Según Carlos Torrico, apuntará a errores de tipificación de delito y a que nunca mostraron un   peritaje del IDIF para demostrar que hubo asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas

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28 de mayo de 2017, 5:00 AM
28 de mayo de 2017, 5:00 AM

Pese a que un juez paceño ya la condenó a 10 años de prisión, el caso contra Gabriela Zapata está lejos de cerrarse. Carlos Torrico, su abogado defensor, prepara una apelación sobre la base de supuestos errores de argumentación de los delitos de los que se la acusa a la expareja del presidente Evo Morales, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas. Pero antes, el miércoles, deberá escuchar la sentencia completa contra su defendida. “Seguro que suspendieron la lectura del viernes para tratar de acomodar las cosas. Tendrán que reescribir el Código Penal para hacerlo”, acusa el abogado Torrico.


La madrugada del 23 de mayo, el tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz encontró culpable a Zapata de cinco delitos. Según el Ministerio de Justicia, Zapata manejó más de Bs 8 millones entre 2009 y 2015. Esa afirmación la sustenta en un estudio de la Unidad de Investigaciones Financieras. Sin embargo, ese es uno de los puntos de la apelación de Torrico. Según el defensor de la cochabambina, ese documento nunca fue presentado como prueba ni en la acusación formal ni durante el juicio.

Además, observa que se acusa a cuatro personas de asociación delictuosa, pero solamente a dos de legitimación de ganancias ilícitas, por lo que encuentra incoherencias en la acusación que a su criterio debieron ser tomadas en cuenta por el juez, que debió dejar en libertad a su acusada. Por eso, Torrico asegura que la sentencia contra Zapata no está en apego a la ley, sino que fue un hecho político, producto de presiones, aunque no se arriesgó a decir quién presionó.

Sin inspección  
Otro punto clave de la apelación será que el juez del caso no permitió a la defensa que se hiciera una inspección a la mansión que Gabriela Zapata había comprado a las descendientes del exministro Fortún. El inmueble de La Rinconada había sido nombrado como prueba de la acumulación indebida de activos, pero también era parte de las pruebas de Zapata para defenderse. Según Torrico, allí no solo vivía Zapata, sino que también funcionaban las oficinas de la CAMC, empresa china que llegó a tener contratos con el Estado por más de $us 500 millones y de la cual la expareja del presidente era gerenta. Asegura que allí hay documentación importante, pero el juez y el fiscal aseguraron que las llaves electrónicas del inmueble se habían perdido. 


Finalmente, hará notar el extravío de los libros de visita a  Gestión Social, oficina del Ministerio de la Presidencia que era usada por Zapata en sus reuniones. Asegura que el reporte que consta en el juicio es falso y oculta datos reales.