Jubilados agotarán el diálogo con gobierno hasta la inclusión de reformas a la Ley de Pensiones
Las demandas abarcan desde la nivelación de las pensiones solidarias hasta la participación de los jubilados en el directorio de la Gestora Pública
La Confederación Nacional de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones (CONALJUSIP) mantiene el estado de emergencia hasta que el gobierno central acepte incorporar las modificaciones a la Ley de Pensiones 065.
La decisión sectorial fue asumida hace poco en un ampliado nacional que se realizó en Oruro.
El secretario de Prensa y Propaganda de CONALJUSIP, Asencio Cruz, confirmó a EL DEBER que se espera reanudar el diálogo con el gobierno para que atienda los cambios propuestos a la Ley de Pensiones.
"Por eso se mantiene el estado de emergencia", respondió el dirigente.
La audiencia con el ministro de Economía y Finanzas, el pasado 28 de abril, no logró un acercamiento de las posturas.
La secretaria de Asistencia Social de CONALJUSIP, María Teresa Torrico, advirtió que si el gobierno no considera las modificaciones a la Ley de Pensiones, el sector tendrá que salir a bloquear las carreteras más importantes en el país.
El diálogo propuesto con autoridades gubernamentales frenó la medida de presión, señaló Torrico. Por ello, mantienen la emergencia hasta ser escuchados por el ejecutivo.
El sector demanda la actualización anual de los límites solidarios para que la pensión total mínima sea igual al salario mínimo nacional (SMN). También incluye otros pedidos como la pensión de invalidez vitalicia para los jubilados de las leyes 1732 y 065, reforma de la Compensación de Cotizaciones Mensual (CCM) en coherencia con el costo de vida y de la canasta familiar, entre otros.
Cruz mencionó que en el caso de la CCM, el gobierno ofrece sólo 0,07628% de incremento ( Bs 0,76 para Bs 1.000) que se sumará al 1,48372% de actualización con la UFV ya aplicada desde enero.
"Quedan pendientes de solución otros puntos, como revisar la fórmula de cálculo de CCM y de la pensión de ahorro acumulado (80 años en vez de 110), la participación de los aportantes en la administración y fiscalización de la Gestora Pública, la jubilación universal con aporte cuatripartito y otros. En resumen falta revisar la Ley de Pensiones", reafirmó el dirigente.
