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Los abogados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el fiscal asignado al caso, Leopoldo Ramos, han revelado este martes que existen dos fugitivos y funcionarios infiltrados que trabajaron con el denominado "clan"

Durante la audiencia, la parte acusadora reveló que "fue una denuncia externa por estaba a una señora por 20.000 bolivianos la que inició con la investigación". Las indagaciones comenzaron oficialmente el 27 de agosto, según el presidente de la estatal, Carlos Villegas.

En otra de las explicaciones, la parte interesada sostuvo que "funcionarios infiltrados dieron información reservada al clan para que se adjudiquen los contratos sin problemas". El fiscal Leopoldo Ramos sostuvo que "se podría ampliar la causa a otros implicados que todavía trabajan en YPFB". 

El investigador reveló además que "existen dos fugitivos, la señora Ana Belén Camacho y Marco Antonio Arguedas". La Fiscalía teme que ambos hayan salido del país, debido a que contaban con un importante patrimonio producto de los hechos de corrupción. 

Sobre el traslado de Selva Camacho a la cárcel de Palamasola, Ramos explicó que "se vela por la menor, por eso solicitamos eso a la juez. Queremos evitar que la altura de La Paz afecte a la salud de la bebé", dijo en contacto con EL DEBER.

El fiscal también reveló que existe otra causa abierta contra Camacho, la misma data de 2013 en Santa Cruz y tiene que ver con un desfalco por la provisión de un servicio de catering. Se sostiene que el "clan" operó tanto en La Paz como en la capital cruceña. 

Desde la defensa de los imputados se denunció que "no existió orden de aprehensión hasta que se los trasladó de La Paz a Santa Cruz", según el abogado Ramiro Vega, que denunció además que se montaron pruebas en el caso. 

Incomunicados entre sí

Tras más de seis horas de audiencia, una juez anticorrupción de La Paz definió la detención preventiva de los cuatro imputados en el proceso, todos enviados a cárceles distintas con el afán de evitar que intenten perjudicar las investigaciones. 

Se decidió que Selva Camacho sea remitida a la cárcel de Palmasola; su hijo, Luis Alejandro Bell Camacho fue enviado a San Pedro; Ericka Rojas Rivera irá al centro de Orientación Femenina de Obrajes y Yadile Bravo Espinoza al de Miraflores, los tres últimos en La Paz.