territorio a la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, quien el 4 de mayo había solicitado —mediante Cancillería— permiso para viajar a Iquique.

“La de Chile no es una actitud que afecte a dos personas, sino al primer órgano estatal. Se obstruye la labor de la Asamblea Legislativa”, señaló Montaño en rueda de prensa. 
Por su parte, el presidente Morales condenó la actitud de La Moneda y consideró que esta determinación afecta a la dignidad del país y de la región.

“No sé cuáles son los afanes de las autoridades de Chile para esta provocación y agresión. Hasta Estados Unidos nos da visa, menos Chile; a Estados Unidos cualquier periodista puede ingresar, pero a Chile no”, reprochó el jefe de Estado. 

La diputada Montaño es la cuarta autoridad boliviana que es impedida de ingresar al país vecino. El primer caso ocurrió el 28 de marzo, cuando la Cancillería chilena prohibió la entrada a Iquique al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, aduciendo que promovió un veto contra los productos chilenos. 

Un segundo se conoció el martes, cuando negaron la visa al presidente del Senado, José Gonzales, que debía viajar ayer a Chile junto con Montaño para visitar a los nueve funcionarios. Otro es el del inspector del Ejército, general Williams Kalimán, que debía viajar a Iquique para verificar la salud mental y física de los dos militares detenidos. 

La diputada supraestatal Flora Aguilar (MAS) adelantó que este caso se hará conocer en los parlamentos internacionales como una medida de protesta. “El Gobierno de Chile actúa así por venganza, saben que están mal en La Haya”, consideró.  

Culpan a Muñoz

Para Gonzales, el canciller Muñoz es el “ala más radical” de la Cancillería chilena respecto a  la relación con Bolivia y lo acusó de tener una visión “ortodoxa” hacia el pueblo boliviano. 
“Muñoz no le está haciendo bien a Chile, será difícil para ellos remontar este escenario que está generando la templanza tan intolerable como es la de Muñoz. No estamos yendo hoy a Chile porque nos tomamos el atrevimiento de ir a ver dónde desvían las aguas del Lauca; nos amenazaron tantas veces”, reprochó Gonzales. 

El presidente del Senado recordó que el ex canciller chileno Alfredo Moreno resolvió un caso similar con su par de entonces, David Choquehuanca. Ambas autoridades, mediante comunicación telefónica, resolvieron el paso de militares bolivianos a suelo chileno. Los efectivos fueron devueltos. 

El bloque de oposición se sumó al reclamo de oficialistas por la negativa de visas. El diputado Wilson Santamaría, jefe de bancada de UD en la Cámara Baja, cuestionó la actitud de La Moneda de negar visas a altas autoridades bolivianas. 

“Enviamos una carta a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para que este asunto sea resuelto de la forma más rápida por la vía diplomática. Ojalá se tome en cuenta esta visión que tiene la oposición de Bolivia y se actúe efectivamente”, detalló Santamaría. 

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