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Seis meses después de la caída del avión de LaMia, el 28 de noviembre de 2016 cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto colombiano de Río Negro con 77 ocupantes, uno de los procesados por el accidente, que se cobró la vida de 71 personas, ha solicitado a la justicia ser condenado por el delito de homicidio culposo.


Se trata de Gustavo Vargas Gamboa, quien fuera responsable gerencial de la aerolínea LaMia y que está detenido preventivamente en el penal de Palmasola desde diciembre del año pasado. 


A través de sus abogados, el 11 de abril de este año Vargas hizo llegar a la comisión de fiscales que investiga el hecho su propuesta de una salida alternativa, donde acepta declararse culpable de uno de los cuatro delitos por los que fue imputado. Vargas es sindicado de homicidio culposo, desastre en medios de transporte, lesiones gravísimas y lesiones culposas.


En el documento se declara culpable por homicidio culposo, pide ser condenado a dos años de prisión y que los otros tres delitos no sean considerados en su contra. Además, renuncia ir a un juicio oral.


Jerjes Justiniano, abogado de Vargas, explicó que la decisión de su defendido se debe principalmente a los problemas de salud que lo aquejan. “A él (Vargas) solo le funciona un riñón, tuvo tres infartos, tiene presión arterial alta y debe colocarse a diario insulina”, detalla el jurista y reitera, que ante este escenario sobre su salud, el exgerente de LaMia decidió declararse culpable.


“Él (Vargas) prefiere que lo condenen y salir de la cárcel para reponerse”, agregó Justiniano, que se lamentó que hasta ahora el Ministerio Público no le hubiera respondido la solicitud del abreviado.


El hijo de Vargas, Gustavo Vargas Villegas, preso también desde diciembre en el penal de San Pedro acusado por uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes, también analiza la posibilidad que plasmó en un documento su papá. 


Milton Andrade, abogado de Vargas Villegas, que trabajaba en la DGAC, desde donde firmó la aprobación para que el avión siniestrado de LaMia pueda operar, dijo que aún no han solicitado un abreviado, pero no descartó que esta acción esté lejana de ser considerada por su defendido, “ya que hace por lo menos dos meses que no hay actividad procesal del caso”.


Justiniano y Andrade coinciden en que las investigaciones por este caso, que comenzaron con bríos y una atención mediática nacional e internacional, se han visto paralizadas en los últimos meses.


Avance del proceso
EL DEBER intentó por cuatro días continuos hablar con el Ministerio Público en Santa Cruz, pero resultaron infructuosos los pedidos para conocer, de parte de ellos, el estado de las investigaciones del caso. 


A través del departamento de Relaciones Públicas de la Fiscalía se trató de conseguir alguna versión, pero no se obtuvo respuesta, aunque se pudo acceder a un documento del cuaderno investigativo que está en poder del juez Martín Camacho, donde los fiscales Olvis Égüez, Fanny Alfaro y Mabel Andrade piden la orden de captura internacional para Marco Antonio Rocha Venegas, socio de Miguel Quiroga Murakami, el piloto que falleció en el vuelo en LaMia, y para Celia Castedo, la funcionaria de Aasana que hizo cinco observaciones al vuelo del accidente antes de que salga desde Viru Viru y que está refugiada en Brasil.
Ambos fueron declarados rebeldes por la justicia y ahora se espera que Interpol logre su captura.


Quienes por el momento han decidido mantenerse al margen del proceso judicial son los familiares de Ovar Goytia, el copiloto que falleció en el accidente en Colombia, y de Sisy Arias, la joven piloto cruceña que viajó para sumar horas de vuelo en el viaje de LaMia. Estas familias solo miran a lo lejos los estrados judiciales, donde esta tragedia se discute.

Ximena activa denuncia
Carlos Subirana, abogado de Ximena Suárez, la azafata de LaMia que sobrevivió a la caída del avión, explicó que la joven no quiere tener contacto con los medios de comunicación, al menos por el momento. 


El jurista reveló que el proceso laboral contra la aerolínea sigue vigente y que se exige la indemnización laboral y los sueldos que le adeudan a ella.
Por otro lado, el funcionario aeroportuario que fue encarcelado por el caso en Palmasola, Jon Teodovich, hace poco logró obtener la detención domiciliaria. Jorge Cabrera, líder del sindicato de Aasana, dijo que ellos se mantienen en estado de emergencia a la espera del final de este proceso. 

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