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“No está bien que a todos los pilotos benianos nos tengan como a ‘pichicateros’, ¿acaso solo en este departamento se han encontrado vuelos con cocaína?, esto no es justo”, afirma un piloto trinitario, sentado en un sillón trenzado (de aquellos que se estiran hasta casi llegar al piso en los días de intenso sol) a un costado de la pista del aeropuerto Jorge Henrich.

Pero no solo los pilotos en Beni están pasando por uno de sus peores momentos, también les llegó la mala hora a los juzgadores. Ambos sectores no logran salir del ojo de la tormenta, que los mantiene bajo sospecha de una alta vulnerabilidad frente a las posibles presiones de los narcotraficantes y a la constante posibilidad de terminar involucrados con los traficantes, que en la capital beniana (Trinidad) se sabe que existen, pero que nadie dice conocer por temor a represalias.

El piloto que lleva ya varios años al mando de su avioneta, una de los años 70, reniega y al mismo tiempo reflexiona por el mal momento que está viviendo su oficio. “Aquí estamos estigmatizados internacionalmente como narcos, con solicitudes y requerimientos de todos, de los policías, del Gobierno y de quienes nos tienen que vender el combustible; vivimos o, mejor dicho, bailamos al son que nos tocan y no podemos hablar, tenemos que bailar calladingos”, suspira el hombre, mientras conversa con EL DEBER bajo la promesa de no revelar su identidad.

Pero ese no es el único temor al que el piloto se refiere. “Hace algunos días un amigo, un hombre mayor, se dejó llevar por el momento y habló ante un par de camarógrafos lo que todos sabemos, que los narcos seducen a los pilotos jóvenes, que viajar a Perú llevando 300 kilos cocaína significa ganar hasta $us 50.000 y que a diario los narcos buscan gente que se anime a hacer eso. Al día siguiente dos tipos lo increparon y le dijeron que si volvía a hablar debía darse por muerto”, explicó nuestro interlocutor, piloto que el día de la intervención del Estado en los aeropuertos en Beni pasó la inspección sin problemas y asegura que, si bien hay colegas de oficio que están metidos en el ‘negocio’, “no somos todos, pero ahora todos estamos pagando por este mal momento”.

EL DEBER buscó una versión oficial de la Asociación de Pilotos Civiles de Beni, pero en los dos días de trabajo en Trinidad no se pudo encontrar a ningún representante que pueda dar su parecer sobre la intervención y las nuevas reglas del juego que el Gobierno les ha impuesto, como la obligatoriedad de instalar en sus naves un transmisor (valuado en cerca de $us 3.000) hasta el 5 de septiembre, fecha desde la que no podrá volar ninguna aeronave civil que no cuente con este dispositivo rastreador.

Justicia en la mira

Pero el ‘golpe de mesa’ del Estado en Beni, a través del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía General del Estado, no solo movió el piso de la aeronavegación civil, también retumbó en los pasillos de los juzgados.

A mediados de junio, después de desarticular el supuesto clan narco Candia-Castedo (donde se vieron involucradas exautoridades departamentales), el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, habló sobre un ‘rasgo de duda’ cuando se ejecutó la intervención en los aeropuertos benianos con jueces de La Paz, “para no perder la oportunidad de la sorpresa requerida para este tipo de operativos”.

A esto se sumó la investigación del caso Candia-Castedo, donde se involucraron fiscales de Santa Cruz y Beni en base a un caso de relevancia internacional, donde se arremetió en contra de la cabeza del Poder Judicial en Beni, el vocal y presidente de este órgano, Juan Carlos Candía, que junto a su colega Jerónimo Manú son acusados por prevaricato debido a que otorgaron medidas sustitutivas a la detención de una de las personas presuntamente implicadas en el caso del supuesto clan narco Candia-Castedo.

Pero esta crisis que comenzó a principios de julio, cuando los vocales terminaron presos y luego una audiencia les devolvió su libertad, aún se mantiene laten A mediados del mes pasado el Consejo de la Magistratura ordenó la destitución de los jueces José Pedro Cavalho y la jueza Ana Karina Flores, sindicados de favorecer con sus fallos a supuestos narcos que recuperaron sus bienes a través de sus sentencias.

Dito Raúl Gonzales Morales, representante departamental del Consejo de la Magistratura en Beni, confirmó la salida de estas autoridades judiciales y precisó que su despacho se ha constituido como parte en las causas que hay en contra de los ahora exjuzgadores de Beni.

Tanto Carvalho como Flores arrastraban denuncias por delitos penales y faltas administrativas. Por ejemplo, el juez tenía 20 causas penales y cinco disciplinarias, mientras que la jueza cuatro penales y seis administrativas.

Por si fuera poco, Carvalho fue recientemente envuelto en un caso de presunto favorecimiento a un litigante, ya que un audio lo compromete en este ilícito a través de una conversación con el magistrado por Beni, Carlos Alberto Egüez. Esta autoridad dice que el audio fue montado.

Sumado a estos dos juzgadores relevados de sus funciones por los procesos denunciados, el representante del Consejo de la Magistratura beniano apuntó que hay un tercer juez cesado en su trabajo, pero aclaró que su situación era ajena a posibles actos de corrupción vinculados al narcotráfico.

Roberto Ismael Nacif Suárez, hasta el domingo presidente de la Asociación de Magistrados de Beni, reconoció los problemas que se tienen en el órgano judicial de su departamento, pero apuntó que la solución está en sus manos, aunque aclaró que el descrédito y la desconfianza en la justicia es generalizado en el país, “no solo se puede decir esto de lo que pasa en Beni”, aseveró.

EL DEBER trató, por dos días, de obtener una versión sobre esta situación por parte del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, Juan Carlos Candia, pero fue imposible hablar con él y su encargada de Relaciones Públicas, Tesoro Castro, indicó en reiteradas oportunidades que estaba en audiencias o en reuniones.

Él aún debe demostrar que no es culpable del proceso por prevaricato que lo mantuvo preso en celdas policiales por algunas horas y que desde el Gobierno afirman seguirán hasta obtener un resultado favorable a la denuncia que impulsan.

La fiscal departamental de Beni, Nuria Gonzales, explicó que desde su institución se han participado en las acciones basados en la jerarquía y unidad que tiene la Fiscalía a escala nacional. Además, aclaró que en el caso del exjuez Carvalho ellos iniciaron de oficio el caso y precisó que respecto a las pesquisas del presunto clan Candia-Castedo, “luego de la declinatoria de competencia del caso desde

Santa Cruz, el caso por ausencia y por las excusas de algunos juzgadores en Trinidad, ahora ha radicado en San Ignacio y allí un fiscal especializado en materia de narcotráfico lo seguirá”.

Respecto al número de casos que se siguen contra los juzgadores por presuntos actos de prevaricato o incumplimientos de deberes, la fiscal no precisó una cifra, pero afirmó que hay investigaciones abiertas que seguirán su conducto regular.

“Si bien debemos reconocer que hay algún tipo de recelo cuando se inician estas acciones en el departamento, ese elemento no nos privará de la objetividad con la que tenemos que actuar”, apuntó la autoridad fiscal beniana, lamentó que se estigmatice en base a subjetividades a un departamento y señaló que se debe considerar como un elemento necesario la vulnerabilidad a las que están expuestos los investigadores de casos vinculados al narcotráfico, aunque aseveró que esto no quita la objetividad de sus fiscales.

 

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